Lucha contra la corrupción. Combate a la cartelización de empresas contratistas del Estado. Mejores precios de contratación. Apertura al mundo. A esos y otros argumentos echa mano en estas horas el gobierno de Brasil para fundamentar su última y más resonante decisión en materia económica: el cese de la política de compre nacional y la apertura a compañías extranjeras de las licitaciones convocadas por el Estado.
Según anunció en el Foro Económico de Davos (Suiza) el ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, Brasil permitirá que empresas extranjeras participen en igualdad de condiciones que las nacionales en los procesos de licitación de obra pública y contratación de servicios.
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De esta manera, el gobierno de Jair Bolsonaro adhiere al Acuerdo de Compras Gubernamentales (GPA), entre cuyos miembros se cuentan las principales economías globales, como las de Estados Unidos, China y Japón, entre otras.
El mercado de compras públicas de bienes y servicios de Brasil representa unos 20.000 millones de dólares al año. El mismo fue eje de la estrategia seguida por décadas en el país vecino para generar grandes empresas nacionales, sobre todo en el área de infraestructura, capaces de competir a nivel internacional. Esa idea desarrollista fue llevada al máximo por las administraciones del Partido de los Trabajadores y, en ese sentido, en 2012 Dilma Rousseff dio a las compañías locales un margen de preferencia de precio del 25% con respecto a rivales extranjeros para la provisión al Estado de material de defensa, maquinarias, medicamentos e indumentaria. De hecho, la mandataria destituida en 2016 en un controvertido proceso de impeachment denunció la nueva tendencia como un golpe de gracia para importantes empresas brasileñas.
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La idea era uno de los ejes del Mercosur que concebían entonces los arquitectos de la política exterior brasileña, como Marco Aurélio Garcia, quien soñaba con aprovechar el gigantesco mercado de su país para apalancar también el crecimiento de empresas argentinas. Sin embargo, esa concepción cayó en un descrédito total al destaparse un esquema de corrupción en las contrataciones de Petrobras, que dio lugar a la operación Lava Jato (lavadero de autos) contra la corrupción.
Las derivaciones de esa investigación, que terminó con políticos y empresarios poderosos en prisión, llevaron al derrumbe de las principales constructoras contratistas del Estado de Brasil.
De hecho, al presentar la decisión, Guedes señaló: “Hay que preguntarse si queremos seguir siendo 200 millones de tontos sirviendo a seis constructoras y seis bancos (...) El presidente (Bolsonaro) hizo campaña diciendo que iba a combatir la corrupción y esta medida apunta a eso. Estamos en la primera división de las mejores prácticas mundiales”.
“Brasil no puede ser una fábrica de multimillonarios a costa de los consumidores”, añadió.
Las compras gubernamentales son siempre un ítem delicado cuando diferentes países negocian acuerdos de libre comercio, dada la voluntad de muchos de ellos de preservar a compañías locales que pueden verse arrasadas por la competencia de gigantes globales.
El acelerado proceso de liberalización de la economía brasileña, que incluye reformas como la previsional y la laboral, completa ahora el círculo con esta medida clave. Para muchos, un desenlace cantado desde el propio inicio de la Lava Jato, cuyo principal inspirador, el exjuez Sergio Moro, oficia hoy como ministro de Justicia y apunta a disputarle al propio Bolsonaro la candidatura presidencial por el oficialismo en 2022.