Se acerca fin de año y los medios comunitarios siguen sin recibir respuestas satisfactorias a sus demandas por deudas impagas, trabas administrativas y subejecución del Fondo de Fomento Concursable (Fomeca). Por el contrario, el mes pasado se encontraron con la disminución del presupuesto proyectado para este instrumento en 2019. Y no sólo eso, las redes que agrupan a estas emisoras denunciaron un sorpresivo recorte de 120 millones de pesos en este programa para este año a través del decreto 1053, del 16 de noviembre. Desde Interredes, el espacio que las reúne, señalan que ya no sólo no se cumple con los 313 millones de pesos que corresponden al fondo para 2018 en cumplimiento de la ley 26.522, sino que tampoco se utilizarán los 180 millones de pesos asignados para el presupuesto en curso.
Estos recortes no constituyen hechos aislados sino la profundización de una línea de acción sostenida desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), encargado de administrar estos fondos a través de la convocatoria a concursos para los medios comunitarios e indígenas. El problema es que no se trata de una dádiva sino de un instrumento instaurado por ley con la asignación de recursos específicos. Según los artículos 94 y 97 de la ley audiovisual, este fondo está compuesto por el 10% del total recaudado en concepto de un gravamen tributado por los titulares de servicios de comunicación audiovisual en función de su facturación bruta.
Las organizaciones de medios comunitarios, populares y alternativos han denunciado durante 2018 las subejecuciones reiteradas año a año de las partidas establecidas legalmente. A partir de la revisión de los boletines contables de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Interredes demanda saber dónde se encuentran los recursos recaudados pero que nunca han llegado a los beneficiarios del programa de fomento.
En una reciente carta enviada a Enacom, las redes explicaron: “Para el próximo ejercicio vemos que, mientras el país completa una inflación del 45%, los recursos no sólo no se adecuan a la ley ni a ese porcentaje sino que bajan de 180 a 140 millones de pesos”. El documento fue firmado por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Argentina (AMARC-Argentina), la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA). Allí señalaron: “Desde las redes de medios populares, alternativos y comunitarios siempre hemos reclamado y ocupado consecuentemente espacios de diálogo, pero de ninguna manera vamos a limitarnos a debatir la administración del ajuste”. El documento del 6 de noviembre expresaba: “Nunca, en ningún momento de los espacios de diálogo mantenidos, se habló o insinuó siquiera este recorte que nos encontramos de repente como un hecho consumado”.
La carta motivó una nueva reunión entre directivos de Enacom y representantes de las organizaciones. Sin embargo, lejos de revertir la baja presupuestaria para 2019, el decreto 1053/18 anticipó un nuevo recorte antes de finalizar el año. El mismo día que se conoció esa noticia, el ente presentó los ganadores de los concursos correspondientes a la Línea 4 de 2017 para contenidos radiofónicos y esta semana se anunció la aprobación de ganadores de la Línea 5 para piezas audiovisuales. Sin embargo, en los últimos días del año todavía no se conocen los ganadores de las líneas 1, 2 y 3 correspondientes a 2017.
Cada anuncio es una prueba de los retrasos denunciados. También lo fue esta semana la primera convocatoria para concursar por fondos correspondientes a 2018, para la producción de contenidos radiofónicos y audiovisuales (Línea P). Sobre las últimas noticias, Natalia Vinelli, representante de CONTA, expresó: “Es claro que las líneas 1, 2 y 3 de 2017 no van a tener recursos por el recorte. Desde Enacom dicen que, en la medida que haya ejecución, podremos recibir más dinero para proyectos. Nos ponen como responsables de la subejecución cuando es el organismo el que no ejecutó. Es un círculo vicioso donde los medios comunitarios son los que pierden y los recursos específicos no llegan”.
En septiembre pasado las organizaciones de medios comunitarios realizaron una jornada de protesta por las deudas y los retrasos en la implementación del Fomeca. En ese momento señalaron que existían desembolsos pendientes por 35 millones de pesos vinculados a concursos de 2015. Además, identificaron 58 millones de pesos no adjudicados en los concursos de 2016 y 160 millones de pesos asignados para los concursos 2017 pero sin implementación. Desde ese momento hasta ahora Interredes reconoció el pagó de una línea de 2015 adeudada, el inicio de la ejecución de las deudas de 2016 y los recientes anuncios de ganadores de llamados en 2017.
