A lo largo de los más de 120 días que transcurrieron desde que la Organización Mundial de la Salud denominara pandemia al COVID19 y que el presidente Alberto Fernández dispusiera el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) se ha debatido largamente acerca del rol de los medios de comunicación en la divulgación de información socialmente relevante que permita dotar de sentido a este acontecimiento disruptivo, a la vez que oriente decisiones y comportamientos para prevenir su propagación. En este contexto, ¿con qué herramientas cuenta la ciudadanía para exigir más y mejores medios y, en definitiva, para ejercer su derecho a la comunicación?
Aunque seriamente herida durante los últimos años, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) continúa siendo el principal instrumento normativo. No regula contenidos, pero la desconcentración de la propiedad, la incorporación de nuevos prestadores, el fortalecimiento de los medios públicos y la creación de organismos especializados, entre otras medidas, apuntaban a modelar un sistema de medios más robusto, diverso y democrático.
En este sentido, la abogada especialista en libertad de expresión Graciana Peñafort explica, en diálogo con Letra P, que una herramienta crucial para la ciudadanía es la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Sin hacer persecución ni judicializar temas, llama a los medios de comunicación a reflexionar sobre la información que transmiten, entendiendo que no solo son constructores de sentidos sino, también, duplicadores de mensajes”, explica.
Si bien el organismo permaneció acéfalo desde 2016, sus funciones fueron recortadas y se la intervino en 2018, recientemente se designó a la periodista Miriam Lewin como nueva defensora.
No corrieron la misma suerte otros organismos y aspectos medulares de la Ley Audiovisual desmantelados por el gobierno de Macri. Por medio de una serie de decretos y sin ningún tipo de debate público, la administración Cambiemos modificó todos los artículos que habían sido cuestionados por el Grupo Clarín y declarados constitucionales por la Corte. El argumento que respaldó tales cambios fue la necesidad de contar con una norma convergente que incluyera a los medios audiovisuales, a las telecomunicaciones y a las TIC. Sin embargo, el Gobierno no cumplió con el compromiso de elaborar un anteproyecto de ley integral para debatir públicamente. En cambio, aprobó la fusión Cablevisión-Telecom, que profundizó los excesivos niveles de concentración en el sector infocomunicacional.
Ciertamente, el gobierno de Macri relajó los límites sobre multiplicidad de licencias de radio y televisión y facilitó su transferencia entre prestadores privados. Además, eliminó restricciones para las operadoras de TV por cable (hasta entonces, principal negocio del Grupo Clarín en términos de facturación) y este pasó a ser considerado un ‘servicio TIC’ amparado en la Ley Argentina Digital, por lo que se encuentra exceptuado de la aplicación de las normas culturales específicas para el audiovisual.
El abogado Damián Loreti, profesor de la UBA experto en temas de libertad de expresión, alerta sobre las implicancias que esta modificación tiene para la funcionalidad de la Defensoría del Público, cuya labor en pos de los derechos de las audiencias alcanza únicamente a los servicios regulados por la LSCA.
De acuerdo con Peñafort, en el contexto actual resulta difícil restituir las disposiciones antimonopólicas de la LSCA, por una razón central: “Regular telecomunicaciones es una actividad muy delicada, porque es materia alcanzada por tratados internacionales a los que suscribió la Argentina”. En similar sentido, Loreti explica que “no hay que pensar la ley como un fetiche intocable, porque hay asuntos en los que el mejor derecho comparado ya avanzó”.
A fines de 2015 se creó un organismo unificado para regular el sector de la radio, la televisión, las telecomunicaciones y las TIC, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que reemplazó a las agencias preexistentes pero que, a diferencia de aquellas, depende política y orgánicamente del Poder Ejecutivo. Si bien subsistieron los medios estatales y los medios sin fines de lucro, en el primer caso sufrieron recortes presupuestarios, despidos masivos y una fuerte caída en los niveles de audiencia; mientras que, en el segundo, el Enacom dispuso diversos procedimientos de declaración de ilegalidad, clausura y decomiso y las partidas presupuestarias destinadas al sector fueron recortadas y subejecutadas.
Como sostiene Loreti, la LSCA sigue existiendo “pero la vaciaron de contenido: hay artículos que aplicar; hay cuestiones que hay que volver a regular, porque nos apartamos de estándares internacionales; y hay nuevas situaciones que considerar”. Resulta difícil imaginar un nuevo debate amplio, plural y profundo en torno de la regulación de las comunicaciones en el contexto de la pospandemia. Las urgencias impuestas por la agudización de la crisis económica y social y los avatares políticos que ello conllevará vaticinan una “nueva normalidad” adversa para una discusión pública que requiere tanto de voluntad política como de consenso social.
No obstante, parece imperioso y viable comenzar por atender a la necesidad de elaborar un digesto normativo que permita identificar “qué está vigente en términos jurídicos y ordenarlo”, según apunta Loreti. Asimismo, es preciso establecer una agenda de trabajo para revertir el déficit estructural de la Argentina en términos de diversidad y pluralismo en los medios, si lo que se busca es garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación para amplios sectores sociales.
