El Supremo Tribunal Federal de Brasil acotó el poder del juez Sérgio Moro al quitarle las causas derivadas de la delación de los ejecutivos de la constructora Odebrecht contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que podría suponer un precedente en el caso del tríplex de Guarujá, por el que comenzó a cumplir el último 7 de abril una condena de 12 años y un mes de prisión.
La sala segunda del STF decidió el martes por 3 votos contra 2 enviar a la justicia ordinaria de San Pablo dos causas que pueden complicar más a Lula: la delación de Odebrecht sobre reformas en el Instituto Lula y en una quinta en la localidad de Atibaia.
"El caso no tiene relación con Petrobras", esgrimió el juez supremo José Días Toffoli, que dio el voto que por primera vez en cuatro años le disputa a Moro el poder por el control de las delaciones de Odebrecht.
Es que Moro estaba autorizado por el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre -la misma cámara que confirmó la condena a Lula por el tríplex- a centralizar el Petrolão y la delación de Odebrecht. Tenía poderes extraordinarios de jurisdicción.
Pero la Corte adhirió a la línea que esgrimía la defensa, según la cual la fiscalía de Curitiba, corazón de la operación Lava Jato, pretende vincular todas las causas a desvíos en Petrobras para poder mantener el control de los expedientes.
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El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, se declaró satisfecho con la decisión del Supremo que, aseveró, confirma “algo que salta a los ojos y es la ausencia de competencia (de Moro)”.
El defensor del ex mandatario aseguró que esa determinación será la base argumental para presentar nuevas apelaciones que permitan revisar la sentencia por el tríplex de Guarujá, supuestamente una coima pagada por la constructora OAS.
"Vamos a analizar las opciones y vamos elegir la más adecuada para que prevalezca la ley en otros recursos, incluso sobre el tríplex", aseguró Zanin Martins.
La defensa del titular del Partido de los Trabajadores siempre alegó que, por referirse a un episodio ocurrido en una ciudad del estado de San Pablo, Moro no tenía competencia en el caso. Además, el propio juez federal admite en su fallo que no logró probar un vínculo directo entre el supuesto soborno de OAS y contratos específicos con Petrobras, lo que vuelve aun más vaporoso ese reclamo de competencia.
En tanto, la defensa de Lula da Silva apeló esa condena ante el STF y ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), tercera instancia penal, al considerar que Moro lo condenó "sin pruebas y con enemistad política manifiesta".
Esta apelación deberá demorar varios meses para ser tomada por los tribunales superiores.
Pero otra pieza clave en el gran péndulo institucional brasileño llegó a manos de nada menos que la presidenta del STF, Cármen Lúcia Antunes, quien tiene ahora en sus manos el futuro de Lula.
Esta recibió del juez supremo Marco Aurélio Mello un pedido para declarar inconstitucional la jurisprudencia de 2016 que permite a los tribunales detener a condenados con fallos de segunda instancia, esto es antes de que exista cosa juzgada, como es el caso de Lula.
"Ella decidirá el mejor momento para tratar el tema. La pelota está en su campo", dijo el ministro Mello.
Mello es defensor de eliminar esa jurisprudencia y retornar a la Constitución, que indica que nadie puede estar preso sin agotar las instancias procesales.
Antunes no manifestó por el momento intenciones de agendar una votación sobre el asunto, que podría tener un resultado de 6 a 5 para eliminar la jurisprudencia, según Mello.