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Un decálogo político para la radio que viene

Un decálogo político para la radio que viene

11/12/2019 17:41

 

El mercado de medios tuvo drásticas modificaciones en los años de gobierno de Mauricio Macri. En particular, la radio fue uno de los sistemas que más afectado vio su desarrollo en este tiempo. El final de 2015 fue una pequeña muestra de lo que sucedería con el correr de los meses: el desbande y vaciamiento del Grupo Veintitrés, trabajadores intentando sostener sus fuentes laborales, empresarios estafadores y el Estado como espectador y garante de las voluntades privadas.

En un brevísimo repaso de los cambios en la estructura de propiedad del sistema porteño en estos años muestra que: Claudio Belocopitt ingresó como accionista mayoritario en La Red (Grupo América); Víctor Santa María expandió su conglomerado y compró la FM 94.7 (hoy Club Octubre); Radio El Mundo y Radio América fueron estatizadas, aunque la segunda fue adjudicada a Editorial Perfil que la mantiene en silencio aunque lanzó una radio de noticias en la FM 101.9; Radio Del Plata fue vaciada por los dueños de Electroingeniería y se sostiene al aire gracias a la voluntad de sus trabajadores; AM Belgrano fue comprada por el empresario local Marcelo González, quien compró la licencia internacional para montar CNN Radio; Marcelo Fígoli se transformó en un pulpo radiofónico tras comprar, desde 2016, Radio Splendid, Rock And Pop, Radio Colonia, Rivadavia, FM Uno y FM Blue (a medias con el Grupo América); se cerraron FM ESPN (Disney Argentina) y RQP 104.3 (PRISA-Albavisión). Todo esto, solo en Buenos Aires.

La situación de conflictividad laboral acompañó estos años de vaciamientos y ajustes en emisoras tanto privadas como estatales. Muchas emisoras abonaron y abonan los sueldos en cuotas. En materia de despidos, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, los números van de la mano con este achique. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) realizó un relevamiento de estos casos que muestra que entre 2016 y mediados de 2019 la merma alcanza la cifra de 3.127 puestos de trabajos para toda la industria de medios porteña. Esto representa un 30% de la masa laboral enmarcada en algún tipo de Convenio Colectivo de Trabajo. Además, los trabajadores que quedaron en las estructuras mediáticas sufrieron una pérdida de poder adquisitivo del 41% en tres años y medio. Las radios que mayor cantidad de despidos o retiros muestran son Nacional (214), El Mundo (140), América (112), Splendid (36), Radio Madre (26), Rivadavia (15) y FM ESPN (12). Estos números explican el 18% de los puestos de trabajo perdidos en estos años. Ante estos conflictos laborales, la decisión del gobierno (tanto desde ENACOM como desde el ex Ministerio de Trabajo) fue la de la no intervención.

A la situación del mercado privado, la gestión de Cambiemos suma el desfinanciamiento de Radio Nacional (fin de producciones en vivo los fines de semana, retransmisión en cadena en todas las emisoras del país) y de los fondos de fomento para medios comunitarios (devaluación del dinero, atraso en los pagos y años sin concursos).

En materia de espectro, el ENACOM ha otorgado más de mil licencias de radio en todo el país en estos cuatro años, entre las que se destacan las 195 adjudicadas a través del proceso de regularización de los permisos precarios provisorios (PPPs). Fueron 17 las licencias entregadas en la Ciudad de Buenos Aires, aunque Mendoza (18), Santa Fe (39) y Córdoba (20) recibieron mayor cantidad de regularizaciones. Estas licencias confirmaron la propiedad de frecuencias para grandes empresas mediáticas (Clarín, Cadena 3, Televisión Litoral y América entre otros) y significaron un gran paso para muchas radios comunitarias que consiguieron licencias por primera vez en las grandes ciudades del país. Sin embargo, la falta de parámetros técnicos (categoría, potencias, alcances) en estas adjudicaciones y la ausencia de un plan integral para resolver la situación de otros cientos de emisoras que operan sin licencias en las mismas ciudades transforman a este proceso en un problema más que en una solución.

En este sentido y en vista del desembarco de nuevas autoridades en todas las áreas ligadas a los medios de comunicación (gestión de medios públicos, distribución de publicidad oficial y aplicación de regulaciones), es necesario plantear algunas cuestiones y aspectos centrales para resolver en el futuro más inmediato:

-Diseño de un plan técnico de frecuencias en zonas de conflicto, reserva del 33% para actores sin fines de lucro y acceso a espectro en igualdad de condiciones para todos los sectores reconocidos por la Ley Audiovisual;

-Impedir la mercantilización del acceso al espectro, bien público;

-Fiscalizar el cumplimiento de los deberes patronales y no permitir la expansión empresarial en caso de faltas;

-Discutir junto a los trabajadores los convenios laborales para agilizar e incluir en ellos el cumplimiento de tareas necesarias para la adaptación digital del medio;

-Supeditar el otorgamiento de publicidad oficial al cumplimiento en el pago de salarios, cargas e impuestos;

-No utilizar la publicidad oficial para el pago (y licuar) de deudas;

-Incluir a todos los tipos de radios en la distribución de la publicidad oficial y generar herramientas de medición de audiencia públicas, transparentes y federales;

-Mejorar los presupuestos para las emisoras estatales con planes de gestión que desgubernamentalicen su gestión y pongan a Radio Nacional como punta de lanza en materia de nuevos formatos y diversidad de voces;

-Ejecutar los fondos de fomento a medios comunitarios y de pueblos originarios en tiempo y forma;

-Generar fondos de fomento a la producción de contenidos radiofónicos con los impuestos, tasas y multas abonadas por las emisoras para generar un banco de producciones que de espacio para que productores independientes creen contenidos y emisoras estatales, universitarias o comunitarias completen sus programaciones.

Estas medidas pueden colaborar para generar un mercado que funcione de acuerdo a las necesidades empresariales pero también laborales, un sector estatal robusto y radios comunitarias que se encuentren en condiciones equitativas en su relación con el Estado.