La mano invisibilizada del Estado en la concentración de las comunicaciones

La autorización de la megafusión de Cablevisión y Telecom revela el histórico rol del Estado para propiciar la concentración en las comunicaciones. Intervenciones selectivas y favoritismos.

Los debates que rodearon la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual recuperaron, en la voz de los actores más pequeños, la demanda de políticas que reconozcan las asimetrías existentes. En las acotadas deliberaciones en el Senado en torno a la llamada “ley corta”, que espera su tratamiento en Diputados, volvió a sonar esta palabra clave para pensar la legislación en la desafiante área de las comunicaciones. 

 

Estas asimetrías pueden entenderse como las capacidades desiguales, históricamente construidas, para la intervención en el sector, y como los diferentes tamaños en la musculatura económica de los actores del amplio campo de las comunicaciones. No todos llegan igual al verano de 2019. En una reciente entrevista, el CEO de Cablevisión-Telecom Argentina, Carlos Moltini, aseguró estar listo para la competencia y rechazó las quejas de sus competidores por trato discriminatorio desde el Estado. La reconstrucción de las medidas impulsadas desde el Estado en el pasado reciente ayuda a entender el animal spirit del CEO.

 

Carlos Moltini (FOTO: PUNTO A PUNTO).

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ASIMETRÍAS. El puntapié inicial para la concentración en el sector audiovisual se dio en 1989 con la privatización de los canales 11 y 13 y, luego, con la ley de Reforma del Estado. Allí se eliminaron todas las barreras para la venta de emisoras estatales por fuera del Servicio Oficial de Radiodifusión y para conformar sociedades que incluyan medios gráficos, radios y canales de televisión. Más adelante, fueron dos decretos de 1991 y 1999 los que permitieron la constitución de redes privadas de radiodifusión. El último de estos extendió a 24 el número de medios de radiodifusión que un mismo propietario podía tener y permitió la libre transferencia de licencias. 

 


 

 

Para no alargar la lista de beneficios estatales a grupos empresariales del sector audiovisual es posible saltear los llamados planes de competitividad que entre 2001 y 2003 ofrecieron beneficios impositivos a diarios, revistas, cableras y canales para reducir sus obligaciones con el fisco y permitirles acumular grandes deudas fiscales. También se puede esquivar la ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, aprobada por el Congreso en junio de 2003, que salvó de sus acreedores externos a grupos mediáticos locales endeudados en dólares para sostener su expansión en la década precedente. Además, se podrían enumerar las numerosas deudas condonadas y las infracciones perdonadas a cambio de espacios para la publicidad oficial, pero sería aburrido.

 

En 2004, la autoridad de aplicación de entonces, el COMFER, renovó sin consultas por diez años las licencias de los canales 11 y 13 en manos de Telefónica y Clarín, respectivamente. La ley de radiodifusión de ese momento lo permitía. Una año más tarde, un decreto presidencial extendió por otros diez años las licencias vigentes de los medios de comunicación audiovisual. El argumento fue la necesidad de recuperación financiera de las empresas luego de la crisis sufrida por el país. 

 

La ley audiovisual de 2009 incorporó límites a la concentración y la obligación de adecuarse a los mismos. Sin embargo, la autoridad de aplicación no llegó a concretar estos procesos de adecuación hasta diciembre de 2015, cuando el DNU 267 del flamante Gobierno nacional flexibilizó todas aquellas limitaciones y volvió a prorrogar por cinco años las licencias audiovisuales vigentes.

 

EL CABLE Y LA TELEFONÍA: UN NEGOCIO PARA POCOS. Con la privatización de Entel en 1990, Telefónica se quedó con la provisión de telefonía fija en el sur del país y a Telecom le tocó el norte. Diez años después, con la apertura del mercado para el ingreso de otras empresas, el escenario no cambió demasiado. La ausencia de políticas específicas para favorecer el ingreso de nuevos actores que puedan competir con quienes se había expandido sin competencia hizo imposible trastocar el duopolio consolidado. De la liberalización del sector sólo quedaron los chistes de “la llama que llama” como recuerdo de los intentos de estas empresas de captar nuevos clientes. Esta posición consolidada les permitió contar con ventajas a la hora de ofrecer servicios de telefonía móvil con Personal y Movistar, cuando explotó su demanda. 

