Medios

Mucho más que un canal de YouTube

En los últimos meses, el entorno regulatorio de Internet está sacudido por los cambios en las normativas sobre neutralidad de la red en Estados Unidos y por el descubrimiento de la venta de datos personales por parte de Facebook a empresas con fines espurios (Caso Cambridge Analytica).

 

Este escenario da cuenta de que la capa de los “fierros” y la capa de los “contenidos”, dirigidos por los algoritmos, están en pleno estado de ebullición por presiones diversas de la sociedad civil, que exige una Internet libre y transparente y, por otro lado, de las grandes empresas que ven afectados sus intereses económicos. Estos gigantes digitales se desarrollaron al calor de una especie de anarco-capitalismo, con base en un modelo de autorregulación, pero hoy se topan con la necesidad de generar leyes.

 

Hace 15 días hubo otro cimbronazo en el ciberespacio. Esta vez, con repercusión directa en Argentina. Los canales de YouTube de las señales de la televisión estatal TV Pública, la señal privada de noticias C5N y el diario deportivo Olé, entre otras, fueron retirados por parte de la plataforma YouTube, cuya propiedad es de Google. Los motivos no se fundaron en la ideología de las señales y excedieron los límites geográficos. La plataforma de videos deshabilitó las señales a partir de denuncias de terceros por supuestas violaciones a derechos de autor y  Google se amparó en la legislación de Estados Unidos (Sección 512 del Acta de Copyright) para suspender a los canales de la web.

 

 

Estas empresas de medios poseen un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS, por sus siglas en inglés) provisto por la empresa YouTube. A través de un contrato voluntario entre las partes, YouTube le otorga la administración de manera centralizada de uno o varios canales dentro de la plataforma, la monetización de contenidos a través de publicidad y constituirse en partner con el medio de comunicación. Esta condición permite subir contenidos ilimitados en peso y duración, realizar transmisiones en vivo con determinados “niveles de protección” que un usuario común no tiene y la gestión digital de derechos en la plataforma. Este último aspecto es nodal, porque las señales pueden aplicar políticas propias para la distribución, el alcance y la monetización de los contenidos, a la vez que generan sus pautas de reclamación sobre las obras audiovisuales compartidas y gestionan los cruces de contenidos.

 

En esta dirección, los canales reciben una notificación (strike) cuando están infringiendo la ley de copyright o derecho de autor. Si las compañías suman tres strikes, YouTube da de baja al canal. Sin embargo, por su condición de partner, tienen protecciones más flexibles. Si exceden dicho número tienen un tiempo prudencial para negociar con los “reclamantes”. La empresa de medios se contacta con el titular de los derechos para llegar a un acuerdo. Si el titular (o supuesto) de los derechos lleva adelante una acción legal, YouTube no se responsabiliza y aguarda la resolución del fallo judicial y acciona a favor de éste.

 

 

 

El canal estatal, la señal C5N y otros recibieron en un mismo día más de tres strikes que no pudieron resolver rápidamente y, según fuentes de la emisora oficial, “por alguna razón, la protección especial de YouTube para los partners dejó de funcionar”. Las emisoras televisivas junto con YouTube trabajaron, mancomunadamente, para restablecer el servicio y las piezas audiovisuales que las señales fueron compartiendo en los últimos años.

 

Ahora bien, el relato podría ser solo una anécdota. Las señales están recuperando su funcionamiento y operatividad normales. Sin embargo, el modelo de autorregulación es el quid de la cuestión, porque no es transparente y genera un campo de tensiones al colisionar con el derecho a la libertad de expresión, la censura previa y el accionar del privado sin orden judicial previa, por lo que desatiende las recomendaciones de los estándares internacionales.

 

La compañía funciona como un gatekeeper dentro de la red y estos casos podrían leerse en clave de “transgresión” de las prescripciones internacionales, como los principios de Manila sobre la responsabilidad de los intermediarios, entre los que se destacan la no restricción de contenidos sin una orden judicial previa y en cumplimiento de los respectivos procesos de control.

 

En Argentina existe un proyecto de ley sobre la “responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet” (ISP, por sus siglas inglés) que en 2016 se aprobó en el Senado, pero en noviembre de 2017 no recibió el tratamiento parlamentario en la Cámara de Diputados. Este proyecto sostiene que los ISP no son responsables por los contenidos generados por terceros, por lo cual la remoción o el bloqueo de contenidos debe estar autorizado por una orden judicial (Artículo 7). Las voces que representan a diferentes industrias culturales se manifestaron, a través del hashtag #NoALaLeyPinedo, en contra porque este proyecto impide una protección eficaz a los titulares de los derechos de las obras intelectuales.

 

 

 

En 2017, el Gobierno abrió el debate sobre la necesidad de modificar la ley de Propiedad Intelectual N° 11.723. A pesar del acuerdo entre organismos de la sociedad civil y la administración nacional de actualizar esa ley, algunas de tales entidades manifestaron que el documento presentado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene una orientación punitivista.

 

Desde la industria audiovisual sostienen que necesitan un marco legal práctico y no aguardar la resolución de un juez para bajar un contenido, mientras que desde las organizaciones de la sociedad civil sostienen que hay que fortalecer herramientas para garantizar un “Uso Justo”. En esta dirección, la Relatoría de la ONU recomienda una “Smart Regulation” para asegurar que las plataformas adopten mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

 

 

 

Mientras esperamos debatir, consensuar y actualizar la ley de Propiedad Intelectual en Argentina, el esquema de autorregulación en el ciberespacio es la regla predominante y la asociación entre partners parece gozar de cierta camaradería.

 

 

Temas
La Agencia de Noticias Télam continúa cerrada y la intervención oficial resolvió abrir retiros voluntarios para achicar la estructura.
Héctor Magnetto, ceo de Clarín, titular indiscutidoy uno de los más afectados por el caputazo a la pauta oficial.

Las Más Leídas

También te puede interesar