La protesta de los camioneros brasileños, que mantuvo paralizado al país generó una aguda escasez de combustibles y alimentos frescos, cumple este martes su novena jornada con la persistencia de algunos bloqueos de rutas pero con una paulatina normalización del tránsito de personas y mercancías alrededor de las principales ciudades. En tanto, el Gobierno de Michel Temer cedió a las presiones empresariales y modificó su postura inicial de elevar impuestos para compensar la caída de los ingresos generada por la eliminación de dos gravámenes para permitir una reducción del 12% en el precio del gasoil.
Según informaban medios brasileños, pese a que camioneros autónomos, esto es no encuadrado en organizaciones gremiales, mantenían algunos piquetes, la situación mejoraba en ciudades como San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Curitiba. Pese a ello, la situación alcanzó tal gravedad que normalizar el país tomará semanas, dijeron las autoridades.
El gobernador del estado de San Pablo, Márcio França, aseguró que camiones con combustible ya comenzaron a salir de las refinerías para abastecer a las estaciones de servicio. En tanto, la alcaldía paulistana anunció que ya circula el 70% de la flota de colectivos en horas pico.
Mientras, el ministro de Hacienda, Eduardo Guardia, aseguró que el Gobierno no aumentará impuestos para compensar el subsidio al gasoil que fue parte del acuerdo con los sindicatos.
“No haremos aumentos de impuestos. Vamos a optar por una reducción de incentivos fiscales”, señaló en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Senado.
La aclaración tranquilizó al mercado financiero y al empresariado, que además recela de otro punto acordado entre el Gobierno federal y los camioneros: el establecimiento de un precio mínimo para los fletes.
Según los empresarios, eso puede incrementar sus costos de logística. Sin embargo, el Gobierno se defendió argumentando que había urgencia por terminar con la medida de fuerza.
Este miércoles está previsto el inicio de un paro de petroleros por 72 horas para forzar la renuncia del titular de Petrobras, Pedro Parente, señalado por una política de desregulación del mercado de los combustibles que derivó desde julio del año pasado en un incremento de precios del 55%.
