

Foto: Argentina Municipal
Con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en 2009, las emisoras comunitarias, populares y alternativas consiguieron el reconocimiento legal pleno para funcionar. Se abrió en ese momento un nuevo horizonte para estas experiencias radiofónicas y audiovisuales. En un estudio de próxima publicación, un equipo de investigación con integrantes de varias provincias destaca el impulso de esta norma para el surgimiento de nuevos medios sin fin de lucro y la capacidad de las políticas estatales de apoyo para respaldar estos proyectos de comunicación. Según este informe, 155 de las 228 experiencias mediáticas de este tipo relevadas en el país nacieron desde 2008 en adelante.
Si bien se trata de un grupo muy variado en sus perfiles y estilos, históricamente estos medios se caracterizaron por proponer una agenda alternativa u opuesta a la generada por las empresas mediáticas comerciales. Desde allí, han propuesto temas y perspectivas periodísticas que, en muchos casos, han perforado los límites de las propuestas comerciales. Además, son experiencias que siempre han ofrecido canales de expresión a comunicadores y grupos diversos sin lugar en los medios mainstream. No significa poco en tiempos difíciles para los y las periodistas: el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) relevó 1.800 puestos de trabajo perdidos en 2016 y 2017 solo en la Capital, y alrededor de 3.000 despidos en todo el país en esa etapa.
Durante las jornadas de deliberación del proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, estas emisoras agrupadas en sus redes asumieron un marcado protagonismo en la demanda por la sanción de una norma que contemple sus necesidades y realidades. Luego de años de ilegalidad y marginación de las políticas públicas destinadas a las comunicaciones, la ley audiovisual reconoció su forma de comunicación y creó políticas específicas de fomento. Además, les reservó el 33% del espectro radioeléctrico e incluyó la posibilidad de entregar licencias de modo directo a emisores de baja potencia en zonas despobladas. Otro aspecto valorado de la norma fue la ausencia de restricciones de alcance o de financiamiento. Desde la Coalición por una Radiodifusión Democrática, las emisoras populares, comunitarias y alternativas (como se reconocen ellas mismas) celebraron la nueva legislación, que las incluyó en el sector sin fines de lucro. Cabe aclarar que estos puntos siguen vigentes: no fueron alcanzados por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267 de diciembre de 2015, que desarticuló buena parte de la ley audiovisual.
A casi nueve años de la sanción de ley 26.522 cabe preguntarse cómo ha incidido esta en el desarrollo de este tipo de emisoras. Un equipo de investigación financiado por el Conicet y la Defensoría del Público, conformado por docentes e investigadores/as de universidades nacionales de Córdoba, San Luis, La Pampa y el área metropolitana de Buenos Aires, ha comenzado a responder esa pregunta. Desde el proyecto llamado Las radios y televisoras comunitarias desde la Ley 26.522. Condiciones, estrategias y desafíos, este grupo se aboca a trazar un diagnóstico actualizado sobre este sector en todo el país, con especial atención en diez casos particulares.
LEGALIZACIÓN, PRIMER PASO. Pocos recuerdan que hasta 2005 estaba legalmente vedado en Argentina el funcionamiento de las experiencias de comunicación sin ánimo lucrativo. Ese año, una ley del Congreso respondió en forma parcial a un fallo de la Corte Suprema de 2003 que había declarado inconstitucional un artículo de la vieja Ley de Radiodifusión de la última dictadura cívico-militar, en la que se prohibía brindar servicios audiovisuales a organizaciones sin fines de lucro. Hasta 2005, solo los llamados Permisos Precarios y Provisorios entregados en 1989 ofrecieron cierto reconocimiento legal algunas de estas emisoras. Así, en 2009 solo dos organizaciones del sector tenían licencias para emitir.
Desde la sanción de la ley audiovisual y hasta junio del año pasado, se adjudicaron 96 licencias a organizaciones sin fines de lucro para radio o televisión. Entre estas, 56 fueron asignadas de modo directo y las restantes fueron el resultado de concursos públicos. A esos números llegó el estudio del equipo de investigación integrado por Soledad Segura y Natalia Traversaro (Universidad Nacional de Córdoba), Ana Hidalgo y Verónica Longo (Universidad Nacional de San Luis), Agustín Espada (Universidad Nacional de Quilmes), Natalia Vinelli (Universidad de Buenos Aires) y el autor de este artículo (Universidad Nacional de La Pampa). Debe aclararse que la categoría legal “sin fin de lucro” incluye a fundaciones, cooperativas y organizaciones de diverso tipo.
