Con varios objetivos en su haber, el empresario Daniel Paskvan, víctima de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, solicitó al gobierno encabezado por Axel Kicillof que la provincia de Buenos Aires se presente como querellante ante la justicia Federal de Azul donde se tramita un expediente caliente donde el Fiscal de Estado, Hernán Gómez, tuvo una labor que puede terminar en un escándalo internacional. La carta enviada al presidente Alberto Fernández.
La presentación fue realizada ante el Ministerio de Justicia bonaerense, a cargo de Julio Alak, para que, decreto de Kicillof mediante, el Estado bonaerense se convierta en querellante en la causa en trámite, que ya llegó hasta la cúspide de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde existe la posibilidad de una dura condena al Estado argentino.
Paskvan reclama hace 40 años por el establecimiento avícola que la dictadura cívico militar le arrebató a su padre. La pesadilla para la familia Paskvan comenzó el 16 de mayo de 1980, cuando los militares entraron a la fábrica de alimento para mascotas de la localidad bonaerense de Roque Pérez, propiedad de la familia Paskvan. Además tenían las acciones de la empresa Integraciones Avícolas Santafesinas S.A. en el Banco Torquinst, cuyos dueños se apropiaron de las empresas.
La víctima logró, en 1987, recuperar la empresa bonaerense San Roque SCA. Ni bien tomó el control, recibió pedidos de quiebra por deudas que habían generado los apropiadores. “En el caso de Roque Pérez y de Lobos, yo era socio solidario, entonces respondía con todos mis bienes. Los tipos compraban soja, hacían el alimento y lo pasaban a otra empresa. La endeudaban y yo tenía que pagar”, se destalla en la presentación ante la cartera de Justicia provincial.
A partir de la sentencia que reconoció la apropiación de su empresa, Paskvan decidió demandar a la provincia de Buenos Aires para recuperar el dinero perdido por los siete años de ocupación. En 2004, la Justicia le dio la razón. Pero el entonces fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, “siempre frenó todo”. Cansado de esto, en 2006, Paskvan recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esa denuncia hizo todo el recorrido; desde la CIDH, en 2018, le aconsejaron al Estado argentino llegar a una “solución amistosa”, pero el exministro de Justicia, Germán Garavano, no respondió en tiempo y forma. Ahora, esa corte internacional está en condiciones de dictar un veredicto, con grandes chances de una condena que deberá afrontar el Estado nacional.
Hernán Gómez, Fiscal de Estado bonaerense
Desde hace años, los denunciantes tienen en la mira el rol de la Fiscalía de Estado bonaerense (FdE), uno de los organismos que intervinieron en el largo proceso judicial. “La Fiscalía de Estado siempre fue contra las víctimas y nunca contra los responsables del vaciamiento”, señaló el empresario Paskvan en diálogo con Letra P.
En el año 2009, Paskvan denunció al actual titular de la FdE, Hernán Gómez, por “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y su complicidad con los que resultaran condenados por delitos de lesa humanidad”, tal como informó este medio.
DAÑOS PATRIMONIALES. La falta de actuación de la FdE en la denuncia original de Paskvan derivó en un embargo parcial de fondos para la provincia de Buenos Aires y una condena al Estado bonaerense “con la permisibilidad” de la FdE. “La complicidad” de los funcionarios provinciales “no se investigó en el marco de delitos económicos del terrorismo de Estado”, tal como ordenó la Corte nacional.
La FdE canceló miles de juicios basados en la ley 11.192 (régimen de consolidación de deudas sancionada en diciembre de 1991) y de pesificación utilizando el sistema de actualización de intereses y coeficientes CER, con la única excepción del expediente Paskvan. “Resulta llamativo el grado de impunidad de dicho Fiscal de Estado que nadie pareciera investigar por su accionar en detrimento de las arcas provincial por el caso Wasserman”, consideró el denunciante.
ESCENARIO NACIONAL. Esta causa fue puesta en conocimiento del gobierno nacional mediante una carta que la víctima le envió al presidente Alberto Fernández, donde solicita que “arbitre las medidas correspondientes (…) a fin de resolver definitivamente este proceso que continúa generando daños irreparables”. El expediente abierto tras la misiva tramita en el ministerio de Justicia nacional a cargo de Marcela Losardo.
El objetivo del denunciante es llegar a un acuerdo con el Estado argentino y evitar una condena internacional.
