En el marco de la causa en la que se investiga la compra irregular de autos diplomáticos, el ex titular de la Aduana Ricardo Echegaray quedó a un paso del juicio oral, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ratificara su procesamiento por "contrabando agravado".
Los camaristas de la Sala A del Tribunal de Apelaciones Edmundo Hendler, Nicanor Repeto y Juan Carlos Bonzón revocaron la fianza de 1 millón de pesos impuesta a Echegaray como condición de su excarcelación, informaron fuentes judiciales.
En este sentido, se le concedió al también ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el beneficio de libertad bajo caución juratoria, apuntaron.
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La franquicia utilizada para el ingreso del automóvil en cuestión "fue gestionada y concebida al margen del procedimiento específicamente establecido en dicho régimen", subrayaron los camaristas de la Sala A en un dictamen de la semana pasada de cuyo contenido se informó este lunes.
En ese sentido, destacaron que "el goce del beneficio no fue solicitado mediante el formulario de estilo que debe presentarse ante la Dirección Nacional de Ceremonial y por ende no se cumplió con la verificación", del trámite en favor del diplomático taiwanés.
El representante comercial de Taiwán involucrado "no se encontraba comprendido en alguna de las categorías de beneficiarios establecidas en ese régimen especial, ya que la República Argentina no mantiene relaciones diplomáticas ni vínculos oficiales con el país que representaba", puntualizaron los jueces del tribunal de alzada.
Al momento del hecho investigado, Echegaray se desempeñaba como jefe de la Aduana Nacional.
El automóvil de lujo, que luego fue vendido a un particular, había ingresado al país sin pago de impuestos, con la autorización por nota 1434 de 2006 firmada por Echegaray sin que interviniera el Ministerio de Relaciones Exteriores, como marca el procedimiento para las franquicias diplomáticas.
Vale recordar que Echegaray había sido procesado por el juez en lo penal económico de primera instancia Diego Amarante, quien le impuso prohibición de salida del país.