La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia recibió esta mañana a la subsecretaria de Ingresos Públicos, Liliana Murisi, y a la subsecretaria de Hacienda, Graciela Grondona; quienes explicaron los alcances de la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo de adhesión al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. Además, el cuerpo que preside el diputado Mario Pilatti (Movimiento Popular Neuquino) habilitó el tratamiento en el recinto de los pliegos de Leticia Lorenzo para jueza penal en Zapala y en Neuquén. Lo hizo luego de la entrevista de rigor que el cuerpo realiza a postulantes a funcionarios y magistrados del Poder Judicial.
Al hablar sobre la propuesta del Ejecutivo, Murisi dijo que la norma nacional solicita la adhesión de las distintas jurisdicciones del país y resaltó que el régimen –elaborado por el Consejo de Responsabilidad Fiscal– aporta “orden y transparencia” al fisco de la administración pública. Destacó que es una legislación “de alcance muy amplio que obliga al Estado a hacer un análisis de sus cuentas”. Además, la funcionaria destacó como punto central los condicionamientos que prevé el texto en los niveles de endeudamiento provincial. “Políticamente ayuda a mantener el orden con las provincias y económicamente podría implicar una restricción de fondos específicos” desde Nación, dijo Murisi al ser consultada sobre los beneficios de la adhesión.
Desde el MPN, Pilatti argumentó que la ley nacional es un instrumento, impulsado por distintos gobiernos nacionales sucesorios, para estabilizar el gasto en el estado. A pesar de “atacar las consecuencias y no las causas del mismo”, es una herramienta que dicta reglas fiscales “de autolimitación para que el Estado no crezca exageradamente”, dijo el diputado, quien ponderó como puntos centrales el limite al crecimiento del gasto anual, el destino de los fondos provenientes del endeudamiento que no pueden ser destinados a gastos corrientes sino de capital y, por último, el límite a los servicios de deuda. En tanto, calificó de “novedad” de la norma el ratio para que el crecimiento del empleo público no pueda crecer más rápido que la densidad poblacional, la prohibición de incrementar la planta estatal o de asumir compromisos económicos sobre el final del mandato que comprometan ejercicios financieros de la siguiente gestión de gobierno y, finalmente, que la presión tributaria no pueda verse incrementada.
Por su parte, los diputados Guillermo Carnaghi (Frente para la Victoria) y Jesús Escobar (Libres del Sur) cuestionaron los beneficios que la misma podría implicar para la provincia. El cuerpo acordó continuar el tratamiento del proyecto en la próxima reunión.