“No son razzias lo que se está haciendo, es tener un mayor control”, intentó aclarar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la pregunta de Letra P sobre la denuncia efectuada por la Comisión Provincial por la Memoria, que había cuestionado el accionar policial durante estos operativos, montados principalmente en el Gran Buenos Aires, y que se extendieron a otras provincias.
“Ha habido muchas denuncias de violencia en los colectivos. Entonces, lo que se hace es un control, que la gente lo ve muy bien”, remarcó Bullrich.
-Pero la CPM denuncia que son procesos ilegales y arbitrarios, donde se requisa a los usuarios y sus pertenencias…
-No tenemos ningún problema en que los organismos de Derechos Humanos acompañen estos operativos, por lo menos los que estamos haciendo nosotros a nivel federal; los invitamos a todos. La idea es que la gente viaje tranquila y que los colectiveros no tengan problemas, y por eso se hace todo esto.
-También hubo denuncias de civiles, diciendo que tienen miedo de esos procedimientos.
-No tienen que tener miedo. Tienen que estar tranquilos. Lo que se está haciendo es para que haya más seguridad. Tienen que confiar en que las cosas se están haciendo bien y el que quiera acompañar, inclusive la prensa, están todos bienvenidos.
La ministra realizó estas declaraciones en La Plata, durante la apertura de las jornadas sobre investigación criminal que se desarrollan en la sede de la Facultad de Derecho de la UNLP.
El asesinato de un chofer de la línea 514, sucedido el 14 junio pasado en la localidad de Claypole (Almirante Brown), volvió a poner en agenda el tema de la inseguridad.
Este caso desató la protesta de los choferes de las líneas del conurbano sur, que desde hace tiempo reclaman mayor seguridad en su trabajo.
A partir de este suceso, el Gobierno decidió avanzar con esta suerte de operativos de control, que ahora están siendo cuestionados.
“Se están haciendo con el acuerdo del sindicato de la UTA (Unión Tranviarios Automotor)”, agregó Bullrich al respecto.
La CPM da otra lectura sobre los operativos. En un comunicado oficial, indicó que “resulta evidente que frente a la creciente demanda social por mayor seguridad y bajo la excusa de querer dar la pelea contra el delito, la política criminal del Gobierno refuerza una orientación que ya ha probado su ineficacia: la mano dura”.
Y remarcan que “lo único que ha logrado la saturación territorial de efectivos, móviles cámaras, retenes y razzias es ampliar los márgenes de arbitrariedad para la acción policial en el territorio, lo que la consolida como una fuerza ingobernable que violenta los derechos de los ciudadanos. Mientras tanto, los delitos complejos, que son los que realmente deberían ser perseguidos, no se reducen, porque esta política, que una vez más vuelve a promoverse, sólo persigue a los eslabones más débiles de la cadena”.