Según este relevamiento, los años más activos para la entrega de licencias fueron 2015 (23% de las licencias), seguido por 2013 y 2016 (20%). Casi la totalidad de estas licencias fue para emisoras FM y se destacan ocho de estas asignadas para televisión digital. La provincia donde más títulos se entregaron fue Córdoba (15), seguida por Salta (11), Santa Fe (9) y Misiones (6). Solo Tierra del Fuego quedó fuera de las legalizaciones.
Sin embargo, los/las investigadores/as destacan que “los llamados a concursos de licencias para el sector sin fin de lucro se encuentran paralizados desde 2015 y que sigue sin realizarse el plan técnico necesario para conocer el estado de situación del espectro radioeléctrico en el país”. Además, no se terminaron de resolver concursos iniciados en el último año del gobierno kirchnerista. De hecho, la mayoría de las legalizaciones se produjo en zonas sin disputas por lugar en el éter. Una solución intermedia fue la impulsada a fines de 2015 por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual antes de su disolución. Fue cuando otorgó 140 reconocimientos de funcionamiento a distintas radios sin fin de lucro del país que se encuentran en las denominadas zonas de conflicto.
EL IMPRESCINDIBLE APOYO ESTATAL. La herramienta novedosa para el fomento de los medios sin fines de lucro, indígenas y de frontera que incorporó la ley audiovisual desde 2013 fue el Fondo de Fomento Concursable (FOMECA), con líneas destinadas a equipamiento, producción de contenidos y gestión, entre otras. Según los cálculos del grupo de investigación, hasta el cierre de 2016 se destinaron más de 46 millones de pesos al fortalecimiento de equipamiento e infraestructura, 49 millones de pesos para la producción radiofónica y 91 millones de pesos para la producción audiovisual.
Al menos 130 organizaciones accedieron en algún momento a un subsidio para obtener equipamiento. Para la producción radiofónica fueron 297 las organizaciones beneficiadas por el fomento mientras 243 postulantes accedieron a la línea de producción audiovisual.
La misma puesta en funcionamiento de este instrumento de apoyo estatal constituye un incentivo inédito para el sector. Sin embargo, el equipo de investigadores/as observó “limitaciones de concepción y de implementación que debilitaron su incidencia”. Entre estas, se destacan demoras en la entrega de los premios, obstáculos administrativos y “el escaso conocimiento sobre las especificidades de este tipo de experiencias de comunicación”. La implementación incompleta de este fondo ha sido revisada anteriormente en Letra P.
LA MULTIPLICACIÓN COMO CONSECUENCIA. Un aporte sustancial que realiza en su último informe el proyecto de investigación citado es el mapa de los medios comunitarios, populares y alternativos. Aunque no se trata de un registro concluyente, ofrece los primeros resultados de un mapeo por provincias tan necesario como inexistente en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Este estudio relevó 228 medios de estas características en todo el país hasta junio de 2018. De ellos, 73 fueron creados bajo la vigencia de la Ley de Radiodifusión 22.285 entre 1980 y 2007 (una televisora y 72 radios). En el período de debate, elaboración e implementación de la ley audiovisual durante el kirchnerismo (2008-2015), se crearon y continúan operativos 140 medios (9 televisoras y 131 radios). Por último, 15 radios fueron fundadas en el período comprendido por el nuevo gobierno de Mauricio Macri. Así, el 67% de los medios operativos relevados a junio de 2018 nació en el marco del debate, sanción e implementación de la LSCA.
Para este relevo, el grupo solicitó información al Enacom y la Defensoría del Público, abrevó en las listas difundidas por las redes que agrupan a estos medios y en trabajos en terreno de radialistas y otros/as investigadores/as. La misma ausencia de un registro oficial puede ser leída como una muestra de desconocimiento y falta de atención de la autoridad estatal sobre este sector de la comunicación. En el mapa elaborado se incluyeron las emisoras comunitarias efectivamente existentes, según la definición de la misma ley audiovisual, independientemente de su reconocimiento legal. Sucede que existen organizaciones con licencia que no emiten y otras operativas pero que no cuentan con una licencia.
El documento concluye que las políticas de legalización y fomento tuvieron un impacto positivo para el “surgimiento, crecimiento y consolidación de los medios comunitarios”, incluso con las limitaciones en su aplicación. En este punto, contrastar promesas con deudas pendientes puede llevar a ver el vaso medio vacío. En todo caso, según sus autores/as, está “demostrado que las iniciativas estatales para el fomento del sector resultan instrumentos imprescindibles y efectivos” para alcanzar mayores niveles de diversidad y pluralismo. Por último, los/as investigadores/as advierten que la “evidente multiplicación de emisoras supuso también la federalización de las posibilidades de participación en este tipo de espacios”.