El Presidente, Toto Caputo y la indiferencia como política. Morosidad, salarios y hasta suicidios: el Gobierno no sabe/no contesta. ¿Y las elecciones?
Javier Milei ejerce el poder renunciando al deber de atender las necesidades de la Argentina real.
La impronta ideológica de Javier Milei, ejecutada por Toto Caputo en lo económico, choca fuerte con las necesidades de una campaña ya lanzada para las elecciones del año que viene. La realidad, siempre generadora de imprevistos para quien gestiona, reclama respuestas que un Gobierno idiosincráticamente abandónico no puede o no quiere proveer. La combinación no parece la más recomendable.
Las insuficiencias de la gestión, evidentes en muchos aspectos, suelen ser justificadas por un dogma que pretende convertir en virtud el mantra más extremo del laissez faire. ¿Y si la ideología fungiera como un velo de la incapacidad?
La misión excluyente que se han dado el Presidente y Caputo –la eliminación de la inflación– los lleva a ignorar las consecuencias de la política de ajuste perpetuo sobre la actividad, la industria, los ingresos populares y el empleo, ítems sensibles para un jefe de Estado que pretende ser reelecto. Para peor, ni siquiera la desinflación funciona, no al menos en los plazos establecidos por el propio Milei y por el brazo ejecutor de sus políticas.
Lo que se impone, entonces, es la indiferencia como política de Estado y, por añadidura, la impronta de un gobierno abandónico.
¿Sorprende que a la indiferencia de arriba se le contraponga una indiferencia de abajo?
Lo dicho surge con claridad de definiciones de los propios funcionarios sobre varios de los temas más calientes del momento.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, dijo días atrás en la Experiencia IDEA Rosario, encuentro realizado en la Bolsa de Comercio de esa ciudad, que "el sector informal ha sido una salvación" para el plan económico, ya que, si el ajuste se hubiese ejecutado "sin un sector informal dinámico", el desempleo habría trepado a más del 20%.
La curiosa salvación, reconoció no obstante, "perjudica al sector formal y dificulta la baja impositiva".
De semejante sincericidio surge que el Gobierno impone un apretón fiscal draconiano, elogiado por Milei como "el mayor de la historia", pero se desentiende de sus consecuencias.
¿Hubo en los últimos dos años y medio, acaso, alguna respuesta a la creciente informalización del mercado de trabajo, alguna diferente de una reforma que, más bien, tiende a despenalizar relaciones que siempre fueron y deberían seguir siendo consideradas ilegales?
No, porque en el dogma imperante el Estado no se encarga de cosas como establecer una política industrial, una de ingresos y una regulación eficaz del mercado de trabajo. Laissez faire, que sea lo que Dios quiera y que el mercado en negro provea.
Podría presumirse que, en algunos casos, el abandono responde a un proyecto. El último jueves, al hablar en la reunión anual del Consejo de las Américas, el Presidente se jactó de la violenta reducción de los sueldos en el Estado. "¿Alguno de ustedes está en contra de que caigan los salarios del sector público? Vamos, son menos impuestos. Ey, ¡menos hipocresía, vamos!", arengó.
Habló de médicos, enfermeros, docentes, policías, militares, administrativos... ¿Pretenderá que la narrativa explícita del descarte social le genere los votos que necesita para ser reelecto?
Resultó toda una postal de época que, cuando las noticias cotidianas dan cuenta de cierres de empresas y destrucción de empleos de calidad, Caputo haya acudido, como muestra de los resultados de su gestión, a la inauguración del último local de una cadena de heladerías.
En otro tiempo los dirigentes políticos y altos los funcionarios se desvivían por sacarse fotos cortando cintas en grandes obras de infraestructura, autopistas, centrales atómicas o en lanzamientos de satélites.
El presente no tiene corazón: con tomar un helado alcanza.
La elevada tasa de morosidad que involucra a bancos y fintech –empresas con llegada directa al Gobierno– es, en realidad, un drama para alrededor de 5,8 millones de argentinos. Dentro de ese total hay que contabilizar una porción muy importante de personas que tomaron deudas impagables para costear gastos corrientes, devastadas por las políticas oficiales y por una decisión para nada liberal de pisar paritarias y licuar sin pausa jubilaciones mínimas.
La indiferencia como política de Estado tuvo demasiadas muestras recientes.
Comenzó Milei bajando línea el 3 de agosto, cuando dijo en una entrevista que se trata de "acuerdos entre privados", que "no es correcto" que otros contribuyentes corran con el costo de reparar el entuerto y que, a fin de cuentas, a los deudores nadie "les puso una pistola en la cabeza" para aceptar esas condiciones.
Bajada la línea, llegó el turno del ministro Caputo. Consultado sobre el mismo asunto en una entrevista, repitió que se trata de "un tema entre privados" y añadió que –riesgo moral mediante– "tampoco hay mucho que nosotros podamos hacer ahí".
Tras admitir que les había advertido oportunamente a los bancos sobre las tasas desmedidas que aplicaban, señaló que a los tomadores de los préstamos "tal vez no les quedaba otra o tal vez pensaron que venían las elecciones, que el Presidente se iba y que la inflación los iba a licuar".
La víctima de una situación imposible resulta, así, retratada como un especulador carente de la virtud del cálculo.
Lo más curioso llegó el último jueves 13, cuando un periodista insistió sobre el punto en una conferencia de prensa del jefe del Palacio de Hacienda, haciendo referencia puntualmente a las tasas del 400 y hasta del 700% cobradas por billeteras virtuales.
