No hubo batacazo en Costa Rica. El candidato del oficialismo, Carlos Alvarado Quesada, se impuso ampliamente en el ballotage de este domingo: obtuvo el 60,8% de los votos frente a su rival, Fabricio Alvarado Muñoz. El nivel de participación fue de más del 66% y un análisis inicial indica que parte del triunfo del Alvarado oficialista -que el 4 de febrero había obtenido apenas el 21,74% en primera vuelta- se debió a que la gran mayoría de los votantes de las otras 11 fuerzas que participaron del primer turno, más allá de los posicionamientos dispares de sus líderes, se volcaron a las urnas para votar al ex ministro de Trabajo.
Hay que buscar la razón de este resultado en el perfil cristiano-populista de Fabricio Alvarado, que había triunfado en las generales con el 24,9% de los votos. Su perfil generó un fuerte rechazo en los sectores medios y más cosmopolitas de Costa Rica, que, aunque cuestionaban (y cuestionan) los escándalos de corrupción, la creciente inseguridad y los problemas económicos que caracterizaron sobre todo el último tramo del gobierno de Luis Guillermo Solís, se lanzaron a votar y a militar al candidato de éste, Carlos, para evitar que llegara a la Presidencia un hombre con valores visiblemente diferentes a los suyos. La conformación de la llamada Coalición por Costa Rica, un armado sostenido en las redes sociales que llamaba a votar contra Fabricio Alvarado, fue un ejemplo de ello.
Fabricio Alvarado Muñoz es un pastor evangélico que hasta la primera vuelta de febrero era el único diputado del Congreso que representaba al conservador Partido Restauración Nacional. Cuando a principios de año comenzó la campaña electoral, ninguna encuesta le auguraba un papel importante y una agenda que giraba alrededor del déficit fiscal, la inseguridad y la corrupción no le daba espacio para sus propuestas sustentadas sobre todo en cuestiones valóricas.
Pero el 9 de enero, el presidente Solís decidió consultar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca de la figura del matrimonio igualitario y la CIDH no solo respaldó la legalidad de esa figura, sino que ordenó a Costa Rica y a todos los países miembros que sancionen leyes que lo permitan, descartando además, expresamente, la posibilidad de establecer figuras intermedias como la unión civil.
Según la Constitución costarricense, las resoluciones de la CIDH son de cumplimiento obligatorio y ahí se instaló en la campaña electoral el debate acerca del matrimonio igualitario, que derivó en un vertiginoso crecimiento de Fabricio Alvarado, el primer candidato (aunque no el único) que salió expresamente a rechazarlo, movilizando a su favor el voto religioso no solo de las crecientes comunidades evangélicas, sino también de la todavía mayoritaria Iglesia Católica.
Pero sería ingenuo creer que solo este clivaje explica el ascenso de Fabricio. Al igual que sucedió en Estados Unidos con Donald Trump, el candidato evangélico supo aprovechar el impacto popular del desmantelamiento del llamado Estado de Bienestar. La progresista Costa Rica, pionera en derechos y beneficios sociales en Centroamérica, sufre las consecuencias de una globalización que impone nuevas reglas y donde el Estado queda relegado como actor económico.
De todos modos, primó el repudio a un candidato que nunca explicitó un plan de gobierno, que rehuyó expresamente los contactos con la prensa y que rozó la homofobia en su rechazo a la ideología de género y el matrimonio igualitario.
Carlos Alvarado, en cambio, tras algunos titubeos iniciales, defendió expresamente la resolución de la CIDH y mostró una previsibilidad de la que su rival carecía.
Pero, más allá de su contundente triunfo, el escenario al que se subirá Carlos Alvarado el 8 de mayo próximo no es el mejor. El sistema de partidos (y consecuentemente el Congreso) está fragmentado y, pese a los llamados a votar, el nivel de abstención se mantuvo alrededor del 33% (bajó respecto a 2014, pero no con respecto a febrero), el déficit fiscal es alto y la corrupción (Odebrecht y el llamado “cementazo” con capitales chinos son los casos emblemáticos) es una mancha persistente sobre los gobiernos democráticos de este siglo.
Como en casi toda la región, el desafío de Alvarado será recuperar la legitimidad de un Estado que las nuevas generaciones empiezan a sentir como cada vez más ajeno a sus intereses, valores e identidades.
