La llegada incesante de militantes, el sinfín de cánticos desafiantes, la continua llegada de dirigentes que se solidarizaban, la reiteración de recursos judiciales presentados y rechazados, así como la sucesión de noticias, trascendidos y conjeturas mutaron, con el correr de las horas, de película en postal fija. La instalación de Luiz Inácio Lula da Silva en la sede del sindicato de los metalúrgicos en el suburbio paulista de São Bernardo do Campo, rodeado de miles de incondicionales aparentemente dispuestos a todo, constituyó un potente mensaje político sobre el presente de Brasil y, más aun, sobre su futuro.
Si un signo se sostiene, deviene en mensaje. Más todavía cuando excedió el plazo de las 17 horas de este viernes dado por el juez federal Sérgio Moro, no se sabe si como contribución a la paz social o como ultimátum para una rendición incondicional.
Lula terminará tras las rejas. Es inevitable. Por eso maneja la calle ya no para eludir ese destino sino para acelerar el paso siguiente: su salida. Mientras, no les dará a sus enemigos la satisfacción de entrar con una bandera blanca en la mano.
A pesar de que la manifestación que lo arropó fue multitudinaria pero no la “pueblada” que el Partido de los Trabajadores podría haber soñado en horas menos funestas, el ex presidente demostró que es el único líder político capaz de manejar la hornalla para hacer hervir o simplemente dejar tibio el caldo que se cocina en la olla de presión.
El caldo no es otro que la amenaza implícita de violencia. Los principales canales de televisión de Brasil contaron la jornada desde las afueras del sindicato, con periodistas saliendo al aire por teléfono, esto es sin “hacer cámara”, y presentando tomas panorámicas, algo elocuente sobre lo difícil que les resultaba enviar móviles a un terreno hostil.
El miedo no es zonzo. Conforme se extendía la vigilia, se sucedían informaciones sobre ataques a equipos de periodistas, rotura de vidrios de autos de algunos detractores, enfrentamientos a golpes a las puertas del Instituto Lula y piquetes y barricadas en diversos puntos del país.
Ese fue el mensaje central, sobre el que se montaron otros, dirigidos primero que a nadie a Moro, a la corte de alzada que determinó la condena en segunda instancia que hizo posible el pedido de detención y al Supremo, que por mínima mayoría ignoró que la jurisprudencia con la que avala el cumplimiento anticipado de sentencias es manifiestamente violatorio del principio constitucional de presunción de inocencia. Porque Lula no se profugó sino que se estableció, como dijo la presidenta del PT Gleisi Hoffmann, “en un domicilio público y resolvió quedarse en el lugar que es símbolo de resistencia y lucha de los trabajadores y trabajadoras”. En buen romance: no voy, vengan a buscarme.
No fueron, claro, porque la llegada de cualquier comitiva policial habría derivado en un desastre. Ese fue un modo de recordarles que que, aun en la derrota, es capaz de sumir en la impotencia a la critarquía que presume de tener a Brasil en su puño.
Ese mensaje sostenido también se dirigió a la clase política que, en gran medida, chapotea en el fango del petrolão. Si este Lula que retiene vestigios de su viejo poder termina entre rejas, ¿qué les cabe esperar a ellos, desde el presidente Michel Temer hasta el bajo clero del Congreso? La idea es que va a ser mejor que alguien se ponga manos a la obra para comenzar la desactivación de la operación Lava Jato, una tarea que no admite grietas en la corporación política.
Esa tarea va comenzar por el propio Supremo Tribunal Federal, que por haberse puesto sensible a los deseos de la calle habilitó toda una nueva juridicidad punitivista, basada en las prisiones preventivas interminables destinadas a producir “arrepentidos” y en la conculcación del derecho de los reos a aguardar en libertad el “tránsito en juzgado”, es decir la sentencia firme, principio establecido en el artículo 5, inciso LVII, de la Constitución. Más temprano que tarde, el STF deberá abocarse a la cuestión de fondo, ocasión en la que se espera que la inefable ministra Rosa Weber vote, por fin, de acuerdo con lo que ella misma describe como su consciencia y las cosas vuelvan a su cauce.
Según los abogados de Lula, eso ocurrirá “en pocos meses”, ni bien la alta corte encuentre el resquicio político para instalar ese debate necesario. La idea es que entonces salgan de prisión numerosos condenados por corrupción en segunda instancia y tengan un respiro los que van en camino de serlo.
Vistas las cosas bajo esa luz, parece que con su resistencia Lula preparó, más que su entrega, su futuro retorno a la libertad.
Ese momento llegará, pero no antes de que se permita a la mitad del Brasil que odia a Lula y al PT, básicamente gente de clase media de las grandes ciudades, disfrutar su desahogo. Mientras el país contenía el aliento en una jornada tensa e interminable, estos esperaban ya de noche en sus balcones, cacerola en mano, para ver por fin preso al centro de sus fobias.
Lula es víctima de una juridicidad que se ha torcido demasiado, pero no es un inocente. Procesos aparte, sus responsabilidades políticas son cuantiosas y sin consignarlas no se entiende cómo puede terminar de este modo deshonroso una etapa política en la que logró cumplir su épica promesa de 2002: que todos los brasileños coman por lo menos tres veces por día.
¿El famoso tríplex es suyo? ¿Fue una coima de la constructora OAS a cambio de contratos arreglados en Petrobras? ¿Es Lula culpable en los otros juicios que se le siguen? Él sabrá la verdad y, si actúan con honestidad intelectual, los jueces se acercarán a ella. De lo que no cabe duda es que bajo su mirada al menos indolente el poder político usó a Petrobras y a otras grandes empresas estatales como cajas para financiar en negro la política y para comprar mayorías legislativas que el PT nunca pudo alcanzar en las urnas. La propia petrolera reconoció en sus balances, cuando todavía gobernaba Dilma Rousseff, un desfalco de 2.000 millones de dólares que no pueden minimizarse como un detalle.
Ni Lula ni el PT inventaron la corrupción en Brasil, pero cabalgaron sobre ella nada menos que trece años. En esa responsabilidad, política cuando menos, se dirime una malversación de los sueños de millones de brasileños que, con él en el palacio del Planalto, se sintieron por primera vez representados, respetados y valorados.
Cuando Lula caiga, medio Brasil llorará y el otro medio celebrará en la Avenida Paulista y otros lugares emblemáticos de la clase media. Y cuando salga, se invertirán los roles.
Mientras ese proceso se desarrolla, el país seguirá dejando en el camino jirones de su institucionalidad y de su paz social.
En octubre, más que las urnas en busca de un resultado, lo que se abrirá será una caja de Pandora. Como se sabe, debajo de todos los demonios desatados quedará, siempre olvidada, la esperanza.
