PRECIOS SIN CONTROL

Las provincias se plantan contra el proyecto del Gobierno por tarifas

El texto que busca prohibir que las empresas de servicios públicos incorporen impuestos locales en sus boletas entró este martes al Senado. El peronismo federal ya anticipó que no acompañará.

El proyecto que el oficialismo presentó en el Senado como respuesta a la embestida opositora por los tarifazos, que establece que las empresas de servicios públicos no podrán incluir en sus facturas tasas o cargos municipales o provinciales, ya encontró resistencia en la oposición, sobre todo en legisladores alineados con gobernadores, que anticipó que no lo apoyará en ninguna de las dos Cámaras.

 

“No tiene ningún sentido, es maquillaje, no es lo que estamos discutiendo. El Gobierno no está mirando la realidad de lo que está pasando en Argentina. Los representantes de Tucumán no lo vamos a acompañar”, afirmó a Letra P el tucumano Pablo Yedlin, miembro del interbloque Argentina Federal, que conduce el salteño Pablo Kosiner.

 

La posición del espacio que responde a los gobernadores quedó clara durante la sesión en la que la oposición intentó tratar proyectos contra el aumento de tarifas. “Hay provincias que no cobran impuestos. No es verdad que esto se resuelva en que cada provincia haga lo que pueda. Vamos a generar más desigualdades. Sacarle el 4% de Ingresos Brutos a algunas provincias es ampliar la brecha de desarrollo. Les estamos sacando uno de los pocos recursos propios que tienen”, remarcó Kosiner en su intervención.

 

 

El proyecto del oficialismo ingresó este martes al Senado - bajo el número 1317/18- con la firma del misionero Humberto Schiavoni (presidente del PRO), la tucumana Silvia Elías de Pérez, el bonaerense Esteban Bullrich, y los riojanos Julio Martínez y Olga Brizuela y Doria de Cara. A excepción de Bullrich, ninguno de los firmantes responde a gobernadores que podrían verse afectados con la eliminación de las tasas. En el caso de Buenos Aires, la propia gobernadora María Eugenia Vidal anunció que eliminaría impuestos incluidos en la factura de la luz, aunque luego se reveló que esos cargos habían sido judicializados, que la provincia no los cobraba desde 2016 y que recién los había reimplantado este año.

 

“Habrá que analizar la constitucionalidad de esa medida, porque tiene que ver con recursos de las provincias”, dijo a Letra P el misionero Maurice Closs. El ex gobernador señaló, además, que el Gobierno nacional “le mete la mano en el bolsillo a la gente y a las provincias pero a las empresas nunca”. “Para el Gobierno lo que no se toca nunca son las tarifas que cobran las empresas, eso no se cuestiona”, apuntó.

 

 

 

En sintonía, el salteño Rodolfo Urtubey también puso en duda la viabilidad constitucional de la ley. “Tenemos un tema técnico. Si esto es un tema impositivo, la ley debería generarse en la Cámara de Diputados. Y por otro lado hay que ver qué alcance puede tener como ley nacional. No se puede obligar a las empresas provinciales. Hay que estudiarlo. No sé si es una atribución federal”, dijo ante la consulta de este portal.

 

Más allá del análisis constitucional, en el Congreso la lectura principal sobre el proyecto que presentó el oficialismo es que fue una mera respuesta política a los movimientos que viene haciendo la oposición con la discusión sobre tarifas, que incluye la coordinación de los diferentes bloques y la instalación del tema en la agenda mediática. Máxime cuando la iniciativa fue enviada al Senado, donde están representadas las provincias y no tiene chances de ser aprobada.

 

Rocío Bonacci, diputada de La Libertad Avanza, autora del proyecto para penalizar el aborto.
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