El microcine del Ministerio de Hacienda se colma, de repente, con trabajadores de ATE Mecon. Difunden un ruidazo a arrancar en minutos en el hall del edificio de la calle Yrigoyen. Además, pancartas en mano y con cánticos contra el Gobierno, explican que están en alerta por una paritaria que el oficialismo llevaría a no más del 12%, en pleno escenario de repunte inflacionario. Paradójicamente, justo en ese escenario los ministros de Economía, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra, debían anunciar el Plan de Control y Reducción de Gastos de la Administración Pública Nacional, que prevé un ahorro de unos $20.400 millones, monto que el propio Dujovne adelantó que “para muchos puede sonar a poco”. Se trata de recortes en viáticos, gastos operativos, de personal y venta de vehículos oficiales que se dejarán de utilizar, además del freno a las contrataciones de empleados por 24 meses. Naturalmente, el clima caldeado en Hacienda terminó moviendo la conferencia a la Casa Rosada, justo cuando la Plaza de Mayo ya empezaba a colmarse por los manifestantes de la Marcha Federal.
El objetivo de la medida, que se comunicará por vía de decreto la semana próxima, es netamente político y gestual en un momento complejo para el Gobierno en el relacionamiento con dos actores centrales: la sociedad, sector en el que viene perdiendo imagen positiva, y los inversores y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, a días de cerrarse el acuerdo, piden pruebas de amor que demuestren que Argentina es un escenario confiable para enterrar capital y prestar con garantía de devolución. Al primer sector, la gente, el Gobierno busca mostrarle que el Estado también hace un esfuerzo en gastos menores en la torta total, pero algunos suntuosos y que repercuten en la opinión pública de manera negativa, como los viajes en clase ejecutiva y los autos con chofer.
Los vehículos oficiales solo podrán trasladar a funcionarios de rango superior a secretarios, a la vez que se prohíbe la contratación de viajes en clase ejecutiva “a toda persona con rango inferior a ministro o equivalente". En este último punto, el Gobierno estima una disminución de gastos del 30%.
Al segundo pelotón de interés para Cambiemos, los empresarios y el FMI, el Gobierno les debe la sustentabilidad política de lo que queda del año y el ingreso de dólares que respalden las divisas que no ingresarán en pleno ajuste. Ya desde el mismo Ministerio de la Producción admiten que la devaluación, la inflación y la súper tasa del Banco Central redundarán en un enfriamiento de la economía. Aún en este contexto, el anuncio de Dujovne e Ibarra es un embrión de una contracción más dura, que llegará con las condiciones que Christine Lagarde le ponga al convenio.
Dujovne, visiblemente incómodo por los acontecimientos en Hacienda y bajo justificación de una reunión del gabinete en Olivos, solo presentó el plan y se retiró rápido, sin responder preguntas. El detalle le quedó a Ibarra, el ministro que el presidente Mauricio Macri puso desde el inicio de la gestión en la tarea de achicar la maquinaria de la administración pública. Fue el que debió negar que el ajuste respondiese a un pedido del Fondo. “Eso no se pide, se sobreentiende”, contó a Letra P una fuente oficial, que admitió el carácter gestual multilateral de comunicar un programa que, como dijeron los ministros, “se venía trabajando desde hace dos años y medio”, pero que se presentó precisamente en el actual contexto.
"Desde el uno de enero, el Estado argentino no va a tener más trámites en papel. Es un decreto revolucionario que estoy adelantando. Habrá un Estado digital", dijo Ibarra adelantando otro de los puntos de la medida general. Y gambeteó ágilmente una de las preguntas del millón: “¿Reducir ministerios? No lo puedo contestar. Ésa es una pregunta para el Presidente”. Ése es el rumor más fuerte que circula en el Poder Ejecutivo.
Para el afuera del Gobierno, hay algunos puntos que preocupan. Si el plan generará despidos y qué pasará con los presupuestos de los organismos descentralizados y las empresas públicas, que serán revisados por Modernización. En esta línea, se adelantó que, en base a retiros voluntarios y cese de contratos provisorios, se intentará reducir la planta un 3% entre 2018 y 2019.
Lo más polémico es, sin dudas, la caída en los convenios por Asistencia Técnica, que dejan de estar habilitados a fin de año y queda sin efecto la modalidad de servicios. Según publicó el portal de la señal TN en base a información oficial, esto supone siete mil prestadores de servicios menos a las universidades.
