"Como peronismo, ustedes van a hacer un papelón". Vicente Palermo es el titular del Club Político Argentino, el Carta Abierta del gobierno de Cambiemos, un grupo de pensadores, politólogos, hombres de la cultura y economistas que aseguran tener un apoyo crítico a la gestión Macri. La afrenta, entusiasta, fue en dirección a Daniel Arroyo, uno de los referentes económicos del Frente Renovador. Ambos compartieron programa en el canal LN+ y se prendieron en un interesante contrapunto sobre los aumentos de tarifas. Palermo, un confeso ex peronista, sostenía la teoría de que, más allá de que el Gobierno comunica mal, el tema tarifario estaba bien explicado y que, al fin y al cabo, "los precios dan señales". En ese escenario, le recriminaba al peronismo y al massismo la presentación de un proyecto de ley equivocado, justo en la previa del debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de un proyecto para retrotraer las tarifas de servicios públicos a diciembre de 2017 que propone, además, actualizarlas por variación salarial y rebajar 50% el IVA.
No fue la única defensa a ultranza del tarifazo en pleno Día del Trabajador. También llegó un duro comunicado del Foro de Convergencia Empresarial, polo corporativo que nuclea a empresas grandes de servicios y algunas industrias y que nació como cámara alternativa para combatir al kirchnerismo en su última etapa. Conviven allí, a tono personal y no institucional, dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), la Bolsa, la Cámara de la Construcción (Camarco), los bancos privados internacionales y varias empresas de medicina prepaga como Swiss Medical, OSDE y Galeno.
Vicente Palermo junto al ministro Lombardi, la semana pasada, en los diez años del Club Político Argentino.
¿Cómo ocurrió eso en el día menos laborable del año después de las Fiestas? ¿Por qué los CEOs se pusieron a redactar un comunicado de respaldo desde sus lugares de descanso en el fin de semana XL? Hay un origen. El viernes último, varios funcionarios nacionales vinculados al equipo económico hablaron con contactos del Foro de Convergencia, centro empresario que integró hasta hace poco el actual ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, ex jefe de La Rural, y en el que revistan otros hombres cercanos al oficialismo, como el titular del Colegio de Abogados de Capital, Guillermo Lipera, y Gabriel Martino, jefe del HSBC y uno de los banqueros favoritos de Macri. En las charlas informales, el Gobierno confesó que necesita "una mano" de los sectores que entienden que los aumentos tarifarios eran necesarios y que hay que sostenerlos, precisamente, en la semana clave del tema: la víspera de los debates parlamentarios, que la oposición ha tomado como bandera para ganarle la agenda al oficialismo mientras busca rearmarse y conseguir un candidato unificado para pelearle a Cambiemos en 2019.
El Foro de Convergencia representa a grandes empresas que están sintiendo afectada su actividad empresaria, pero no precisamente por los aumentos tarifarios. Dentro del Foro no hay pymes, las más golpeadas por las subas en luz y gas. Desde dentro del conglomerado de CEOs reconocieron a Letra P que el Gobierno sugirió ser ayudado. El Ejecutivo tiene un problema serio con el tema: las encuestas de malestar de la clase media por las tarifas incluyen un descreimiento de las explicaciones oficiales. Ergo, solo con el discurso oficial no alcanza para torcerle la mano al polo opositor en el Parlamento. La semana última, el propio Macri realizó un falso vivo desde Vaca Muerta, donde dio una pseudo cadena nacional para explicar por qué es conveniente recomponer tarifas. Para el Ejecutivo, la apuesta simbólica fue positiva, pero, en los papeles, el mensaje no rindió sus frutos en materia de impacto en la opinión pública.
En este contexto, el Gobierno decidió liberar a los aliados más duros y pedir respaldo para lanzar una especie de contraofensiva para recobrar la iniciativa en la agenda pública. Pero es una guerra, en este caso, más emotiva y psicológica que práctica y técnica. En la Casa Rosada saben que los argumentos opositores han sido, hasta el momento, más simples y llegadores. Las tarifas no se pueden pagar, porque el dinero no alcanza. Y los aumentos han sido muy superiores a la inflación y en un lapso demasiado corto para acompañar el gradualismo. Así, el Foro de Convergencia salió duro: "La fijación de tarifas de los servicios públicos debe ser una política de Estado responsable y compartida", señaló y agregó que los partidos de la oposición tienen que trabajar junto al Gobierno para "encontrar soluciones a la crítica situación del mercado energético". Calificó además a los proyectos opositores como aquellos que "cambian las reglas de la actividad económica y desalientan la inversión".
Cornejo, el Gobernador de Mendoza que desató la furia radical contra los aumentos de tarifas.
"El Foro de Convergencia Empresarial hace un llamado a la responsabilidad de los dirigentes políticos de todos los partidos para que trabajen en conjunto con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones a la crítica situación del mercado energético, sin apelar a recursos demagógicos que nos hagan retroceder en el camino iniciado", se enfatizó.
El congelamiento de tarifas de los servicios públicos en electricidad, gas y transporte, entre otros rubros, produjo, a criterio de los empresarios, "distorsiones significativas en los mercados y llevó a la Argentina a convertirse en un importador neto de recursos energéticos cuando antes los exportaba".
"Sabemos -aseguraron en un comunicado- que la solución de esta situación no es fácil y tiene un impacto importante tanto en las economías familiares como en las empresas en las cuales la energía es un insumo relevante, sean éstas del tamaño que sean".
Por tal motivo, el Foro de Convergencia Empresarial consideró que "es imprescindible dejar de lado las especulaciones electorales y el afán de confrontar con el Gobierno, que están claramente presentes en las propuestas presentadas por diversos sectores de la oposición".
También demanda "aceptar las decisiones ya tomadas que, siguiendo las pautas dictadas por la Corte Suprema de la Nación, fueron aprobadas en audiencias públicas".
Detrás de esta apuesta está la primera pelea política y de posicionamiento en la previa de las presidenciales del año próximo. Y el Gobierno está dispuesto a no resignar terreno en una lucha que se le viene haciendo muy cuesta arriba. Ya abrió un frente de conflicto con los gobernadores y habrá quejas de los intendentes en el marco del pedido de resignar impuestos.