"Lo del 700%, la verdad que no lo he visto, pero si están eso, obviamente que son tasas abusivas. Hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo, esa es la realidad. No creo, digamos, que puedan mantener un negocio cobrando tasas de ese tipo. Yo creo que las billeteras y esos sectores en general apuntan al crecimiento, ¿no?, a lo que se dice growth. Entonces, si apuntás a cobrar tasas de ese tipo, yo pensaría de este lado que estás en el negocio equivocado. Pero, como dije, es un tema entre privados".
La referencia es rica. El presunto desconocimiento de una realidad. La prescindencia de la autoridad ante ella. La inacción regulatoria ante lo que llega a aceptar como "abusivo". El foco en el problema que la situación puede suponer para las empresas y el silencio total sobre lo que afecta a los deudores. Y, sobre todo, la absoluta falta de alusión a las causas que generaron el drama, esto es la propia política económica.
Otra demostración de la indiferencia como política de Estado llegó de parte de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Consultada en una entrevista por el atraso de los salarios de los efectivos de las fuerzas de seguridad y por el impactante incremento de los suicidios en ese universo, pateó la pelota afuera.
El tema "por supuesto que me preocupa y me ocupa (…). Muchas veces nos dicen 'se incrementaron los suicidios en las fuerzas' y yo digo 'sí, por supuesto que sí'. En 2025 hubo un 30% más que en 2024. Pero les cuento algo: se incrementaron los suicidios en el país, ¿sí?, y las fuerzas federales no escapan a esa realidad. La tasa de suicidios de Argentina, que está en el informe que publicamos, es de 22,7 cada 100.000 habitantes", respondió.
Una vez más, hay mucha tela para cortar.
Si el tema "preocupa y ocupa" a la ministra, entonces hay que volver al problema de la calidad de la gestión.
Es cierto que la tendencia al alza del flagelo data de 2017, pero su empinamiento más reciente genera preguntas y el 30% de incremento de suicidios en las fuerzas, de por sí impactante, es incluso superior al promedio de 22,6% que se registró entre 2024 y el año pasado.
Además, la funcionaria no niega que un sustrato importante del fenómeno sea la política salarial que, por imperio del ajuste, se aplica en el área que ella controla y de la que depende nada menos que la represión, que es el último recurso del modelo de la extrema derecha.
Por último, la alusión a una tendencia que "no escapa a la realidad" del país podría ser aceptable en una simple analista, no en una alta funcionaria de gobierno.
El problema es desesperante:
Detrás de la indiferencia como política de Estado hay una doctrina: la paleolibertaria a la que adscribe Milei.
El Presidente dejó muchas veces en claro qué roles le asigna al Estado y cuáles excluye.
El 9 de julio de 2024, en ocasión de la firma del Pacto de Mayo, sentenció que "un Estado que le sirve a la sociedad y no a los políticos tiene que tener, además de un peso razonable, funciones claras (…): hacer cumplir la ley y el respeto de la propiedad privada; reprimir y castigar el delito en todas sus formas, asegurar la integridad del territorio nacional con Fuerzas Armadas respetadas y equipadas, y asegurar el acceso a la educación y a la salud de los argentinos". Punto.
En los términos más acotados de la política económica, al hablar el 5 de junio de 2024 en el 10° Latam Economic Forum, postuló: "Soy liberal libertario y creo en la libertad. Entonces, a veces es como que piden cosas que no están dentro del ADN, de lo que uno va a hacer (…). En nuestra concepción, un programa económico tiene tres elementos centrales. Qué es lo que puedo aportar yo desde la macro, que es el ajuste fiscal. O sea, una política fiscal, una política monetaria que básicamente consiste en sanear el balance del Banco Central, y una política cambiaria de sincerar el desastre que teníamos, en el sector externo. Después, eso de estar mirando, toqueteando los precios relativos y que hay que hacer un acuerdo de precios y salarios no está en mi concepción. Eso de andar eligiendo ganadores no está en mi concepción y no se les ocurra pedírmelo porque no lo van a tener. Soy liberal libertario".
El Presidente no confiesa cuánto de su libertarismo deja de lado y cuánto interviene para ampliar los beneficios de los sectores ganadores –efectivamente los hay– del Círculo Rojo. Con todo, hay que reconocer que se pone el traje del General AnCap cuando los afectados de su modelo le reclaman empatía. Renuncia, en definitiva, a una de las principales formas de la política.
En verdad, ninguno de los problemas mencionados son ajenos a las propias decisiones oficiales, por más que sean tratados como fenómenos naturales frente a los que nada puede hacer ninguna acción humana.
La creciente informalización del trabajo es producto de un ajuste enorme, como reconoció Daza.
El problema de la mora es hijo de esa situación y de la decisión oficial de pisar los ingresos populares como ancla –perversa– contra la inflación. Asimismo, de la decisión de llevar las tasas a las nubes en la previa de las legislativas del año pasado con el fin de frenar una corrida contra el peso que, también, el propio Gobierno había facilitado al atrasar la cotización de la divisa y rechazar todas las recomendaciones para acumular reservas en el Banco Central.
Tampoco es ajena a la política económica la epidemia de suicidios, desde ya.
Sin embargo, por ahora prima la indiferencia como política de Estado. Tal vez las necesidades de la reelección provoquen un giro, cuando menos discursivo. Las elecciones no sirven solamente para elegir autoridades.
