La implementación de la Policía Judicial en la provincia de Buenos Aires deberá seguir esperando ya que el gobierno de María Eugenia Vidal no tiene recursos económicos para ponerla en funciones, confiaron altas fuentes judiciales consultadas por Letra P. A cinco meses de la promulgación de la nueva ley, esta herramienta que tiene como objetivo generar un mejor servicio de justicia (más rápido, certero y dinámico), no saldrá a la cancha para jugar el partido contra la inseguridad y la corrupción. A esto se suma la decisión política de la mandataria, quien no ubicó el tema como prioridad de gestión, aunque avanza con una reforma judicial integral.
Por definición la policía judicial es una “una institución civil técnico- científica, organizada jerárquicamente, que asistirá y trabajará con el agente fiscal en la investigación, búsqueda, recolección, preservación y análisis de elementos de convicción y prueba en los procesos penales”. En la estructura administrativa depende del Ministerio Público Fiscal.
Durante la presentación de las estadísticas de delitos, el procurador general bonaerense Julio Marcelo Conte Grand, confirmó ante la consulta de este medio que no tiene fecha de cierta de puesta en funcionamiento, aunque expresó que acordaron “una mesa de trabajo con el ministerio de Seguridad para comenzar a unificar criterios”.
El funcionario vidalista explicó que en la actualidad están trabajando para fortalecer el área pericial de la fuerza de investigación para “consolidar lo técnico y tecnológico” y adelantó que “La Plata, Mar del Plata y Junín” serán los tres primeros departamentos judiciales en los que se pondrá en funciones ya que son los lugares con mayor cantidad de recursos técnicos y humanos.
Pese a este ejercicio de buena voluntad mencionado por Conte Grand, otras fuentes confirman los dichos, pero aseguran que “falta mucho” para una “puesta en funciones correctas” de los detectives judiciales. “Todavía no hemos capacitado a los investigadores”, expresó un integrante de la Procuración General quien reveló que “la provincia no tiene un mango para nosotros”.
“(Hernán) Lacunza es un buen ministro, honesto, pero se sienta arriba de ‘la caja’ y no te larga un mango”, se quejó uno de los voceros judiciales consultados.
El panorama planteado de falta de recursos económicos parece chocar con la información que emana desde el ministerio de Economía que, en sus habituales gacetillas, suele comunicar aumentos mensuales de la recaudación y toma de deudas a baja tasa en mercados internacionales. Además las arcas provinciales fueron beneficiadas con el pacto fiscal federal que firmaron todas las provincias del país. Además en el rubro erogaciones, el cierre de paritarias con trabajadores públicos marcan un aumento del 15%, menos de la mitad de la inflación esperada para este 2018, en la que varias consultoras estiman será del 32%.
La Policía Judicial es un viejo anhelo en la provincia de Buenos Aires. La primera promesa de implementación data del 25 de octubre de 1972 fecha en la que se promulgó la Ley 7950, primera norma para darle vida, cuerpo y forma a este anhelado cuerpo de investigadores de elite que deberá actuar ante el pedido de los fiscales en causas sensibles.
Desde entonces los gobiernos de distintos colores políticos que pasaron por la provincia más importante del país (por su peso económico, poblacional y electoral) se quedaron en las promesas.
El segundo impulso se dio recién en 1994 con la creación de cargos letrados y administrativos, pero quedó en eso. Ya en 2012 se sancionó otra ley. La 14.424 derogó a la 7950.
Pero desde el 16 de enero de este año, rige un nuevo cuerpo normativo que lleva el número 15.005. Cuenta con 23 artículos en los que se detalla qué es, para qué sirve y cómo deberá funcionar el gabinete de detectives bonaerenses de vanguardia.
En el año 2016, el primero de la gestión Vidal, se mencionó la posibilidad de asignar una partida presupuestaría específica para que comience a funcionar en 2017. Pero eso no ocurrió. En ninguno de los discursos de apertura de sesiones de la gobernadora, se hizo mención específica del tema, más allá de las definiciones generales de una reforma judicial que avanza al paso de ese poder del Estado: lento. Las negociaciones políticas empantanan la designación de magistrados y creación de nuevos cargos.
