Los países más enfrentados con la Venezuela bolivariana buscaron expresar sus quejas por todos los medios posibles desde el domingo, día en que Nicolás Maduro logró la reelección hasta 2025 en medio de denuncias de irregularidades. Lo que no estaba en los cálculos de nadie era que uno de ellos, Brasil, se viera imposibilitado de acompañar uno de los textos de condena, emitidos nada menos que por cancilleres que habían llegado a Buenos Aires para participar el lunes de una reunión del Grupo de los 20.
El primer bloque que se expresó fue el Grupo de Lima, un conjunto de 14 países de la región, que acordó llamar a consultas a respectivos embajadores en Caracas, de modo de “reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela". Argentina y Brasil forman, desde ya, parte de dicho grupo y actuaron en consonancia con lo resuelto.
Pero en Buenos Aires estaba representado nada menos que el Departamento de Estado norteamericano, en la persona de su secretario adjunto para las Relaciones Hemisféricas, su responsable para la región, John Sullivan. Por eso, la cancillería argentina decidió insistir sobre el punto, lo que derivó en la Declaración Conjunta sobre Venezuela, respaldada, además de Estados Unidos, por México, Chile, Australia y Canadá. Llamativamente, no por Brasil, tema por el que se le preguntó en conferencia de prensa al canciller, Jorge Faurie, sin que terminara de arrojar luz sobre el desencuentro.
El texto de la “declaración de Buenos Aires” señala que “teniendo en cuenta la falta de legitimidad del proceso electoral venezolano, (los mencionados países) desconocen los resultados de las elecciones (…) al haber sido convocadas por una autoridad ilegítima (Asamblea Nacional Constituyente), excluyendo la participación de actores políticos, que no ha contado con observación internacional independiente ni con garantías para que este proceso pueda ser aceptado como libre, justo, transparente y democrático”. “Los países que se suman a esta Declaración entendemos que esta elección ilegítima es una clara reafirmación de la ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela”, añadió.
Brasil -que estuvo representado por el secretario general de su Cancillería, Marcos Galvão, debido al viaje a Asia que debió realizar el ministro Aloysio Nunes- no apoyó el texto. La razón es incómoda para Itamaraty: la referencia general, vaga, a la “exclusión” de la “participación de actores políticos”. Lo que para Faurie fue una alusión evidente a Leopoldo López, a Henrique Capriles y otros opositores detenidos, inhabilitados o exiliados, resultó peligrosamente ambigua para Brasil.
En efecto, el eco del planteo podría haber dado argumentos a quienes denuncian que Luiz Inácio Lula da Silva corre riesgo de no poder participar de la elección presidencial de octubre, pese a encabezar con holgura todas las encuestas, en virtud de jurisprudencia (la prisión sin sentencia firme) y de una ley (la de “ficha limpia”, que retira los derechos electorales a condenados en segunda instancia) de constitucionalidad más que discutible. Sería, en esa tesis, “un actor político excluido”.
Así las cosas, en soledad y en medio de una fuerte incomodidad de las cancillerías de Argentina y Brasil, el país vecino emitió un comunicado propio. El mismo denuncia, de modo más específico, “las condiciones en las que se llevó a cabo” la elección venezolana, con “numerosos presos políticos, partidos y liderazgos políticos inhabilitados, sin observación internacional independiente y en un contexto de absoluta falta de separación entre los poderes”.
Independientemente de los desvíos autoritarios de Maduro, el Brasil de Michel Temer no puede erigirse en un faro para la democracia en la región, ni por su origen en un polémico juicio político ni por casos como el de Lula.
En todo caso, llama la atención que la Cancillería argentina no haya atinado a elaborar un texto digerible para Brasilia, a tono con el del Grupo de Lima.