Liliana Belforte, de AMARC Argentina, señaló la distancia entre las palabras y los hechos: “Desde Enacom aducen que los cambios en la gestión del organismo provocaron retrasos administrativos, pero lo que pasa concretamente es que las buenas intenciones que dicen tener no se ven reflejadas en los hechos”. El argumento citado justifica limitaciones en los alcances de una política pública desde las deficiencias o reestructuraciones administrativas. Para la elaboración de esta nota se consultó sin éxito al organismo sobre la administración de estos fondos y los motivos de los retrasos en los desembolsos.
Desde FARCO, Pablo Antonini advirtió sobre las consecuencias negativas de las dilaciones en la implementación de estos planes en un contexto inflacionario: “El Estado adjudicó recursos para comprar una computadora o para producir a valores de 2015 y ahora con eso, ¿qué podés hacer? Sistemáticamente desde Enacom se niegan a la actualización por inflación, incluso cuando dicen que el reclamo es justo, pero aseguran que no encuentran cómo hacerlo. Y esto no está previsto tampoco en los reglamentos de 2018”.
REGRESIONES. Otro punto de conflicto con este sector se abrió a partir de la publicación en octubre del reglamento para los concursos Fomeca. Allí Interredes reconoció retrocesos en relación a criterios acordados para que las convocatorias reconozcan las particularidades de estas experiencias comunicacionales.
En primer término, las redes rechazan la exclusión de las cifras pagadas por los servicios públicos (como gas y electricidad) como gastos de contraparte. Sucede que este programa exige un porcentaje de inversión propia demostrable por las organizaciones beneficiadas. En el nuevo marco reglamentario el pago de la luz o el gas no son considerados gastos de contraparte. Belforte explicó los argumentos de estos medios: “Para los canales y las radios es importantísimo, porque los equipos tienen que estar con aire acondicionado y a veces funcionan las 24 horas. El consumo la luz es muy fuerte en las organizaciones. Antes no se prohibían los servicios como gastos de contraparte. Eso es una regresión. En muchos organismos del Estado que trabajan con subsidios eso existe, no es una particularidad”.
Otro aspecto cuestionado fue la decisión de incluir en una misma convocatoria a radios, canales y productoras. Las organizaciones señalan que existen “abismales diferencias en los costos operativos de una radio o un canal con otro tipo de organización que produzca contenidos”, según la carta presentada a la autoridad de aplicación. En los años anteriores se realizaron convocatorias diferenciadas en respuesta a demandas del sector.
Entre otros puntos de preocupación, las emisoras también rechazaron la aparición de un tercer desembolso para la obtención de los recursos totales. Aseguran que con esto se suma un potencial factor de retraso “a circuitos que han tenido en la demora su principal característica los últimos dos años y medio”. Advirtieron, además, que el grueso de los recursos llega recién en el segundo desembolso.
Desde FARCO iniciaron la tramitación de un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los incumplimientos en la aplicación de este instrumento legal. Antonini explicó que “no debería haber un margen de discusión en torno a cuanto se asigna para el Fomeca. No depende de ninguna subjetividad”. El periodista platense agregó: “Esto no es una cuestión sectorial, es un mecanismo para garantizar pluralidad. El hecho de que una parte del sistema mediático pueda estar ocupada por organizaciones que hacen comunicación sin perseguir un objetivo comercial mejora la calidad informativa de la población, mejora el derecho a la información”.
La implementación lenta y deficiente de este mecanismo de fomento puede derivar en la disminución de su eficacia y en el desincentivo para participar del mismo. Marginados de la publicidad oficial y de las prioridades del gubernamentalizado Enacom, los medios comunitarios insisten.
(*) El autor es miembro del Programa de Industrias Culturales y Espacio Público (UNQ).
