Costa Rica pondrá fin este domingo, cuando celebre la segunda vuelta presidencial, a una campaña electoral que ha estado dominada por un tema inusual. Los grandes debates económicos -como la disparada del déficit fiscal-, políticos, la inseguridad, la corrupción y los vinculados a los servicios públicos y la calidad de vida estuvieron presentes, claro, pero la polémica más fuerte se vinculó con un asunto social: el matrimonio igualitario.
Desde ya que el tema debe ser ponderado en su real dimensión, dado que toca un asunto sensible: la extensión o la restricción de los derechos individuales. Extrañó, con todo, la intensidad en que el tema estalló después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respondiera a una consulta del Gobierno de Luis Guillermo Solís en torno al caso de una pareja gay y le reclamara al Estado costarricense que garantizara su derecho a contraer enlace. La dureza de la polémica puso en cuestión, en algún sentido, el habitualmente reconocido carácter progresista de este país en el contexto centroamericano, dotado además de una democracia estable y de niveles de desarrollo humano destacables.
Desde ese pronunciamiento judicial, todo el país se volcó a un debate apasionado, en el que tallaron con fuerza la Iglesia Católica y las ascendentes confesiones evangélicas. Para unos, lo determinado por la CIDH es vinculante, en virtud de que la Constitución reconoce el mismo rango a los tratados de derechos humanos firmados por el país; para otros, se trató de un dictamen meramente declarativo. La Justicia local tendrá la última palabra y, para ello, no resultará indiferente lo que digan las urnas este domingo.
Según comprobó Letra P en San José, la cuestión mereció durante la campaña para la primera vuelta del 4 de febrero un tratamiento obsesivo de los medios de comunicación. Según una encuesta del diario local La Nación, el 55% de los ciudadanos cree que heterosexuales y gay deben gozar de los mismos derechos, mientras que un no despreciable 41% se declaró en contra de ese principio.
Antes del primer turno, hubo diarios que llegaron a plantearles a sus audiencias encuestas en las que, por caso, preguntaban si era mejor votar a un heterosexual corrupto o a un homosexual honesto. Alrededor del 80% se declaró, obviamente, a favor de la segunda opción, pero el restante núcleo duro de la homofobia no deja de llamar la atención.
La segunda vuelta presenta la curiosidad de que enfrentará a dos homónimos: Carlos Alvarado, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), y el pastor evangélico Fabricio Alvarado. Ambos llegan con un empate técnico en los sondeos de intención de voto.
En la primera vuelta obtuvieron, respectivamente, el 21,66% y el 24,91%, lo que da cuenta del debilitamiento del sistema de partidos tradicional. De hecho, Carlos pertenece al partido de Solís, que es un desprendimiento del tradicional y hoy decadente Partido Liberación Nacional (PLN), que ha extraviado su vieja vocación socialdemócrata. Mientras, el pastor Fabricio pertenece al pequeño Partido Restauración Nacional (PRN).
Para este, las cosas son sencillas. “Costa Rica es un país provida, profamilia, donde imperan valores judeocristianos. No hay nada que acatar. (El fallo de la CIDH) no es vinculante y si lo fuera, un gobierno de Restauración estaría dispuesto a salirse de la Corte porque no estamos dispuestos a una agenda LGBTI, proaborto y a una ideología de género”.
Hace pocos días, su candidato a vicepresidente segundo, Francisco Prendas, aseguró que un Gobierno de Fabricio Alvarado nunca nombraría a un homosexual. Fue demasiado. Este terminó por desdecirlo y aclaró que podría haber excepciones con aquellos gays que no levanten la bandera del matrimonio.
Mientras, su rival concurrió pocos días atrás un encuentro organizado por el Colectivo Cristiano, necesitado de hacer pie en el voto religioso para evitar una derrota a manos de su rival. “Se ha señalado en esta campaña insistentemente que existe una confabulación entre el gobierno actual y algunos organismos internacionales para implementar en el país una agenda perversa. Eso ha generado confusión en amplios sectores, ¿qué tratamiento tendrá en su gobierno los derechos humanos? ¿Cuál será el enfoque de derechos humanos?”, fue una de las preguntas que recibió allí, lo que da una idea del tenor del debate.
Sobre el matrimonio gay, el oficialista respondió que “debemos esperar lo que el Poder Judicial diga sobre esta materia (…) En este momento no es un tema que le compete al Ejecutivo definir, le compete al Poder Judicial. Yo voy a ser respetuoso y acataré lo que defina la Sala Constitucional”. Y siguió. “Dependiendo de lo que salga de la Sala Constitucional, eventualmente, al Poder Ejecutivo le corresponderá acatar o bien, reglamentar. Puede ser también que el tema le toque al Poder Legislativo, si la decisión es que eso debe reglamentarse mediante una ley”. Al final, el hombre se cansó de dar vueltas."Yo estoy a favor del matrimonio civil igualitario, porque yo entiendo que hay dos dimensiones de esto. Una, es la dimensión desde una fe religiosa que el matrimonio es entre un hombre y una mujer frente a Dios, ese es el sacramento del matrimonio. Pero también, mi entender de la República es que bajo el principio de la igualdad, todos los individuos somos iguales frente al Estado y bajo ese sentido, si dos personas desean tener esa relación de pareja frente al Estado, ese debe regularse por principios de igualdad”.
Costó pero salió. En buena hora.