La doctrina Bullrich, por el absurdo

Imaginemos por un momento que un policía de la localidad de Jáchal, provincia de San Juan, cumpliendo su ronda habitual, advierte que, como producto de la negligencia de la compañía multinacional que explota oro en la zona, se produce un derrame de cianuro que amenaza directamente la vida de los pobladores. Seguidamente, el agente se topa con el máximo accionista de la empresa escapando, a quien, por suponer culpable, ultima a balazos.

Por suerte para el uniformado, la -absurda- parábola no constituye más que un esfuerzo de abstracción. Por sus características, la reacción política, periodística y social hubiese sido sustancialmente diferente a la que se desató a partir del hecho de diciembre del año pasado que tuvo como protagonista a Luis Chocobar. En esa ocasión, el policía comunal de Avellaneda fue testigo de un robo con lesiones graves contra un turista estadounidense cometido por Pablo Kukoc, un joven salteño de 18 años que desde los 12 debió escapar de su pueblo y afincarse en La Boca, producto de situaciones de violencia familiar. Luego de que algunos transeúntes detuvieran la acción y persiguieran a Kukoc, Chocobar se identificó como policía, dio la voz de alto y disparó siete tiros, dos de los cuales terminaron con la vida del asaltante.

La noticia engrosó las páginas de policiales de esa semana, aunque pasó al olvido rápidamente: el turista Joseph Wolek se repuso y Kukoc, quizás por su condición, no fue merecedor de mayores honras ni exequias.

Sin embargo, algo cambió en las agendas política, mediática y pública un mes después, luego de conocerse la resolución del juez que procesó y embargó a Chocobar por exceso de legítima defensa. La primera en otorgarle al policía el galardón de héroe fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Rápido de reflejos, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, se quejó por Twitter. Lo mismo hizo el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Un día después, en la Casa Rosada, el propio Presidente palmeó a Chocobar en la espalda: “Estoy orgulloso de que haya un policía como vos”.

¿Qué factores explican que las principales figuras del gobierno salieran al unísono a plantear públicamente a través de redes y hechos noticiables la discusión de la seguridad?

En primer lugar, la posibilidad de extender la confrontación con el pasado. Forma parte del imaginario popular cierto tinte garantista del kirchnerismo que es, a ciencia cierta, contradictorio. Si bien la década K incluyó entre sus políticas algunos frenos a la mano dura e impulsó a figuras progresistas en materia penal, también fue permeable a las leyes Blumberg, cobijó a personajes como Sergio Berni y llevó como candidato a un Daniel Scioli al que se le registran declaraciones en el mismo tono que las del presidente Macri.

Es que el discurso punitivista toca una fibra sensible de la sociedad. Hechos conmocionantes como el de La Boca incrementan la sensación de indefensión de los ciudadanos que, en estado de pánico, son más proclives a buscar salidas de mano dura. Los sondeos del Gobierno, según publicara días atrás Diego Genoud en Letra P (http://www.letrap.com.ar/nota/2018-2-8-15-26-0-focuscracia), informan que el 80% de la población apoya la actitud de Chocobar. Empatizar con estas mayorías puede ser un segundo factor.

Ahora bien, no todos los crímenes ni riesgos se evalúan del mismo modo y la parábola del comienzo es prueba de ello. La maquinaria mediática, movida en este caso por el discurso político, contribuye a delimitar lo que es inseguridad de lo que no lo es, y en esa distinción adquieren sus atributos víctimas y victimarios. El caso de La Boca constituye un arquetipo. La víctima: un turista extranjero de buena posición que habitaba como cualquier vecino decente el espacio público. El victimario: un joven, varón, marginal cuyas condiciones de posibilidad explican, en buena medida, por qué se enrolaba en la lista de aquellos que cometen los delitos más burdos.

Los discursos mediático y político construyen estereotipos que definen como “inseguridad” solo un puñado de delitos. Así, mientras que el crimen de Kukoc es encuadrado como un caso típico que habilita el exterminio, nadie en su sano juicio justificaría el acribillamiento de un empresario cuyas negligencias pongan en riesgo a un pueblo entero, lo cual sería “correcto” para ambos casos.

Según el criminalista Máximo Sozzo, la Argentina osciló en las últimas décadas entre procesos de populismo -o demagogia- penal desde arriba, es decir, discursos de mano dura promovidos por gobiernos -como ocurrió durante la década del 90- y procesos de populismo penal desde abajo, es decir, de demandas ciudadanas de endurecimiento penal -como ocurrió en 2004 con el caso Blumberg-.

Lo que demuestran los estudios en uno y otro contexto es que los medios de comunicación, aunque no linealmente, suelen ser amplificadores de este tipo de arengas. Estos procesos de verborragia represiva están condicionados por variables socioeconómicas: en momentos de mayor holgura y gobernabilidad, suelen generarse condiciones para revisar más seriamente la cuestión penal. En épocas de vacas flacas, el discurso de mano dura les suena tentador a las élites políticas.

La luz verde represiva del Cambiemos abre una nueva etapa de populismo penal desde arriba que registra antecedentes. El caso Chocobar debe ser leído en el contexto del respaldo gubernamental a la Gendarmería en el de Santiago Maldonado, el aval al acribillamiento de Rafael Nahuel y el vía libre a la represión de las últimas manifestaciones populares. La (¿nueva?) “doctrina” constituye un efectivo dispositivo de control social que no revierte las tasas de victimización: está demostrado que a mayor violencia estatal, mayor violencia social.

En este microclima, Gobierno y medios refuerzan el estado represivo sin límites ni marco racional. Los discursos que se opongan al populismo penal -también presentes en los medios, aunque en menor medida- llevan consigo un necesario análisis lógico que suele tornarlo impotente frente al efectismo de la mano dura, sumado a la tradicional incomodidad del progresismo para abordar la discusión de la seguridad.

Apoyado por los sondeos que sostienen que represión “es lo que quiere la gente”, el macrismo sube la apuesta. Sin embargo, debería considerarse una certeza: este tipo de andanadas gubernamentales aparecen cuando una o varias cuestiones estructurales empiezan a crujir. Lucía Zedner sostiene que la politización chabacana o electoralista de la inseguridad se da cuando otras cuestiones estructurales -como podrían ser la inflación, la pobreza o el desempleo- se despolitizan. Quizás, justamente, ese sea el meollo del escenario político-mediático al que estamos asistiendo.

@eazunino