CRISIS EN BRASIL

Lula cumple un mes de prisión y acelera ante el Supremo

El Partido de los Trabajadores mantiene su candidatura presidencial, pese a su imposibilidad legal. Pero el alto tribunal debe decidir sobre un pedido de liberación.

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cumple este lunes un mes de prisión por una condena de 12 años y un mes por corrupción, en medio de un convulsionado clima social desencadenado por su detención y con el ojo puesto en el Supremo Tribunal Federal, que esta semana podría liberarlo.

 

Mientras, el Partido de los Trabajadores de Lula y sus principales dirigentes, como la expresidenta Dilma Rousseff, siguen asegurando que el ex mandatario es un "preso político" y que será, incluso preso, su candidato a las elecciones del 7 de octubre, en las que las encuestas lo señalan como amplio favorito.

 

La Central Única de Trabajadores prepara para este lunes diversos actos en todo el país, pero con el foco en el Sindicato de Metalúrgicos de San Pablo, donde Lula estuvo recluido dos días rodeado de miles de simpatizantes antes de entregarse en cumplimiento de la orden de prisión del juez Sérgio Moro.

 

"El 7 de mayo será una jornada de lucha contra una prisión política e injusta. Será una fecha del movimiento ‘Lula libre’. Lula es el único líder que, siendo candidato, puede revertir la ley laboral modificada por el Gobierno de Michel Temer", dijo el secretario general de la CUT, Sérgio Nobre.

 

Con Lula preso en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, capital del estado de Paraná, fronterizo con la provincia de Misiones, la atención nacional se corrió hacia allí.

 

Un acampe que diariamente le grita "buenos días" al ex presidente se transformó en la principal imagen de la "resistencia" del PT a la operación Lava Jato (“lavadero de autos”) conducida por Moro.

 

El Supremo negó recursos urgentes para liberar a Lula en los primeros días de prisión y postergó el debate por tiempo indeterminado sobre la constitucionalidad de la jurisprudencia por la cual está preso el ex presidente, que indica que se puede detener a alguien con condena en segunda instancia, antes de que exista sentencia firme, como realmente dice la Constitución.

 

Sin embargo, la precandidatura de Lula, ratificada por la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, fue objetada por Gilmar Mendes, uno de los jueces del STF y uno de los "garantistas" a favor de liberarlo.

 

"No hay chances de que sea candidato ante la justicia electoral", dijo Mendes, frente a la inscripción de candidaturas que se realizará el 15 de agosto. Es que según Mendes, el caso de Lula cae dentro de lo previsto por la llamada ley de “ficha limpia”, que impide a condenados en dos instancias ser candidatos.

 

"No hay plan B, ni plan Z, ni plan Y. Hay Plan LL, el plan es Lula libre, el Plan Lula candidato, el Plan Lula presidente", dijo Jaques Wagner, ex gobernador de Bahía y considerado un presidenciable del PT si Lula es inhabilitado, quien visitó al ex mandatario el jueves.

 

 

Wagner afirmó que Lula le pidió que transmita que “tengo más votos en la manija de mi ataúd que todos ellos juntos", para ratificar que su popularidad (favorito con 31% en primera vuelta y 52% en segunda) tendrá fuerza ante la justicia electoral.

 

El primer mes de Lula detenido reveló también un enfrentamiento sin precedentes entre el Supremo y el juez federal Moro, que en primera instancia encontró al ex presidente culpable de haber recibido como soborno un departamento en el balneario paulista de Guarujá.

 

"Tortura" calificó Mendes al llamado "método Moro", consistente en la imposición de prisiones preventivas prolongadas.

 

En este mes, el máximo tribunal de Brasil le retiró a Moro el caso por las "delaciones premiadas" de ejecutivos de Odebrecht en otra causa vinculada a Lula por una cuestión de jurisdicción.

 

Se esboza así por primera vez una reacción de la máxima corte a los poderes extraordinarios que la cámara de apelaciones de Porto Alegre le otorga a Moro desde 2014, cuando comenzó la operación Lava Jato.

 

La Sala II de la Corte Suprema tiene plazo hasta el 10 de mayo para decidir si el juez Moro anticipó el procedimiento de detención de Lula.

 

La sala es la de los llamados "garantistas" que aceptaron un recurso de la defensa del expresidente. Cuatro de los cincos magistrados supremos de la Sala II están a favor de declarar inconstitucional la jurisprudencia de 2016 que afecta a Lula y que permite la detención de un condenado en dos instancias.

 

La Constitución dice claramente que solo puede ser privado de libertad un condenado que agotó todas las instancias.

 

El voto de este recurso es electrónico y puede ser hecho hasta antes del jueves.

 

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