“Luego de denunciar el amedrentamiento de la Policía de la Ciudad, me llamaron desde el Ministerio de Educación porteño para que presente mis papeles ante la Anses y acelere mi jubilación. Pero sobre las intimidaciones no me llamó ningún funcionario para preguntarme nada”, dijo a Letra P la docente Raquel Papalardo, directora de la Escuela Normal Mariano Acosta, que el jueves pasado denunció dos intentos de la Policía porteña, que era comandada por el ahora suspendido José Pedro Potocar, para que sus alumnos no realizaran una clase pública dentro del establecimiento al mediodía. Papalardo es geógrafa, tiene 39 años de carrera docente en la escuela y tenía previsto presentar sus papeles cuando cumpliera las cuatro décadas dentro establecimiento, un aniversario que sucederá recién en Julio.
El pedido administrativo de la cartera educativa que conduce Soledad Acuña fue formulado el viernes, pero reiterado este lunes, poco antes de que llegara al colegio un grupo de funcionarios del Ministerio Público Fiscal para tomarle declaración testimonial a la directora y a padres de los alumnos sobre la irrupción policial. Según explicó Papalardo, llegaron funcionarios del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, a cargo de fiscal Julián Axat, y de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO), donde interviene el fiscal Félix Crous. Ante las consultas de Letra P, en la Procuración no quisieron aportar información sobre la visita de los funcionarios judiciales, pero la llegada de los fiscales podría implicar el inicio de una investigación preliminar para sumarse a la denuncia penal que el viernes presentó el defensor de menores y adolescentes del Poder Judicial porteño, Gustavo Moreno, ante el fuero criminal.
Voceros de la ministra Acuña negaron que los llamados administrativos tuvieran relación alguna con los incidentes del jueves. “Hace meses que empezó el trámite. Esto no tiene nada que ver con la denuncia; sería bueno que (Papalardo) le quitara un poco de política a su denuncia”, chicaneó la fuente.
La denuncia que presentó el asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso y Administrativo porteño será investigada por Carlos Velarde, a cargo de la fiscalía criminal de instrucción N°43. Será el encargado de investigar la denuncia penal que presentó Moreno para que indague a la Policía de la Ciudad por amedrentar e “infundir miedo” a los estudiantes y docentes que participaron de una clase pública realizada el mediodía del jueves pasado en el Mariano Acosta. El funcionario pidió la intervención de la justicia correccional y criminal nacional. El caso tiene el expediente 24.050, caratulado “Personal Policial sobre averiguación de delito”, que recayó en el juzgado Criminal de Instrucción N° 21, subrogado por la magistrada Alicia Mercedes Iermini. Sin embargo, de acuerdo al artículo 196 bis del Código Procesal Penal, la investigación quedará en manos del fiscal y no del juez.
EL INCIDENTE. Los funcionarios del MPF tomaron testimonio sobre la base de la denuncia presentada el viernes. Según reflejó Letra P, la base del pedido de investigación a los efectivos de la Comisaría Séptima están basados en testimonios de docentes, padres y alumnos. Entre ellos, Papalardo fue la primera en advertir la presencia policial en la puerta. Cuando llegó a trabajar este jueves encontró a cuatro policías en motocicleta. Les preguntó si pasaba algo y uno de los uniformados le contestó: "Sí, usted tiene pedido de secuestro", dijo el efectivo en tono de broma. Luego, le informó que estaban en la puerta del colegio bajo órdenes de "Operaciones". "Nos enviaron porque acá se va a hacer una marcha", le explicaron los agentes y la mujer les contestó que los estudiantes iban a realizar la clase pública dentro de la escuela, es decir, "de la reja hacia dentro". La presencia del cuarteto de uniformados no impidió la realización de la clase, pero le reclamaron a la directora que cerrara la puerta principal de ingreso. Papalardo se negó a hacerlo, porque ponía en riesgo el principal acceso para un colegio híper poblado. Como respuesta, luego de la asamblea, otro efectivo entró armado "porque había una marcha". Así se los dijo a la docente y a los miembros del centro de estudiantes que fueron a cuestionar la presencia del efectivo con su pistola reglamentaria dentro del establecimiento.
“La denuncia es un disparate, porque los efectivos fueron como hacen en todos los casos y entraron con el arma reglamentaria porque siempre la llevan puesta”, justificaron fuentes del Gobierno porteño para minimizar el caso.
