Ideado para ser un polo de atracción para productoras y artistas, a partir de la condonación de impuestos, a tres años y medio de su creación el Distritos de la Artes naufraga en un mar de buenas intenciones y negocios para pocos.
Un informe publicado hace algunos días por la Auditoría General de la Ciudad (AGC) hace un análisis crítico sobre los alcances de la implementación y los beneficiarios de este distrito que abarca unas 300 manzanas, principalmente del barrio de La Boca y en menor medida de Barracas.
El trabajo de la AGC analiza en particular la situación de 2015, aunque incluye algunos pincelazos de 2016, considerando que el año y medio transcurrido entre la reglamentación de la ley que creó el distrito y el inicio de ese año, era un tiempo más que suficiente para percibir su impacto en el barrio y el sector.
En rigor, el monitoreo hace también de termómetro sobre cuán efectiva resultó la política oficial de distritalizar diferentes zonas de la ciudad como forma de promocionar diferentes actividades económicas, en este caso la producción de disciplinas artísticas visuales, musicales, literarias y escénicas y su comercialización.
El incentivo para las empresas o personas físicas relacionadas en las actividades promovidas es la exención de diferentes impuestos locales, hasta por una década, y la posibilidad de computar inversiones inmobiliarias como pago a cuenta de otros tributos. Sin embargo, el principal beneficiado no es un artista ni una productora cultural, es un banco: el Santander Río.
Mediante el artilugio de que dentro de su nuevo edificio corporativo, que se construye en la intersección de las avenidas Garay y Paso Colón, funcionará la fundación que promueve actividades artísticas, esta entidad financiera se inscribió en el Registro de las Artes, para poder acceder a los beneficios pautados por la ley que creó este distrito productivo.
Seis meses después de que se promulgara la ley, el Santander Río solicitó la exención de los impuestos a Ingresos Brutos, Sellos, Delineación y Construcción, Mantenimiento y Conservación de Sumideros y ABL, al considerar que la Fundación que lleva el mismo nombre y que funcionará en el mismo edificio, se encuadra en los posibles beneficios establecidos por el desarrollo de infraestructura para actividades artísticas.
De los 52.600 metros cuadrados que tendrá el nuevo edificio corporativo, ya pronto a inaugurarse, algo más de 3.000 metros corresponderán a los lugares que la fundación destinará a actividades comprendidas en el Distrito de las Artes.
En agosto de 2015, el Ministerio de Desarrollo Económico aprobó la incorporación del banco a la nómina de beneficiarios como desarrollador de infraestructura. Sin embargo, la AGC encontró inconsistencias graves en la aprobación de la resolución que le permitirá computar el 25% del monto invertido como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por todas las actividades que desarrolle en la ciudad.
El edificio que proyecta Santander Río, en Juan de Garay y Paseo Colón
En la presentación, la entidad financiera declaró que el costo de la obra era de 900 millones de pesos, que según la superficie a construir, significaba un costo de 15.842 pesos por metro cuadrado, mientras que el costo para la obra promovida es más del doble.
En la presentación, el Santander Río declaró que la construcción del Centro de Exposiciones Foyer, Auditorio Fundación Santander Río, Centro de Formación, Patio de las Artes y Terraza de Esculturas costaría 37.166 pesos por metro cuadrado, un 234% más que para el resto de la obra. Algo que, según la AGC, denota que "no existe una correlación entre los mismos (costos) y las superficies a construir".
Lo cierto es que recién a principios de año se comenzaron a hacer efectivos los descuentos tributarios sin que, según explica la auditoría, haya una razón de peso que justifique el retraso.
POCO Y NADA. Otro de los datos contundentes que arroja el informe es que, a julio de 2016, fueron apenas 15 los inscriptos en el Registro de las Artes como productores culturales.
El dato tiene relevancia si se considera que uno de los objetivos de la creación de distritos en la ciudad era, justamente, promover la creación de empleos, ya sea por el surgimiento de nuevos empredimientos artísticos o por la relocalización de empresas.
De los 15 actores inscriptos y de los cuatros presentados como desarrolladores, a excepción del Banco Santander Río, todos ellos ya estaban afincados en la zona a la hora de aprobarse la ley que creó al Distrito, una realidad muy diferente de lo que sucedió con el Distrito Tecnológico en Parque Patricios.
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Por lo menos tres de los inscriptos presentaron inconsistencias en la presentación, algo que no impidió que fueran aprobados como beneficiarios de las exenciones fiscales.
"Tanto los indicadores laborales como el informe de la Auditoría desmienten que la creación del Distrito de las Artes haya tenido un impacto positivo en el empleo" señaló a Letra P el presidente del bloque de legisladores del Frente para la Victoria, Carlos Tomada.
El ex ministro de Trabajo afirmó que "en los barrios del sur, donde el desempleo duplica el de la zona norte, el PRO promueve beneficios para la radicación de grandes empresas que no se traducen en más y mejor trabajo”. “Por el contrario –amplió-, en la Comuna 4, dónde supuestamente funciona el Distrito de las Artes, la tasa de empleo cayó del 55,8% al 53,9% entre 2013 y 2016. Hay que explicarle al oficialismo que hay otras formas de construir ciudad, más allá de los negocios inmobiliarios privados".
Esta última mención hace referencia a que el informe de la AGC también cuestiona que, hasta enero de este año, el Gobierno porteño "no ha realizado acción alguna para atender la situación de vulnerabilidad social del Distrito de las Artes".
Según el artículo 29 de la ley que lo creó, el Ejecutivo debió poner en marcha un relevamiento que le facilitara a los vecinos soluciones habitacionales en una de las zonas más postergadas de la ciudad. Y ordenaba la puesta en marcha de medidas direccionadas a facilitar la permanencia de las familias radicadas en el barrio.
Según la AGC "el Poder Ejecutivo no se ha abocado a dar cumplimiento a las obligaciones prescriptas en el artículo 29 de la Ley N° 4.353" y consigna que de las entrevistas con vecinos y agrupaciones de vecinos del barrio de La Boca, "se pudo conocer de desalojos ocurridos en los años 2015/2016 en inmuebles de dominio privado no estatal", que ascienden a 15 en ese plazo.