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Efecto aportantes truchos: Vidal acelera una reforma política

Incómoda por las denuncias, la gobernadora ordenó avanzar con un proyecto para “transparentar” los aportes en la campaña electoral. Habló de bancarizar y jugará en paralelo con la Casa Rosada.
Por 13/07/2018 12:38

Tras las denuncias que se presentaron contra la gobernadora María Eugenia Vidal luego de constatarse, con una investigación periodística, que los nombres de muchos aportantes de la campaña electoral 2017 de Cambiemos coincidían con beneficiarios de planes sociales, el Ejecutivo provincial buscó salir de ese terreno fangoso apelando -una vez más- a la “transparencia”. Para eso, impulsaría una nueva ley de financiamiento para partidos políticos y ya dio algunas señales hacia la Legislatura provincial. 

“Lo mejor es que haya una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados. Así no queda ninguna duda sobre quién aportó y quién no. Si firmó o no un recibo. Así las cosas están claras”, fueron las palabras que usó Vidal para romper el silencio sobre un tema que Cambiemos intentó relativizar: el presunto uso de aportantes apócrifos en la campaña que llevó a Esteban Bullrich como candidato a senador nacional y a Graciela Ocaña en la cabeza de la lista de aspirantes a diputados nacionales. 

Son tres las denuncias para que la Justicia investigue las responsabilidades de Vidal, de la flamante contadora general de la provincia, María Fernanda Inza -que se desempeña como tesorera del PRO-, del Jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai (secretario general del partido) y los intendentes de Vicente López, Jorge Macri (vicepresidente primero), y de Lanús, Néstor Grindetti (vicepresidente segundo) en la comisión de delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación de secretos y privacidad. Hasta el momento, fueron imputados Silvia Chabán, por el PRO, y Alfredo Irigoin, por la Unión Cívica Radical, en su carácter de responsables económicos de la campaña. 
 


La gobernadora no pudo escapar por mucho tiempo de un tema que venía esquivando. Este jueves fue consultada al respecto. Dijo que fue una denuncia “del kirchnerismo”, pero que, de todos modos, actuó por dos frentes. “Primero, pedir una auditoría dentro del propio frente electoral de Cambiemos y, en segundo lugar, presentarnos ante la Justicia”, explicó. También sostuvo que “existe de fondo un problema con la ley de financiamiento de los partidos políticos. Esa ley tiene lagunas, deficiencias; por eso, lo mejor es que haya una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados”, indicó. 

En el Senado bonaerense había algunos proyectos de ley que venía trabajando el senador peronista–mandato cumplido- Norberto García y que, desde principios de año, retomó el legislador oficialista Dalton Jáureguique preside la comisión de Reforma Política en la Cámara alta. 

Según supo Letra P, el Ejecutivo pidió a la Legislatura acelerar la discusión de estas iniciativas que apuntaban a regularizar y permitir aportes privados en el financiamiento de las campañas políticas e irían con una iniciativa propia. La palabra “transparencia” funciona como horizonte. 

También es un faro el proyecto a nivel nacional. Como informó Letra P, el Ejecutivo nacional apuesta, bajo la supervisión del secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, a avanzar en una ley de estas características que ya fue redactada y aguarda el visto bueno de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña. Entonces, la idea de la dirigencia bonaerense de Cambiemos es hacerlo a la par con la Nación.

Sustancialmente, lo que se buscaría en el orden nacional es poner en marcha un mecanismo en línea de declaración y monitoreo de aportes, tanto para las actividades partidarias como de campañas electorales; prohibir los aportes en efectivo -excepto las pequeñas donaciones- con el objetivo de promover la bancarización de los aportes para mejorar los niveles de control del dinero que circula en la política; aumentar la cantidad de auditores a cargo de la fiscalización de gastos de campaña y establecer mayores sanciones para los partidos o personas que reciban aportes del crimen organizado, entre otras medidas. Buena parte de estas ideas son las que Vidal y sus funcionarios imaginan en un proyecto de ley que se apruebe en la provincia de Buenos Aires y que deje atrás las esquirlas de la denuncia por los aportantes truchos. 

