Por un 24 de marzo sin presos políticos ni libertades domiciliarias

Vivimos este 24 de marzo en el marco de un fuerte retroceso en materia de derechos humanos. Tenemos un gobierno que niega el número de los desaparecidos, que quiere liberar a genocidas que torturaron, violaron, arrojaron personas al mar como Astiz o el Tigre Acosta. Un gobierno que aplaude a las fuerzas de seguridad que asesinan por la espalda, que persigue y encarcela a los opositores políticos. Un gobierno que es la pata civil de aquella dictadura que masacró a nuestra población. Un gobierno que vino a hacer negocios, a endeudar como nunca a nuestro país a costa del hambre de nuestro pueblo.

 

Pero también es un 24 de marzo en el que nuestro movimiento de derechos humanos está más firme que nunca, que junto con un gran sector de nuestra sociedad frenó ese 2x1 nefasto a través del cual este gobierno quería otorgar impunidad a los genocidas. Tenemos a nuestras Madres y a nuestras Abuelas, que nunca dejaron de luchar, que nunca dejaron de pedir Memoria, Verdad y Justicia, hasta que llegó un gobierno que transformó sus reivindicaciones en políticas de Estado, al punto de colocar a nuestro país a la vanguardia en los derechos humanos: venían de todo el mundo a ver ese proceso de justicia que no sólo encarcelaba, con tribunales comunes, a los perpetradores, sino también a los cómplices civiles: a los curas, a los periodistas, pero también a los empresarios que habían colaborado con aquella dictadura y que gracias a ella se había enriquecido. Éste fue un proceso inédito en el mundo, que se vio interrumpido abruptamente con el cambio de gobierno.

 

Es por esto que este 24 de marzo marchamos para recordar a los 30 mil, pero también para exigir un país sin presos políticos y sin fusilamientos, completamente conscientes de que el único camino para poner un freno real a estos retrocesos tiene una fecha: el 2019.

 

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