 

 

 

En el libro Guerras de internet, Natalia Zuazo recuerda que la red de redes inició en 1995 su expansión en Argentina de la mano de Startel, una empresa que compartían Telecom y Telefónica. En la actualidad, estas dos compañías dominan, gracias a su infraestructura y experiencia, la provisión de internet en todo el país con Arnet y Speedy. Detrás de ellas corría hasta hace poco Fibertel, del Grupo Clarín. Megafusión mediante, las líneas divisorias entre Arnet y Fibertel comenzaron a disolverse durante este año. 

 

Para 2000, Multicanal y Cablevisión lideraban el sector de la televisión por cable, donde convivían con empresas pequeñas y cooperativas del interior del país. En 2007 las firmas dominantes comenzaron a ser operadas por el Grupo Clarín en forma conjunta, en una actividad que fue autorizada por el Ejecutivo nacional, que avaló así un nivel de concentración inédito en la TV paga.

 

Pero esta posición de dominio no se privó de beneficios adicionales. En 2005 una ley eximió a Multicanal, Cablevisión y Telecentro de la obligación de soterrar su cableado en la Ciudad de Buenos Aires, aunque las costosas perforaciones eran una obligación para cualquier otra empresa que intentara participar de ese mercado. Además, entre 2000 y 2009 se mantuvo cerrado el acceso a nuevas licencias para brindar televisión por cable. Así, se extendió por casi una década lo que inicialmente fue una suspensión por 120 días a la venta de pliegos por una “emergencia administrativa” establecida por el COMFER.

 

La autorización del gubernamentalizado Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a la fusión entre Cablevisión y Telecom Argentina en manos del Grupo Clarín habilitó un paso superlativo en su expansión y augura niveles de concentración desconocidos, ya no solo limitados al mundo audiovisual. El mismo organismo permitió al grupo que, con la licencia adquirida a Nextel, pueda brindar telefonía móvil. Ese tipo de utilización para esa porción del espectro radioeléctrico estaba prohibida antes de cambiar de dueño.

 

 

 

Finalmente, con un decreto de diciembre de 2016 y una resolución del ENACOM de diciembre de 2017 se permitió a las compañías telefónicas brindar servicios satelitales de TV desde 2019 en los grandes centros urbanos. De aprobarse en la Cámara de Diputado la “ley corta”, ese permiso se aplazará hasta julio de 2020.

 

LA DECONSTRUCCIÓN DE LAS ASIMETRÍAS. Algunas de las decisiones enumeradas beneficiaron al conjunto de las empresas mediáticas, de telecomunicaciones o de televisión por cable. Otras tuvieron destinatarios con nombre y apellido. Pero en general significaron fuertes barreras de ingreso a nuevos actores y favorecieron el mantenimiento de un statu quo comunicacional controlado por un puñado de actores comerciales concentrados. Sin ser exhaustivo, el repaso comprueba que el dominio de pocas empresas en el amplio campo de las comunicaciones ha sido favorecido, propiciado o avalado desde el Estado. Si bien se trata de sectores que tienden a la concentración, la historia reciente en Argentina impide hablar de un escenario de generación espontánea o producto del libre movimiento de las fuerzas del mercado.

 

Hasta hace poco tiempo, las telecomunicaciones y el audiovisual constituían dos esferas y mercados diferenciados. La digitalización, la aparición de nuevos aparatos electrónicos y la concentración empresarial transformaron el mapa de tal forma que al amplio sector de las comunicaciones hoy lo integran la telefonía, los servicios audiovisuales e internet. En este espacio, no todos tienen la misma fuerza ni los mismos objetivos, y allí se conjugan intereses tanto económicos como culturales. Contra lo que se suele creer, las novedades tecnológicas no han vuelto más fácil el trabajo de armonizar estos intereses para garantizar el acceso equitativo al conocimiento y la participación igualitaria en la vida cultural de toda la población. La variedad de protagonistas con necesidades distintas y posibilidades desiguales solo hace más difícil la tarea de quienes deben encauzar la convivencia y una competencia justa en este amplio espacio de intereses contrapuestos. 

 

Aquí también debe contarse a los gigantes globales de internet, como Facebook, Google y Netflix, que se suman a la disputa por la atención del público con servicios novedosos desde plataformas digitales. Negar esta complejidad desde las supuestas facilidades que ofrece a todos por igual el avance tecnológico supone desconocer u ocultar los diferentes condicionamientos que afectan a diversidad de organizaciones que reclaman un espacio para su desarrollo. Mientras la promesa gubernamental de un debate legislativo sobre una ley para las comunicaciones convergentes sigue sin cumplirse, las asimetrías moldeadas históricamente desde decisiones estatales demandan su deconstrucción.

 

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