Luego de una serie de recientes muertes de detenidos, entre las que se registra el fallecimiento de una mujer en la Unidad Penal Nº 8 de Los Hornos, el asesinato de un joven de 22 años por parte de un efectivo policial en Barracas y la muerte de un hombre en una comisaría de la localidad de Salto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) remarcó que dichos decesos “se inscriben en un contexto de hacinamiento crítico y de incremento de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad en todos los territorios”.
La entidad defensora de los Derechos Humanos hizo foco así en “este dato alarmante y exige a todos los poderes del estado medidas urgentes para revertir la situación” que marca que “el colapso del sistema de encarcelamiento ha llegado a un punto crítico en el que predomina el hacinamiento, la falta de acceso a derechos básicos como la alimentación y la salud. Además, las condiciones de detención no garantizan una vida diga y la tortura es una práctica sistemática”.
Tras subrayar que las comisarías se saturan de detenidos “que las cárceles no pueden recibir”, la CPM manifestó que “el incremento de muertes de personas detenidas ha sido una de las consecuencias más importantes, particularmente en comisarías.
Vale señalar que, el último sábado, murió Luisa Cienfuegos, que estaba detenida en la Unidad Penitenciario Nº 8 de Los Hornos. En horas de la tarde había sido trasladada por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a una unidad sanitaria y allí falleció producto de una insuficiencia cardíaca según las fuentes oficiales. “Sus compañeras relatan que venía padeciendo problemas de salud sin ser atendida de manera adecuada pese a sus reiterados pedidos. Luego de su muerte y ante el reclamo, la respuesta del SPB fue la represión y los traslados como castigo”, denunció la entidad presidida por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
“No se trata de un caso aislado. El 60% de las muertes que se producen en el encierro son producto de cuestiones de acceso a la salud y atención médica”, enfatizaron para remarcar: “La Corte Suprema y los organismos internacionales han expresado que las comisarías no son lugares aptos para la detención de personas. Tanto el Comité Contra la Tortura y el Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU como la Comisión Interamericana de derechos humanos, han advertido al Estado que debe dejar de alojar personas en estos lugares. En este marco, en marzo de este año se produjo la masacre de Pergamino en la que murieron 7 personas detenidas en la comisaría 1ra”.
“El estado provincial reconoce el problema, pero no toma medidas efectivas para resolverlo y anuncia reformas que nunca concreta. En las 432 dependencias policiales que existen actualmente hay 3010 detenidos de los cuales sólo 1039 tienen camastro. Es decir que 2 de cada 3 personas duermen sin colchones. En este contexto se duplicaron las muertes en comisarías”, cuestionaron.
La CPM detalló que en los últimos cinco años murieron 43 personas en comisarías bonaerenses y junto a la falta de acceso a la salud, el suicidio es una de las causas más importantes: “La responsabilidad del Estado es insoslayable”, puntualizaron.