Con el objetivo de evitar un nuevo desgaste y un enfrentamiento con los sindicatos, la Casa Rosada decidió postergar el debate de la reforma laboral para las sesiones ordinarias, que comenzarán en marzo.
Con el objetivo de evitar un nuevo desgaste y un enfrentamiento con los sindicatos, la Casa Rosada decidió postergar el debate de la reforma laboral para las sesiones ordinarias, que comenzarán en marzo.
Según publicaron los diarios Clarín y La Nación, el Gobierno está convencido de que "no hay ánimos" para forzar la aprobación de la propuesta legislativa, que genera malestar entre los trabajadores y que es rechazada por gran parte de la oposición.
Vale recordar que la sanción de la reforma previsional, con los serios incidente generados en las inmediaciones del Congreso cuando se trataba la iniciativa, tuvo un altísimo costo interno así como también afectó la relación con los bloque más cercanos a Cambiemos.
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Fuentes de la Casa de Gobierno reconocieron que necesitan “un nivel de consenso que sea explícito”, mayor al que tienen hoy. "Necesitamos armar acuerdos parlamentarios que no impliquen acuerdos de gobernabilidad con los mandatarios provinciales", describieron.
Lo cierto es que durante el verano el Gobierno prefiere mantener la paz con los sindicatos porque saben que cuando comience a tratarse la iniciativa aparecerán los primeros cortocircuitos con la CGT.
Desde la Rosada creen que el tiempo ayudará a genera un mejor marco para el tratamiento del proyecto y, durante estos meses, creen en la posibilidad de contar con el visto bueno de la central obrera.
Mientras tanto, Cambiemos reflotó la idea de limitar los mandatos sindicales y volvió a un impulsar una serie de proyectos que busca terminar con los eternos dirigente gremiales.
La diputada nacional cordobesa Soledad Carrizo consideró que una serie de causas de corrupción contra algunos sindicalistas "abren una gran oportunidad" para debatir una serie de modificaciones de la ley 23. 551, de asociaciones sindicales, vigente desde 1988.
Uno de los proyecto presentados por la cordobesa propone "la renovación y la alternancia de las autoridades sindicales" y la limitación de la reelección indefinida. "La motivación de este debate no es debilitar al sindicalismo, sino más bien fortalecerlo", afirmó la legisladora.
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Además, la diputada oficialista consideró que "el sindicalismo debe castigar los hechos de corrupción" y cuestionó a un sector sindical que se "ha enriquecido durante los últimos 50 años". Se refirió a los gremios de camioneros, gastronómicos, taxistas y del correo, entre los que encabezan "la lista de los 10 sindicalistas" históricos.
"La mayoría de los sindicalistas creen que el Estado no debe involucrarse, pero debe hacerlo porque hay un libertad sindical que está dañada", dijo.