En el año en el que el presidente Mauricio Macri buscará la reelección, el Gobierno confirmó que enviará al Congreso un proyecto para crear un nuevo régimen penal juvenil y bajar a 15 años la edad de imputabilidad en caso de delitos graves.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la encargada de comunicar la intención de la Casa Rosada. “Llegamos a un consenso”, sostuvo y destacó el diálogo con los ministerios de Justicia y Desarrollo Social, la Secretaría de Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales.
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“Se ha trabajado más de dos años”, marcó la ministra y dijo que el proyecto de nuevo régimen penal juvenil “reunió experiencias de todo el mundo”. “Pero algo muy importante, que va a cambiar las condiciones de seguridad y de futuro en la Argentina, es la creación de un régimen socio-educativo. Cuando un menor comete un delito, entra en un régimen -manejado por el gobierno nacional y administraciones provinciales- de resarcimiento, de entendimiento de la conducta gravosa que le generó a la sociedad y a su familia”, apuntó la ministra de Seguridad en diálogo con Radio Mitre.
“Es un régimen compuesto de imputabilidad y tratamiento que pueda ser social o terapéutico dependiendo de la conducta”, agregó. Según Bullrich, el objetivo que persigue el Gobierno con la creación del régimen socioeducativo "es trabajar para que el joven no siga en el camino delictivo".
La ministra de Seguridad, además, volvió a defender la compra de las pistolas taser para utilizar en estaciones de trenes y aeropuertos. Frente a las críticas, planteó: "¿Qué prefieren, que ese policía aeroportuario tenga un arma de fuego como única capacidad de defensa o prefieren un arma sin capacidad letal que permita resolver el problema en ese momento?".
DELITO EXTRANJERO. Además, Bullrich ratificó la decisión del Gobierno de acelerar la expulsión de los ciudadanos extranjeros que delinquen. “En el último tiempo, sobre todo en materia de drogas, el delito en mano de extranjeros llega al 20% de las personas detenidas”, afirmó.
En ese sentido, explicó que la Casa Rosada busca agilizar los trámites de deportación. “Queremos que sea un trámite mas expeditivo, más rápido porque tiene que ver con la seguridad de la gente”, adelantó la funcionaria.
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En diálogo con Radio Mitre, explicó que uno de los planes oficiales es crear una Cámara Nacional Migratoria, que permita sentar jurisprudencia para los juzgados de primera instancia y así reducir los plazos de los procesos.
La ministra dijo, además, que la Dirección Nacional de Migraciones creó un listado de personas que están impedidas de permanecer en el país “ya sea porque han cometido faltas o delitos”. También, sostuvo que el Gobierno está generando “unidades especiales de búsqueda” para interceptar a las personas que se encuentren dentro de esa nómina.