El fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini (foto inferior), fue amenazado mediante mensajes anónimos que derivaron en la apertura de una causa judicial para dar con los autores de las intimidaciones. Se trata del magistrado que puso tras las rejas a al intendente narco de Itatí, Roger Terán, en la mediática causa “Sapucay”..
Según voceros del Ministerio Público local la serie de mensajes configura un plan criminal contra Ferrini, quien se desempeña en la Fiscalía Federal de primera instancia de la órbita federal en esa provincia.
Según la reconstrucción hecha por las autoridades, las cartas reproducen los términos de una conversación sostenida por un miembro de la división de drogas peligrosas de la Policía de Corrientes con un grupo de personas en una cena.
Uno de los participantes de esa reunión dice ser el autor de los mensajes de advertencia, en el que además, señala que el policía en cuestión intentó contactar con delincuentes correntinos en un barrio de emergencia de la capital para llevar adelante el robo, revelaron las fuentes.
Ante ello, el fiscal General de la órbita federal en Corrientes, Carlos Schaefer, abrió una investigación del caso, sobre la base de indicios que vinculan los mensajes con el narcotráfico de Corrientes.
Cuando las amenazas tomaron estado público, organismos de defensa de Derechos Humanos repudiaron la situación y manifestaron toda su “solidaridad con su persona y su familia”.
“Las amenazas anónimas recibidas, constituyen claras embestidas contra las funciones y actuación que como representante del Ministerio Público Fiscal ha desempeñado en estos años el Dr. Ferrini, marcando un claro compromiso con la justicia y la verdad, no solo en el juzgamiento de los crímenes del Terrorismo de Estado, sino también en los distintos fenómenos criminales complejos y altamente dañinos para nuestra sociedad, como son la criminalidad económica, la trata de personas y el narcotráfico”, expresaron decenas de organismos en un documento público.
En otro pasaje del comunicado entendieron “que este accionar mafioso provenga de donde provenga no debe ser tolerado en un estado que se denomine democrático, y por lo tanto ser repudiado enérgicamente”.
Las organizaciones reclamaron a las autoridades públicas, “que profundicen las investigaciones para determinar el origen y responsabilidad de las amenazas recibidas”.