El transporte de pasajeros en ómnibus de larga distancia es uno de los servicios públicos más castigados por la cuarentena para impedir la diseminación del COVID-19. Con todos los vehículos parados desde fines de marzo y sin una fecha cierta de reanudación de la actividad, el sector enfrenta una crisis sin precedentes que amenaza con dejar en el camino a varias empresas y miles de empleos.
Carmelo Capozzi es el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la entidad más antigua del sector, que comparte la representatividad de las compañías de larga distancia con CELADI.
En medio de los problemas para pagar los sueldos de marzo y la escasa respuesta de los bancos a los pedidos de créditos blandos, el empresario analizó con Letra P los principales desafíos y cuáles podrían ser los paliativos para evitar el derrumbe de las empresas que emplean a 28.000 trabajadores en forma directa.
–¿Cómo estaban las empresas de larga distancia antes de que comenzara la pandemia del nuevo coronavirus?
–Atravesamos un período de dificultades económicas desde hace varios años. Después de un período de expansión entre 2002 y 2009, sufrimos un estancamiento hasta 2012, luego una caída leve hasta 2016 y otra más pronunciada entre ese año y 2019 por la competencia de las aerolíneas low cost, que cobraban tarifas por debajo de los costos. Por eso el sector venía reclamando desde hace varios años medidas económicas y laborales para regular la jornada laboral como en los países más desarrollados. El transporte de pasajeros de larga distancia tiene sus particularidades y no es un trabajo de escritorio o de fábrica. Los servicios se prestan las 24 horas del día y los 365 días del año, por lo que las regulaciones deberían contemplar una distribución no uniforme del trabajo, como en otros países.
–¿Cómo califica la actual situación del sector?
–Como muy difícil y preocupante, sobre todo porque no depende de nosotros. Estamos ante un escenario inédito. Nuestra fuente de ingresos son los pasajeros que transportamos prestando servicios diarios y, al estar totalmente paralizados, el sector afronta su mayor crisis histórica. En marzo dejamos de recaudar unos 3.000 millones de pesos, lo cual implicó una caída del 68% de los ingresos previstos, y para abril estimamos que podría llegar a los 4.500 millones si el transporte de larga distancia sigue detenido todo el mes. Si bien comprendemos la situación, hay que resolver cómo se reduce ese drenaje de dinero de las empresas ya que el desfasaje escapa a cualquier previsión empresaria.
–¿Qué pasó con el pago de los sueldos de marzo?
–La mayoría de las compañías no pudo completar la totalidad de los haberes. Más de la mitad de las empresas interurbanas de nuestra cámara han pagado entre el 50% y 70%.
–¿Y qué harán en abril, con los ómnibus parados?
–El Estado adoptó algunas medidas que cubrirían el 40% del salario, pero no todas las compañías están en condiciones de acceder a esa ayuda. Abril será el primer mes crítico con respecto a los salarios. Además de una ayuda estatal para sostener el servicio público, debería profundizarse una herramienta financiera para paliar la situación: créditos blandos, muy blandos, con varios meses de gracia. Si bien esta medida está anunciada, aún no está operativa para la mayoría de las empresas. Necesitamos que el Estado flexibilice el acceso a los mismos con mejores condiciones.
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–¿Cuáles son las principales medidas de ayuda solicitadas al Gobierno nacional?
–Asistencia para el pago de salarios y/o subsidios directos; exención de pago de las contribuciones de los empleadores por cargas sociales mientras dure la emergencia; otorgamiento de gasoil libre a precio promocional y la actualización de la compensación estatal por el traslado de las personas que viajan gratuitamente. Además, solicitamos la suspensión de embargos y de ejecuciones de multas de la CNRT y el Ministerio de Trabajo, la reducción de alquileres en terminales, la exención de peajes en rutas y el no cobro de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte. En el aspecto laboral se solicitaron algunas flexibilizaciones para bajar el costo, pero fundamentalmente se requiere la adopción de reglamentaciones adecuadas a la actividad y al mundo.
–¿Cuántas empresas hay actualmente en actividad y cuántas podrían quedar en el camino por la crisis y la suspensión de servicios?
–Hoy tenemos en actividad alrededor de 100 empresas y todas están golpeadas. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, esas siempre fueron las más afectadas por las crisis y las políticas de transporte adoptadas en cada oportunidad. Hoy tenemos un presidente (Alberto Fernández) que tomó medidas proteccionistas para estas empresas. Es fundamental seguir en esa línea y reforzarla, porque las pymes son las generadoras de empleo y de crecimiento para la economía del país. Consideramos que a todas las empresas deben recibir ayuda, pero el foco debe estar puesto en las más pequeñas.
"Hay 16.000 trabajadores directos en los servicios de larga distancia nacionales y unos 12.000 en los interurbanos provinciales. Por varios meses habrá tareas para menos del 50% de los trabajadores".
–¿Se corre el riesgo de una mayor concentración empresaria ante las dificultades que afrontan las compañías más pequeñas y medianas?
–Siempre existen riesgos de ese tipo, sobre todo emanados de regulaciones que permitan esas maniobras. Pero si se logra mantener la actividad en un marco de reglas claras, ese riesgo desaparece y hay espacio para todo tipo de empresas.
–¿Se podrán mantener los actuales puestos de trabajo o será inevitable un ajuste de personal si los servicios no se restablecen en su totalidad?
–Dependerá de la profundidad de la crisis, de las medidas que se adopten y de los acuerdos entre empresarios y trabajadores. Por varios meses habrá tareas para menos del 50% de los trabajadores. Todos deberemos hacer esfuerzos para afectar lo menos posible los empleos.
–¿Cuántos empleados hay hoy en día y cuántos podrían quedarse afuera del sector?
–Hay 16.000 trabajadores directos en los servicios de larga distancia nacionales y unos 12.000 en los interurbanos provinciales. Hay que buscar ideas creativas para tratar de sostener lo más posible el nivel de empleo. Ese es el gran desafío de los empresarios, los trabajadores y el Estado. También vamos a necesitar el apoyo de los proveedores, por ejemplo las empresas petroleras, que deberían duplicar el crédito en cuenta corriente de las empresas. También de los bancos que deberían facilitarnos acceso a créditos blandos.