23|6|2022

Misión Río Turbio: Aníbal, contra todos los fantasmas

31 de enero de 2020

31 de enero de 2020

Con su carga mitológica a cuestas, se suma a la tropa cristinista que gobierna un área crítica. Alta conflictividad y baja productividad, la herencia judicial de De Vido y una obra clave inconclusa.

Sorpresivo para los dirigentes de la oposición, pero esperado entre los principales referentes K y del Instituto Patria, el desembarco del ex jefe de Gabinete y ex candidato a gobernador de Buenos Aires, Aníbal Fernández, como nuevo interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) se explica desde tres aristas clave vinculadas con la cuestión política, el marco gremial y la situación operativa que engloba a la producción minera y la central térmica que aún permanece inconclusa.

 

Desde el plano político, el nombramiento ha vuelto a ratificar la marcada influencia y poder de decisión que tiene la vicepresidenta Cristina Kirchner a la hora de designar, en los principales cargos del área energética, a dirigentes de su extrema confianza y técnicos camporistas que formaron parte de su último equipo de gobierno.

 

Esa grilla de funcionarios identificados con el accionar kirchnerista, a la cual se suma ahora el polifacético Aníbal, está integrada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales; el titular de la Cammesa, Esteben Kiper, y los futuros interventores del Enargas, Federico Bernal, y del ENRE, Federico Basualdo.

 

 

Para la vicepresidenta y el oficialismo de Santa Cruz era una cuestión central tener al frente de Río Turbio a alguien del mismo palo que les pueda garantizar un manejo ordenado y predecible del conflictivo yacimiento que el macrismo dejó en estado de ebullición gremial y social por los recortes presupuestarios y los ajustes internos registrados en los últimos cuatro años.

 

La sola presencia de Aníbal Fernández al comando de YCRT le permitirá tanto al Gobierno nacional como a la administración provincial de Alicia Kirchner sacar a la empresa del foco mediático que la vincula constantemente con desmanejos administrativos, desvíos de fondos y denuncias por corrupción.

 

En setiembre pasado, el juez federal Luis Rodríguez elevó a juicio oral y público la causa por defraudación en YCRT que involucra al ex ministro Julio De Vido y Roberto Baratta, junto a otras 16 personas. De Vido está acusado de haber malversado 265 millones de pesos que debían aplicarse a la modernización y puesta en valor de la mina de carbón de Santa Cruz.

 

Además, los contratos para una ruta que nunca se terminó derivaron en un juicio oral y condena contra el ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain y de Atanasio Pérez Osuna, el último interventor que tuvo la empresa durante el gobierno kirchnerista.

 

 

 

En el terreno gremial, el gran desafío que enfrentará el nuevo interventor será “convencer” a los trabajadores de que deben salir del “modo combativo” que tuvieron durante el macrismo para recuperar la capacidad de producción del yacimiento.

 

En 2019, el Estado nacional destinó alrededor de 1.500 millones de pesos para mantener en pie YCRT. Ahora se calcula que Aníbal Fernández necesitará no menos de 2.000 millones de pesos para poder pagar solamente los sueldos de los trabajadores de Río Turbio.

 

En la década del 70, el promedio de producción anual estaba en torno de un millón de toneladas de carbón. Pero, a partir de la privatización de la década del 90, la producción comenzó a caer y en los últimos tiempos no llegó a superar las 200.000 toneladas anuales.

 

El hecho de no haber mantenido una producción constante en la última década relajó y afectó la cultura del trabajo y el sentido de pertenencia de los trabajadores. Se retiraron los mineros que tenían más experiencia y conocimiento de las tareas específicas del yacimiento e ingresaron más empleados de los que realmente se necesitaban.

 

 

 

La última auditoría realizada por el ex interventor, el radical Omar Zeidan, puso sobre el tapete, entre otras, las siguientes irregularidades:

 

-Cotejada con los bajos niveles de producción de los últimos años, la dotación total de la empresa se encuentra excedida en casi mil empleados.

 

-Más de 100 casos de empleados que solo habían trabajado treinta días en el año cobrando todos los meses sus sueldos.

 

-La existencia de seis choferes contratados a tiempo completo, de los cuales solo trabajaba efectivamente uno.

 

-Además del aguinaldo, una gran cantidad de empleados tiene acordado por convenio cobrar un bono anual equivalente a más de seis sueldos mensuales.

 

 

 

Con varios conflictos y contratiempos, la intervención de Zeidan había comenzado a implementar a fines de 2018 un programa de trabajo para incrementar progresivamente las producciones anuales con el fin de llegar a un millón de toneladas en un plazo de seis años.

 

Ahora, Aníbal deberá definir si mantiene esa meta o reformula el plan de recuperación bajo nuevas reglas de juego laborales y salariales.

 

No se descarta que para lograr ese fin el nuevo timonel de YCRT requiera la ayuda Edgardo Depetri, el flamante subsecretario de Ejecución de Obras Públicas de la Nación. Depetri fue secretario general de ATE Río Turbio en los años en que Néstor Kirchner estuvo al frente de la gobernación de Santa Cruz y desde entonces tiene una fuerte ascendencia sobre la seccional santacruceña.

 

Antes de ser designado en el ministerio de Obras Públicas de Gabriel Katopodis, el ex diputado nacional y ex candidato a intendente de Lanús había asesorado sobre el tema a la gobernadora Alicia Kirchner y muchos lo daban como el futuro interventor de YCRT.

 

 

 

Otra cuestión que va a condicionar la tarea de Aníbal Fernández es la situación que enfrenta la central térmica de Río Turbio (CTRT), que aún no tiene fecha cierta de terminación.

 

Ubicada a casi un kilómetro del área de extracción minera, la usina fue pensada para que funcionara con el carbón del yacimiento. Su construcción, que se había iniciado a mediados de la década pasada, aún se encuentra inconclusa y envuelta en una causa judicial por sobreprecios y una millonaria defraudación.

 

Otra cuestión que va a condicionar la tarea de Aníbal Fernández es la situación que enfrenta la central térmica de Río Turbio (CTRT), que aún no tiene fecha cierta de terminación.

El consorcio constructor encabezado por la española Isolux cobró más de 1.000 millones de dólares, pero no llegó a terminar la obra al momento de la asunción de Mauricio Macri, cuya administración decidió revisar todo lo realizado para luego llevar las irregularidades detectadas a la Justicia y paralizar las obras por completo.

 

Los dos módulos que componen la central presentan un avance de obras del 85% y sólo restaría completar un 15% de los trabajos y tareas de ajuste para que la usina pudiera funcionar a pleno.

 

Como la producción de carbón que se había previsto para la usina no será posible de alcanzar en tiempo y forma, lo más probable es que se opte por adaptar las máquinas para que puedan funcionar con gas natural.

 

Para eso sería necesario una inversión adicional del orden de los 80 millones de dólares, que hoy no figuran en los planes oficiales.

 

 

 

Desde 2017, la responsabilidad de continuar con las obras de la central está bajo la órbita de la energética estatal IEASA, la ex Enarsa. Pero ya algunos están planteando la conveniencia de pasar esa tarea y los recursos presupuestarios correspondientes a una nueva empresa que aglutine YCRT y la central térmica.

 

Para eso se tomaría como base un proyecto que en 2018 presentó en el Congreso la senadora nacional por Santa Cruz Ana María Ianni, que promueve la creación de una nueva empresa estatal denominada “Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado”, que englobaría a los yacimientos, la central termoeléctrica y el complejo ferroportuario de Río Turbio-Punta Loyola.