El patrimonio digital

Internet se ha convertido en el hábitat de las sociedades. Se ha abierto paso, casi sin resistencias y con naturalidad, en la cotidianeidad de la vida. Crea contenido, es fuente de información y hasta tiene su propio lenguaje. Si estar allí es existir, el Estado debe ser parte de este ágora moderno para dialogar con los ciudadanes. 

 

Desde hace unos años, y cada vez con más fuerza, la comunicación gubernamental suma a sus canales el territorio digital. Pero esos datos, esa valiosísima información pública y estatal que vuelca cada gobierno, son tan inmediatos como efímeros, producto de que para las democracias el patrimonio digital no parece ser algo por resguardar. Por lo contrario, la tendencia parece ser borrar el paso del tiempo para empezar siempre de cero, para refundar relatos e historia. 

 

Trabajos, estadísticas, fallos, archivos, borrados o escondidos en laberintos de enlaces. Mariano Donadío, periodista del diario La Nación, se disculpa, de antemano, con los historiadores del futuro: "Estamos depositando en las redes un océano de testimonios, montones infinitos de bits" pero también aclara: "Mucho de lo que se publicó en las redes desaparece al poco tiempo". Así es internet, un lugar abierto a la creación donde todo está propenso a desaparecer.

 

GOBIERNO MATA ESTADO. Un poco de historia reciente en la Argentina puede poner en contexto de qué se trata esto. Quizás uno de los exponentes más fieles de esta tábula rasa cybernÉTICA fue el portal Infojus: una web que nació en el 2011 para alojar información de carácter jurídico-legal pero hoy aproximadamente once mil de sus URLs sólo llevan a una pantalla en blanco. En su momento, sus trabajadores así lo expresaron: "Es información pública y forma parte del acervo histórico y cultural de la sociedad civil. Consideremos entonces que haberlas sacado de la web es un acto de censura y un ataque a la libertad de expresión". Lo mismo, por ejemplo, sucedió con Tecnópolis. Una serie de documentos que perseguían los fines de la difusión científica ya no están online. 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 son una placa en JPG. Millones de caracteres que reflejaban la actividad gubernamental fueron expulsados hacia el agujero negro de internet. 

 

Gran parte del problema es que no existe una clara identificación de las cuentas y webs que son institucionales y cómo se debe proceder en esos casos. Esta definición es importante, no sólo como un ordenador de la gestión, por el servicio y modo de interacción que se desarrollará con la ciudadanía, sino para enmarcar la manera en la que se gestionan las transiciones y los traspaso de contraseñas.

 

La posibilidad de identificar esta particularidad es clave a la hora transitar, por ejemplo, el cambio de mando. Hasta ahora, de cara a los perfiles digitales de funcionarios parece haber un acuerdo tácito en que las cuentas son institucionales hasta el momento en que se abandona el cargo y allí se convierten en personales. Es el caso de la cuenta del Presidente de la Nación que no fue heredada por su sucesor en la Ciudad de Buenos Aires, ni quedó como parte de la historia de medios digitales de la Ciudad de Buenos Aires, sino que lo acompañó en sus nuevas funciones. O el caso de la cuenta de Casa Rosada previo a diciembre 2015, retenida y reconvertida en una cuenta no oficial minutos antes del 10 de diciembre.

 

Otros países han logrado transiciones mucho más respetuosas de la memoria digital y de los ciudadanos. A modo de ejemplo basta ver qué ocurrió con las cuentas presidenciales en Estados Unidos: todas ellas fueron traspasadas en simultáneo, junto con el traspaso de mando. La cuenta @Potus (President Of The United States) pasó a manos de Donald Trump, aunque su discurso de asunción fue tuiteado desde su Twitter personal @realDonaldTrump. El acuerdo incluyó la preservación de todos los tuits de Barack Obama, que fueron trasladados a la cuenta @Potus44, el número que lo identifica entre los ex presidente de Estados Unidos, donde quedarán como archivo histórico.

 

 

 

¿A DÓNDE VAN LOS BITS CUÁNDO MUEREN? "Patrimonio Cultural" es el conjunto de signos depositados en el transcurso del tiempo sobre el territorio que una comunidad habita. Es el pasado lo que legitima el valor del Patrimonio Cultural. Conservarlo significa garantizar la supervivencia de un testimonio histórico que actúa en el presente.

 

Toda comunidad se define sobre la memoria que tiene de sí. La memoria es uno de los principales instrumentos de construcción. Como todo recorte ella también tiene su vector ideológico y político, es decir, del momento en el que se seleccionan determinados aspectos del archivo a resguardar. Conservar el patrimonio cultural, por tanto, es un acto que implica una planificación, se trata de un proyecto interpretativo. "Damnatio memoriae" es la contracara de esto: es la decisión de remover de manera total aquel patrimonio que se considera condenable. 

 

La arqueología, por su parte, es la ciencia que estudia a las sociedades mediante restos materiales conservados a través del tiempo. Es una ciencia histórica. Su objetivo es el estudio de los cambios y la diversidad del comportamiento humano en la organización social, teniendo en cuenta también las características económicas, políticas e ideológicas de cada momento. Es así como nace la "arqueología digital", no sólo como el conjunto de métodos que permiten la recuperación de datos dañados o el soporte desde donde se almacenan los hallazgos, sino como la ciencia que desempolvará de internet contenidos históricos que son propios de ella. ¿Pero cómo estudiar en el futuro a las sociedades actuales si los rastros son borrados a cada paso?

 

 

 

¿CAMBIO DE GOBIERNO, NUEVA WEB? Si el "Patrimonio Cultural" es entendido como la creación que caracteriza a una comunidad en determinado momento y su valor reside en su historicidad, la importancia de su preservación es clave. Deben los cyberespacios estatales ser tratados como parte del patrimonio cultural y, por tanto, es imperante garantizar su preservación. 

 

Los portales gubernamentales deben figurar en la lista de "políticas a largo plazo" ya que la disputa partidaria borra la historia tipeada por la Nación millennial. Internet se configura como la nueva materialización de los Estados. Por tanto, frente a la indefensión que sufren los cyberdatos es que se avizora la necesidad de crear una legislación que abogue por protegerlos.

 

Temas

Las Más Leídas

También te puede interesar