¿Qué pasa en La Rioja?

Nuestros sistemas electorales son deficientes y a veces engañosos. La dominancia del sector público (sobre todo en algunos distritos) es escandalosa, la propaganda es avasallante, el financiamiento de la política es aún oscuro, no está regulada la pauta publicitaria, etcétera. Pero al día de la fecha gobiernan los que seleccionamos con el voto, porque podían ser candidatos y se impusieron sobre las demás ofertas disponibles.

Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación no actúa con firmeza y se manifiesta con ejemplaridad en la defensa de la legalidad, de procedimientos claros, rechazando interpretaciones amañadas y antojadizas, en La Rioja podemos caer un escalón más bajo en nuestra (ya de por sí cuestionable) “calidad institucional”.

El asunto es bien sencillo. La Constitución provincial impide la reelección por más de dos periodos a los integrantes del Poder Ejecutivo provincial. El actual gobernador fue vicegobernador en el periodo anterior. Esa circunstancia le impide ser candidato. Para sortear ese impedimento constitucional, convocó a una consulta en enero, orientada a reformar por vía de una enmienda la disposición que impide su tercer mandato.

En esa circunstancia, los partidos de la oposición fueron a la Corte, señalando que claramente estábamos frente a una violación de la Constitución provincial y nacional. Como el daño aún no se había materializado, la Corte (prudentemente) dilató expresarse sobre el “fondo de la cuestión”, como dicen los abogados.

La consulta se hizo, naturalmente votó solo una porción del padrón, mucho menor que en cualquier elección provincial, y de esa porción una mayoría exigua avaló al gobernador.

Algunos creen que lo que está en juego es interpretar si menos del 35% es un porcentaje suficiente para reformar la Constitución, lo que es ridículo. Lo que está verdaderamente en juego es si nuestra democracia, con todos sus defectos, puede ser considerada tal o si quien ejerce el poder puede interpretar y cambiar las reglas de juego a su antojo para permanecer en él.

La Corte no solo debe rechazar esos manejos, debe dar una lección a todo el sistema institucional. Recuperar la confianza en lo público empieza por poder confiar en sistemas de selección cada vez mejores.

Cuando decimos que la Corte es la última custodia de la Constitución, queremos decir que sin su cuidado nuestro desamparo cívico es absoluto.