En medio de la desorganización natural que agita la crisis sanitaria del coronavirus, en Santa Fe se cruzaron los intereses de autoridades municipales alertas que apelan a aislar localidades cortando accesos y toda la cadena agroindustrial que está exceptuada del decreto presidencial de cuarentena y requiere de libre circulación. El gobernador Omar Perotti no fue determinante de arranque en la cuestión, pero terminó garantizando la libre circulación para transportistas con advertencia de denuncia penal a los intendentes que corten rutas.
La decisión unilateral de los intendentes y presidentes comunales de más de 40 localidades santafesinas de restringir el transito complicó la tarea de camiones en los acopios de granos con destino a los puertos santafesinos, ubicados principalmente de la zona del Gran Rosario donde se concentra el polo aceitero y exportador.
"Una cosa es limitar el acceso a un pueblo y otra cosa es cortar una ruta. Aquellos que persisten en cortar una ruta, van a ser denunciados penalmente". Omar Perotti
Esto despertó la reacción de una amplia representación de entidades de peso del sector privado agropecuario entre cámaras de puertos privados, entidades rurales, acopiadores, bolsas de cereales, exportadores, aceiteros, avícolas, biocombustibles, feedlots, entre otros, que emprendieron con celeridad, como es habitual, las tratativas para desarmar las acciones de las autoridades municipales.
Primero hubo mimos a los camioneros al reconocerle la tarea en la delicada situación y mantenerlos de su lado. Luego fue el turno de tocar la puerta directamente de las autoridades de primera línea como al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, a quien le solicitaron que “arbitre los medios necesarios junto con los gobernadores para desalentar estas medidas municipales y ordenar el flujo de alimentos imprescindibles”.
Y advirtieron que los cierres de acceso a municipios pueden generar en los próximos días (más aun con el inicio de la cosecha gruesa del país) una parálisis de la comercialización de granos para la industria nacional de consumo así como para la exportación”.
Un día antes el ministerio había emitido un aviso oficial por el cual reclamaba a los municipios “facilitar la actividad a los transportistas”. Sin embargo, advierten, se están incrementando la cantidad de municipios que establecen sus propias regulaciones más allá de las normas establecidas a nivel nacional. En Santa Fe son al menos 40, pero se suman Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y Córdoba, totalizando unos 30 más.
Pero esta puja entre rebeldes preventivos y empresarios exceptuados deja entrever la falta de una línea ordenadora superior, más allá del decreto de la cuarentena y sus excepciones. El día lunes, el gobernador Omar Perotti, calificó como una señal positiva el cierre de sus localidades para minimizar el tránsito, aunque habló de ir "ajustando las actividades exceptuadas”.
Este miércoles, luego de las voces levantadas de parte de los fuertes actores de la cadena agroindustrial, Perotti afinó el discurso y equilibró las voluntades. “Ha sido una sugerencia que cada municipio genere acciones de retenes o limitando los ingresos” pero recordó que es el decreto presidencial “el que rige y está sobre cualquier instancia local”.
“Podemos tomar recaudos y garantizar el abastecimiento, si no se garantiza la circulación, a los que cuidamos no le estaríamos facilitando la mercadería”, finalizó. Vale aclarar que el gobierno instaló controles sanitarios en varios puntos de la provincia, y las terminales cerealeras también siguen un protocolo correspondiente.
Pero sobre el cierre del miércoles, el gobernador volvió a encarrilar el discurso en su conferencia sobre coronavirus, esta vez más duro: "Algunos (intendentes) se han extralimitado y queremos ser muy claros en esto: no se puede cortar una ruta. Una cosa es limitar el acceso a un pueblo y otra cosa es cortar una ruta. Aquellos que persisten en mantener cortada una ruta, van a ser denunciados penalmente. Porque el decreto autoriza la circulación de transporte de alimentos, insumos básicos medicinales y combustibles". Al cierre del miércoles desde las cámaras de puertos privados y exportadores se esperanzaron en que "en los próximas días se normalice".
El primer chispazo fue en la previa al decreto de cuarentena cuando el intendente de Timbúes, Amaro González, paralizó por unos días como medida preventiva al coronavirus la actividad agroexportadora en el corazón portuario de la región donde operan ACA, Cofco Internacional, Renova, Aceitera General Deheza y Louis Dreyfus. Finalmente, el decreto presidencial terminó dirimiendo el asunto.