Ganó Juan José Aranguren, una vez más, y reforzó la idea de que el ministro de Energía es 100% Mauricio Macri. El ex Shell es el mejor alumno dentro del Gabinete, el que promete, cumple, y no se preocupa demasiado sobre las tensiones en torno a gradualismo o shock. Por medio de su publicación en el Boletín Oficial, el Ministerio de Energía confirmó el inicio de la re-privatización de la transportista eléctrica Transener. Lo hizo anunciando que le va a pagar $13,3 millones a la gestora Price Waterhouse & CO para que se encargue del “diseño y la estructuración del proceso de enajenación de la participación accionaria” de Enarsa (la estatal Integración Energética Sociedad Anónima) en la empresa Citelec (Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica S.A., accionista principal de Transner). Hoy, Transener está articulada de la siguiente manera: la sociedad Citelec está compartida en 50 y 50 por la estatal Enarsa y Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin. Mientras que la mitad restante flota en la Bolsa y un 20% está en manos de Anses.
La venta de la participación estatal en Citelec generó un fuerte contrapunto a principios de año entre el radicalismo y Aranguren. Mario Negri, Angel Rozas y el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, rubricaron un documento con críticas directas al remate de una empresa estratégica. Pero la respuesta de Aranguren fue casi instantánea. Les recordó que Transener está en buena posición gracias a la recuperación tarifaria que él mismo impulsó, y que ese estatus la hace muy atractiva para posibles compradores. En lo más candente de la disputa, Negri tomó distancia y el tema quedó en manos de Cornejo, que es quien interactúa a diario con el cerebro energético de los radicales, el ex ministro de Energía de Raúl Alfonsín, Jorge Lapeña. Hace unos meses, el Instituto de Energía General Mosconi (IAE), que preside Lapeña, aclaró que sería “un grave error ceder el control de Transener en el momento clave del nacimiento de una nueva etapa eléctrica en Argentina y de las transformaciones que pretende llevar adelante el Gobierno”. Y recordó la privatización de la compañía que se hizo en el año 1993. Las paradojas de las políticas y los negocios hacen que uno de los que compraron en aquella privatización vuelva a estar hoy en la fila para hacerse de la participación de Enarsa. La referencia es a la firma Pérez Companc, que en los ’90 fue titular de Citelec con National Grid y que hoy estaría dispuesta a desembolsar una cifra millonaria para reingresar fuerte a los negocios en la Argentina, luego de años de ostracismo.
Lapeña, ex secretario de Energía de Alfonsín, el principal opositor a la venta de Transener.
Desde los allegados a Mindlin descartaron ante Letra P que haya una idea de comprar acciones o influir en un futuro comprador. “Es un decisión de la gente de Enarsa”, detallan. Lo cierto es que, técnicamente, es impracticable esa operación, dado que Mindlin ya tiene la distribuidora Edenor, y podría favorecerla con el destino energético que transporta Transener.
En el radicalismo, en tanto, sospechan que detrás de la entrega de un bien estratégico -Transener es la principal empresa del sector, con una red nacional de alta tensión de casi 8.800 kilómetros, y otros 5.500 km operados en la provincia de Buenos Aires a través de Transba S.A.- hay un ansia de caja por parte de Aranguren. A principios de año, el activo Transener estaba tasado en U$S1200 millones, pero en el sector creen que hoy ya vale U$S300 millones más, con el impacto de las tarifas aumentadas que mejoraron los flujos y la rentabilidad de la compañía. Fuentes de Gobierno contaron a este medio que Aranguren convenció a Macri de la venta de acciones con el argumento recaudatorio. El dato se vuelve más fuerte cuando en el seno del Parlamento se empieza discutir el proyecto de ley de la oposición para retrotraer los aumentos de tarifas, algo que le costaría al Estado $100.000 millones, poniéndole la caja en un rojo difícil de remontar.
Desde la UCR reconocen que la pelea por el tema Transener está perdida, pero recuerdan que Lapeña -que salió del directorio de Enarsa en medio del conflicto de los radicales y el PRO por Transener- firmó un documento con 10 razones para no privatizar la empresa. “Si el objetivo es sólo recaudatorio, hay 9 razones más para no entregarla”, concluyeron.
