El año pasado, las acusaciones de funcionarios bonaerenses hacia la Justicia por la “puerta giratoria” en lo que refiere a la pronta liberación de detenidos por diversos delitos, provocó un grueso clima de tensión entre la administración vidalista y sectores del Poder Judicial. Esos resquemores volvieron a ponerse de manifiesto en las últimas horas aunque en lo referente a la discusión salarial. En este punto, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, expresó “su público rechazo a la decisión unilateral” de la Provincia “de efectuar un adelanto salarial, retroactivo al mes de marzo”.
En este sentido, subrayaron con dureza: “Pretender reemplazar con decisiones unilaterales el diálogo y la negociación que merecen los funcionarios y magistrados, y que son aludidos permanentemente por las autoridades políticas provinciales como marca de su estilo de vinculación con los ciudadanos, habla de su escasa vocación por mejorar el servicio de justicia”.
Asimismo, la entidad que nuclea a jueces y fiscales bonaerenses recordó que en lo que va del año no mantuvieron reuniones con los ministros de las áreas involucradas para discutir la política salarial. Y destacaron: “Nunca hemos sido recibidos por la Gobernadora en toda su gestión; y no se han cumplido los compromisos firmados el año pasado por este Colegio y los ministros de Justicia, Economía y Trabajo de la provincia de Buenos Aires”.
Por lo tanto, reclamaron el cumplimiento de la cláusula que estipula “la constitución de la Mesa Técnica de Política Salarial y la incorporación de un porcentaje de incremento de los salarios de los funcionarios y magistrados tendiente a alcanzar la equiparación salarial con la media de las cuatro jurisdicciones mejor remuneradas (Justicia Nacional; Justicia de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y CABA)”.
También, exigieron el pago del 1% de recomposición que se adeuda desde 2016 y la aprobación del adelanto del 10% del salario, retroactivo al mes de enero, con sostenimiento de la “cláusula gatillo”, a fin de “asegurar la garantía constitucional de la intangibilidad de la remuneración de los magistrados”.
“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires hace un llamado público a las autoridades políticas a poner fin a la postergación salarial e infraestructural en la que se encuentra la justicia local, que ocupa los últimos lugares en la escala que la compara con sus pares del resto del país”, puntualizaron.