Efecto aportantes truchos: Vidal acelera una reforma política

Incómoda por las denuncias, la gobernadora ordenó avanzar con un proyecto para “transparentar” los aportes en la campaña electoral. Habló de bancarizar y jugará en paralelo con la Casa Rosada. 

Tras las denuncias que se presentaron contra la gobernadora María Eugenia Vidal luego de constatarse, con una investigación periodística, que los nombres de muchos aportantes de la campaña electoral 2017 de Cambiemos coincidían con beneficiarios de planes sociales, el Ejecutivo provincial buscó salir de ese terreno fangoso apelando -una vez más- a la “transparencia”. Para eso, impulsaría una nueva ley de financiamiento para partidos políticos y ya dio algunas señales hacia la Legislatura provincial. 

“Lo mejor es que haya una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados. Así no queda ninguna duda sobre quién aportó y quién no. Si firmó o no un recibo. Así las cosas están claras”, fueron las palabras que usó Vidal para romper el silencio sobre un tema que Cambiemos intentó relativizar: el presunto uso de aportantes apócrifos en la campaña que llevó a Esteban Bullrich como candidato a senador nacional y a Graciela Ocaña en la cabeza de la lista de aspirantes a diputados nacionales. 

Son tres las denuncias para que la Justicia investigue las responsabilidades de Vidal, de la flamante contadora general de la provincia, María Fernanda Inza -que se desempeña como tesorera del PRO-, del Jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai (secretario general del partido) y los intendentes de Vicente López, Jorge Macri (vicepresidente primero), y de Lanús, Néstor Grindetti (vicepresidente segundo) en la comisión de delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación de secretos y privacidad. Hasta el momento, fueron imputados Silvia Chabán, por el PRO, y Alfredo Irigoin, por la Unión Cívica Radical, en su carácter de responsables económicos de la campaña. 
 


La gobernadora no pudo escapar por mucho tiempo de un tema que venía esquivando. Este jueves fue consultada al respecto. Dijo que fue una denuncia “del kirchnerismo”, pero que, de todos modos, actuó por dos frentes. “Primero, pedir una auditoría dentro del propio frente electoral de Cambiemos y, en segundo lugar, presentarnos ante la Justicia”, explicó. También sostuvo que “existe de fondo un problema con la ley de financiamiento de los partidos políticos. Esa ley tiene lagunas, deficiencias; por eso, lo mejor es que haya una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados”, indicó. 

En el Senado bonaerense había algunos proyectos de ley que venía trabajando el senador peronista–mandato cumplido- Norberto García y que, desde principios de año, retomó el legislador oficialista Dalton Jáureguique preside la comisión de Reforma Política en la Cámara alta. 

Según supo Letra P, el Ejecutivo pidió a la Legislatura acelerar la discusión de estas iniciativas que apuntaban a regularizar y permitir aportes privados en el financiamiento de las campañas políticas e irían con una iniciativa propia. La palabra “transparencia” funciona como horizonte. 

También es un faro el proyecto a nivel nacional. Como informó Letra P, el Ejecutivo nacional apuesta, bajo la supervisión del secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, a avanzar en una ley de estas características que ya fue redactada y aguarda el visto bueno de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña. Entonces, la idea de la dirigencia bonaerense de Cambiemos es hacerlo a la par con la Nación.

Sustancialmente, lo que se buscaría en el orden nacional es poner en marcha un mecanismo en línea de declaración y monitoreo de aportes, tanto para las actividades partidarias como de campañas electorales; prohibir los aportes en efectivo -excepto las pequeñas donaciones- con el objetivo de promover la bancarización de los aportes para mejorar los niveles de control del dinero que circula en la política; aumentar la cantidad de auditores a cargo de la fiscalización de gastos de campaña y establecer mayores sanciones para los partidos o personas que reciban aportes del crimen organizado, entre otras medidas. Buena parte de estas ideas son las que Vidal y sus funcionarios imaginan en un proyecto de ley que se apruebe en la provincia de Buenos Aires y que deje atrás las esquirlas de la denuncia por los aportantes truchos.