En Guatemala, próximo rival de la Selección argentina de fútbol, no se habla del dólar, pero como ocurría en nuestro país un mes atrás, corrupción y aborto son los tópicos que lideran el debate político.
El viernes, rodeado de militares en un país con una historia trágica respecto a la intervención del Ejército en la política, el presidente Jimmy Morales –un ex cómico de la TV que ganó las elecciones con un perfil antisistema en 2015– anunció que no renovaría el vínculo con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo vinculado a la ONU que desde 2006, a partir de un convenio firmado con el gobierno guatemalteco y renovable cada dos años, venía investigando y denunciando casos de corrupción.
La CICIG, liderada por el Fiscal colombiano Iván Velázquez, fue la que llevó a la cárcel con sus denuncias al anterior presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, y a su vice, Roxana Baldetti, tras comprobarse que lideraban una organización que cobraba coimas para permitir el ingreso de mercaderías al país sin pasar por la Aduana.
Pero Velázquez también investigó al actual presidente y pidió tres veces al Congreso guatemalteco –sin éxito– que lo desaforara, acusándolo de haber recibido sobornos de empresarios locales en el marco de la campaña electoral que finalmente lo llevó a la Presidencia. Uno de los elementos de prueba más contundentes fueron las confesiones de empresarios “arrepentidos”.
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Aunque el vínculo formal de Guatemala con la CICIG vence en septiembre del año próximo, Morales redobló el martes la apuesta al prohibirle a Velázquez el ingreso al país, a la vez que ya había ordenado al organismo que transfiera su información y sistemas de funcionamiento a las instituciones judiciales guatemaltecas.
La CICIG tiene gran popularidad en Guatemala y los argumentos oficiales para justificar la no renovación del vínculo -“injerencia en asuntos internos”, “justicia selectiva” y “tiempo suficiente para hacer su labor”- no convencen a muchos dentro y fuera del país. Por eso, Morales, linkeó hábilmente su decisión a la otra gran polémica que domina la agenda guatemalteca: el debate en el Congreso de proyectos de ley a favor y en contra de la legalización del aborto. También se discuten proyectos vinculados a la agenda de género, como el matrimonio igualitario y otros.
Sucede que el sector político que impulsa la despenalización del aborto y la agenda de género es también, en gran parte, el que respalda a Velázquez y a la CICIG, y aunque formalmente no tenían que ver con la cuestión, Morales cerró su discurso el viernes diciendo que Guatemala y su gobierno creen en la vida y en la familia basada en el matrimonio entre hombre y mujer. Asimismo, pidió que las próximas elecciones sean “libres”, en referencia al conflicto que mantiene con la Justicia local.
La ley solo autoriza en la actualidad la interrupción del embarazo en caso de que corra peligro la vida de la madre. El debate ha movilizado a la población a favor y en contra de las iniciativas, en un país donde el sector conservador domina el Parlamento y en el que las iglesias católica y evangélica tienen una enorme influencia, lo que hace prever que no sería aprobado, aunque sí, paradójicamente, podrían aprobarse mayores restricciones.
Aunque los manifestantes “pro vida” intentaron separarse del “abrazo de oso” del presidente Morales (tampoco hay un respaldo unívoco a los proyectos restrictivos que se presentaron), desde el oficialismo buscan asociar la agenda de género que promueve la ONU con la intervención anticorrupción de la CICIG-ONU, aludiendo a ambas como “intervención extranjera”.
Pero no solo Morales cree o quiere hacer creer eso. Desde sectores de la prensa guatemalteca suponen que la labor anticorrupción de la CICIG es parte de una política de “limpieza” promovida o al menos respaldada por Estados Unidos para facilitarles a las empresas norteamericanas la participación en las licitaciones públicas en Guatemala en particular y Latinoamérica en general, también como parte del combate contra el narcotráfico y el dinero “negro” que genera.
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Letra P ya contó cómo el jefe del Pentágono, Jim Mattis, en su gira por Sudamérica, cuestionó la creciente influencia china en la región y cómo muchos analistas argentinos creen incluso que el caso de los “cuadernos” podría tener insumos norteamericanos, en función de correr a China de escena, asociando al país asiático a las prácticas corruptas habituales en la región. No como parte de ninguna conspiración sino abiertamente como parte de una política de Estado hacia la región.
Es improbable que nada importante de lo que pasa en Guatemala suceda sin la venia de Estados Unidos, que, en términos geopolíticos, considera a la región su zona de influencia. Es probable entonces que la movida de la CICIG haya tenido la venia y el respaldo de la embajada más famosa y la duda que surge ahora es hasta qué punto es autónoma la decisión de Morales de correrla y hasta dónde podrá sostenerla.