Luego de la envestida contra los “jueces puerta giratoria”, la administración bonaerense vuelve a dirigir los dardos hacia el sistema judicial en materia de inseguridad. Durante un acto en el que anunció un aumento del patrullaje en puntos calientes del conurbano, la gobernadora María Eugenia Vidal manifestó que la “respuesta” tendiente a reducir los índices delictivos “no es solamente desde la Policía, desde el Servicio Penitenciario, también tiene que ser desde la Justicia”. En este sentido, hizo hincapié en “la cantidad de allanamientos que tenemos pedidos todavía sin respuesta”.
Sobre este punto ahondó posteriormente en rueda de prensa el ministro de Seguridad Cristian Ritondo, quien ejemplificó la demora judicial expuesta por la mandataria: “Yo me encontré dos casos. En Bahía Blanca, se tardó 16 meses en dar una orden de allanamiento por venta de droga y en otro lugar 22 meses”.
Por tal motivo, arremetió: “Acá hay un atraso sin dudas de la Justicia. Hice un recuento y tenemos 757 pedidos de allanamiento con casi 1300 objetivos que están en demora por parte del sistema judicial. Cuando una persona denuncia un lugar donde se vende droga y no se actúa rápidamente, la duda en general del vecino es con la Policía, con la cobertura política del intendente y la verdad que muchos de esos casos están pedidos (los allanamientos)”.
Pero no sólo en este aspecto el titular de la cartera de Seguridad dirigió la mira de las responsabilidades hacia el Poder Judicial. Consultado por Letra P sobre la persistencia de presos en comisarías y la preocupación de organismos como la ONU por las condiciones de alojamiento de estos detenidos, Ritondo resaltó: “Es cierto que en algunos lugares tenemos, pero también es cierto que en general los que quedan detenidos son por orden de la Justicia y no es una vocación nuestra. Nosotros quisiéramos que en las comisarías haya la menor cantidad de detenidos posible. También es cierto que muchos de esos delincuentes si están en la calle vuelven a robar y son perjudiciales para la sociedad”.
¿Entonces es un problema de la Justicia?
“Es un tema que tiene que ver que básicamente con que nosotros no obligamos… Tengamos en cuenta que tenemos en comisarías detenidos, tenemos traslados de detenidos en patrullero, hay policías que tienen que quedar de guardia, los fines de semana tienen visita y la verdad que para nosotros, cuanto antes se saque el detenido de la comisaría, es mucho mejor”.
Sobre este tema, el funcionario vidalista detalló que la Provincia está implementando “un plan que ya fue elevado a la Corte, donde ya hay 21 comisarías que se están terminando y se empezaron el año pasado, 38 más que se elevaron, y el plan son 320 comisarías de acá a que finalice la gestión”.
DELITOS QUE “BAJARON”. Por otro lado, el ministro de Seguridad ponderó el anuncio de refuerzo en el patrullaje en diversos puntos del conurbano, sobre el cual señaló que el objetivo es “trabajar en la disuasión, en la presencia, en lugares donde, por estadística y por el 911, vemos concentrado más delito”. En la misma línea, remarcó que se busca “seguir trabajando en los estándares de seguridad que están muy por debajo de lo que pretendemos para la provincia”.
Ante la consulta de este sobre las razones por las cuales se toma en este momento dicha medida, Ritondo sostuvo: “Se toma porque tuvimos la organización, la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas) hace un año que lo empezamos a preparar, hoy sale a la calle pero hace un año que se empezó a preparar. Todos ellos son egresados en la carrera policial, después de la carrera policial hicieron el turno en el Operativo Sol de calle con tutores, y después hicieron todo este tiempo de profesionalización de cada una de las actividades”.
Por otra parte, afirmó que en este año y medio de gestión “hay muchos delitos que bajaron”. Y ahondó: “Bajó todo lo que tiene que ver con piratería del asfalto, asaltos a bancos, cuatrerismo, robo automotor, podría decir varios delitos más que bajaron”.
