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Son al menos 400 producciones financiadas por el Estado entre 2010 y 2015. Estuvieron online hasta 2016.
Por 15/09/2019 11:11

La producción audiovisual estuvo históricamente concentrada en unos pocos centros urbanos. Desde 2010, en el marco de la puesta en funcionamiento de la Televisión Digital Terrestre (Televisión Digital Abierta, TDA), el Estado nacional introdujo una novedad mediante la producción y adquisición de contenidos a través de numerosos concursos de fomento. Este mecanismo diversificó el espectro de empresas dedicadas a la producción y permitió a canales públicos, privados y no lucrativos incluir en su programación ficción, animación y documentales. Como resultado de aquella experiencia se conformó el ex Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (ex BACUA) que llegó a tener 3006 horas de contenidos.  

A solicitud de los 72 canales adheridos a ese banco, el material era enviado para su emisión televisiva a distintas provincias, tras lo cual pasaba a integrar el catálogo de la plataforma de video a demanda Contenidos Digitales Abiertos”(CDA), una ventana adicional de exhibición en internet. A fines de 2016 el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMyCP) a cargo de Hernán Lombardi cerró esta plataforma dejando en las sombras más de dos mil horas de contenidos. Ese cierre fue el preludio de lo que ocurrió un año más tarde, cuando el mismo Lombardi, so pretexto de racionalizar el uso de recursos y evitar el solapamiento de tareas en varias unidades de producción, desmanteló completamente el área de contenidos de la TDA desvinculando a unos 180 trabajadores.

 

 

Según un relevamiento propio, a septiembre de 2019 había al menos 2289 horas de contenidos públicos fuera del alcance público. Si se le suman los contenidos “cedidos” al ex BACUA por universidades, productores, la Secretaría de Cultura y otras dependencias del Estado, el número de horas invisibles asciende a 2808. Como se observa en el gráfico, se trata en su mayoría de contenidos infantiles (728 horas); otros producidos para la señal pública de TDA Acua Mayor (431 horas) y por los Polos Audiovisuales (282 horas) que generaban contenidos desde las provincias. También faltan cerca de 200 horas de series de ficción y un número similar de documentales.

Mientas tanto, la entrega de contenidos a los canales afiliados en las provincias está por lo menos ralentizada. Aunque algunos canales confirmaron a Letra P que en el último año sus solicitudes dejaron de ser respondidas, fuentes del Sistema Federal afirman que la entrega no está completamente paralizada. Sin embargo, reconocen que el ritmo de solicitudes sería menor, lo que se explica en la pérdida de interés sobre un catálogo que dejó de incorporar novedades.

“Paradójicamente, en la época que la comunicación audiovisual se orienta al stock, el Estado cierra el acceso a ese stock”, afirmó a Letra P Santiago Druetta, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Para el investigador, el bloqueo “es equivalente a cerrar un canal de televisión”, con el impacto que esto representa en términos de libertad de expresión. La falta de visionado digital entorpece la posibilidad de construir un público para esos contenidos, siendo la dificultad de los programas para alcanzar audiencias masivas una crítica recurrente a esta política de fomento. Como afirma Cristina Siragusa, investigadora y docente de la Universidad de Villa María, “sin acceso no hay público posible”. 

LOS NETFLIX ARGENTINOS. Luego del cierre del la plataforma de video a demanda CDA en 2016 (el primer “Netflix argentino”), algunos de los contenidos de fomento se repusieron inicialmente en el entonces Odeón, hoy renombrado Cine.ar Play (el segundo Netflix), un proyecto virtuoso orientado al cine nacional, elaborado por el INCAA y ARSAT. Sin embargo, más tarde un cambio en el perfil de este servicio redujo al mínimo la presencia de producciones de fomento. Conectate.gob.ar, otra plataforma de video a demanda estatal hoy también desactivada, reunía contenidos de los canales Encuentro, PakaPaka, DeporTV y el portal Educ.ar.

Finalmente, en mayo de 2018 el Sistema Federal lanzó el tercer (o cuarto) “Netflix argentino”, Cont.ar, una plataforma híbrida que concentra video a demanda, streaming en vivo de  radio y televisión, podcasts, entre otros contenidos. Allí también se recupera una porción reducida de los contenidos totales del ex BACUA. A propósito, sería bueno revisar cuántos Netflix necesita fundar, cerrar y refundar el Estado argentino para poner a circular en internet los contenidos públicos.

 

 

El último catálogo conocido del ex BACUA, de 2017 y que lleva en su primera página los nombres de Mauricio Macri, Marcos Peña y Lombardi, lista un total de 782 títulos, de los cuales la nueva plataforma Cont.ar repuso el 24% y Cine.ar el 1%, mientras que el 75% restante forma parte de un capital audiovisual de todos los argentinos que está fuera del alcance público.

Podría pensarse que no mostrar todos los títulos al mismo tiempo permite una dinámica de renovación de contenidos en las plataformas del Estado, para ofrecer novedades regularmente. Este argumento tendría más sentido si no fuera que muchas de las producciones invisibles datan de 2011 y la producción de nuevos títulos está paralizada o reducida a su mínima expresión.

Otro aspecto también atendible es el costo del soporte tecnológico, habitualmente dolarizado. El almacenamiento y concurrencia masiva de usuarios sobre un catálogo online de semejante tamaño es efectivamente oneroso. Más aún teniendo en cuenta que cada pieza debe publicarse en varias versiones, para distintas pantallas y calidades de conexión. Sin embargo, existen soluciones intermedias “gratuitas”, (aunque posiblemente no ideales desde el punto de vista del control y soberanía tecnológica), como por ejemplo YouTube, utilizado hasta la actualidad por Canal 7 para difundir contenidos en internet.

A esto se suma posiblemente la complejidad del mapa de derechos que pesa sobre las piezas audiovisuales, que suele diferir notablemente entre títulos y dificulta por ejemplo que, ante la inacción estatal, los productores puedan difundir sus realizaciones por su propia cuenta.

ESO QUE NO VEMOS. “Los trabajadores de la TDA, el 27 de diciembre de 2017, dijimos que estaban dilapidando los recursos del Estado y eso pasó, y que este achicamiento del Estado no era para ahorrar plata sino para hacer negocios”, recordó a Letra P Patricio Delgado exdelegado de SATSAID en la extinta Contenidos TDA.

Además de la apabullante cantidad de contenidos públicos que no se pueden ver, el cierre de CDA y el desmantelamiento de Contenidos TDA (renombrado por la administración de Lombardi como CIARA) dio lugar a la aparición de Club Media Networks S.A del empresario José Luis Massa, que presta servicios a Cont.ar bajo un contrato que, pese a reiterados pedidos de acceso a la información pública, no es posible conocer.

Los negocios, y la austeridad selectiva de la gestión Lombardi al frente del Sistema de Medios merecen no obstante un artículo aparte. Consultada sobre distintos temas para esta nota, la titular del área a cargo de contenidos públicos dentro del Sistema Federal, Gabriela Ricardes, no realizó comentarios. 

Mientras tanto, decenas de series infantiles, ficciones y documentales públicos de casi todas las provincias del país, animaciones y cortos de la más amplia variedad temática y estética, realizados gracias a una joven y (muy) perfectible política de fomento, envejecen en alguna máquina dentro de algún edificio estatal. ¿Cuál es el mensaje?