La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió este lunes un duro comunicado con fuertes críticas al presidente Mauricio Macri por su “indebida injerencia” en el caso Chocobar y le remarcaron que su actitud “resulta a todas luces incompatible con un Estado de Derecho”. Asimismo, remarcaron que, al hablar en “rol de ciudadano” intenta “desentenderse de su calidad de Jefe Supremo de la Nación que le debe respeto e independencia a los demás Poderes de la República; ni la implicancia política, institucional y social de sus manifestaciones”.
La Asociación de Magistrados está presidida por la camarista María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero. El vicepresidente 1 es el también camarista Néstor Costabel y el vicepresidente por el Ministerio Público Fiscal es Ricardo Sáenz, muy cercano al Gobierno nacional. En su cuenta de Twitter, Sáenz había salido a respaldar el accionar del policía.
“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su preocupación por las expresiones críticas del señor Presidente de la Nación, relacionadas con las decisiones jurisdiccionales tomadas en los últimos días por los magistrados de distintas instancias que intervienen en el expediente número 74191/17, caratulado: “Chocobar, Luis Oscar y otros s/homicidio agravado”.
Tenemos la firme convicción de que cualquier habitante de la Nación se encuentra investido del absoluto derecho a expresar sus opiniones respecto de la actuación de cualquier órgano estatal. Empero, resulta inadmisible que el titular de uno de los Departamentos del Gobierno Federal pretenda expresar una encendida crítica a la labor judicial aduciendo que lo hace desde su “rol de ciudadano” intentando, de ese modo, desentenderse de su calidad de Jefe Supremo de la Nación que le debe respeto e independencia a los demás Poderes de la República; ni la implicancia política, institucional y social de sus manifestaciones.
En ese contexto, sus expresiones respecto a cómo debe resolverse un hecho que está siendo investigado por la justicia deben interpretarse como una indebida injerencia tendiente a limitar o enderezar, según su punto de vista, las facultades del Poder Judicial de la Nación, lo que resulta a todas luces incompatible con un Estado de Derecho.
Por ello, esta Asociación reitera su postura en cuanto a la necesidad de evitar intromisiones, sea del sector que fuera, en procura de obtener una determinada resolución judicial, invocando para ello el sentir popular, pues ello implica una inaceptable interferencia en las funciones exclusivas del Poder Judicial, a la vez que coadyuva a generar un infundado enfrentamiento de la sociedad con los magistrados”.
