Hace más de cien días que la administración conducida por María Eugenia Vidal no tiene ministro de Producción. Ni el comienzo de año signado por una combinación explosiva de despidos, suspensiones y cierres de fábricas, con epicentro en territorio bonaerense, movilizó al gobierno provincial, que aún debate –a paso cansino- quién debe ocupar ese lugar clave en momentos de crisis económica.
El ministerio quedó vacante en noviembre de 2016, cuando Joaquín De la Torre pasó de esa cartera a conducir el Ministerio de Gobierno. Mientras tanto, desde la industria muestran cifras demoledoras: 30% de caída de la actividad en el último año y 300 mil despidos en sector productivos.
Esos números no alcanzan para conmover al gobierno provincial, hoy enfrascado en una lucha con los gremios docentes para que empiecen las clases. Pero las cifras no esperan y desde distintos sectores productivos cuestionan en voz alta la falta de interés en designar a un funcionario en el área en la que se deben dictar políticas públicas para ayudar a la industria y ejecutar planes de apoyo y contingencia ante una coyuntura tan adversa.
Así, el vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPOBA), Daniel Rosato, le dijo a Letra P que “hay empresas que hace tres meses están paralizadas. Hay suspensiones, despidos, recortes de horas extras y fábricas que cierran. En el último año se perdieron en el sector fabril 300 mil empleos y la actividad industrial cayó más del 30 por ciento”.
Si a esto se le agrega una caída del PBI en 2016 superior al 3% y una inflación del 40 por ciento, la urgencia por asistir al sector productivo parece más que una obviedad.
La industria textil, muy atada a los vaivenes de la apertura de importaciones, es una de las más perjudicadas por el modelo PRO. Su producción cayó 25% respecto al año pasado, según reveló el secretario general del gremio, Hugo Benítez, quien agregó que “la actividad industrial sufrió más de 3.600 suspensiones y cerca de 1.500 despidos por el cierre de casi una decena de establecimientos fabriles, como consecuencia de la falta de la acumulación de stocks y apertura de las importaciones”. Además, existen miles de casos de trabajadores que fueron obligados a reducir su jornada, tomar vacaciones anticipadas o que, directamente, fueron suspendidos sin fecha de regreso.
La industria textil tiene su epicentro, como tantas, en territorio bonaerense.
Un informe de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (FECIBA) basado en estadísticas oficiales da cuenta de que la crisis del empleo se profundiza en la provincia de Buenos Aires. Números del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) e INDEC y sus cámaras asociadas exponen la problemática que atraviesan las pequeñas y medianas empresas: en lo que va de este 2017, cerraron o frenaron sus actividades unas 6.800 pymes de diferentes rubros y ya se perdió un total de 151.433 empleos.
El relevamiento detalló que los principales motivos que identifican los empresarios dentro del comercio son “baja en las ventas, incremento de las tarifas y alquileres y, entre los industriales, también caída en las ventas y fuertes aumentos de las importaciones y tarifas, a lo que se le suma la inflación en los costos de materias primas que no se puede trasladar, tasas de interés y aumentos de combustible”. También agregaron que otros factores son, en menor medida, "la conflictividad laboral, el atraso cambiario y la presión impositiva, remarcando las cargas sociales”.
¿Y EL MINISTRO ADÓNDE ESTÁ? Para Rosato, es urgente la designación de un ministro que “gestione y conozca al sector productivo. No todo es plata: hay que armar un proyecto para el sector y contemplar las distintas realidades, como la del interior bonaerense”.
El empresario de Berazategui explica que resulta urgente “resolver problemas con un estado presente. No se requiere plata, pero no puede ser que hoy una pyme gane el 10% y los intermediarios se queden con el 50 por ciento. Así no hay actividad que pueda ser competitiva”.
Muchos intendentes levantaron la voz en reclamo de un ministro. Y hasta los empleados públicos del área se manifestaron contra la acefalía. “Cien días sin ministro significa que no hay firma, que no se firman contratos, que no tenemos viáticos, estamos a la deriva total. Ante un gobierno que se jacta de eficiencia en la gestión, creemos que mínimamente debe haber una respuesta”, disparó el delegado de ATE Héctor Penuto.
En agosto del año pasado, De La Torre asumió en el Ministerio de Producción tras haber cumplido menos de un año de gestión como intendente reelecto de la municipalidad de San Miguel. Tras una licencia indeterminada, en noviembre de 2016 asumió como ministro de Gobierno.
LOS CASOS MÁS VISIBLES. La Compañía Americana de Alimentos, productora de la marca Nevares, cerró su planta ubicada en la localidad bonaerense de Carlos Keen, partido de Luján, y despidió a 67 trabajadores. Los empleados confirmaron a la prensa local que la firma dijo que la planta no abrirá sus puertas -al menos por ahora-, mientras señalaron que la firma pagó las indemnizaciones. La planta, de 8.000 metros cuadrados, se dedicaba a producir rellenos para alfajores y galletitas, panificados y golosinas en gran escala. El conflicto había comenzado a fines de noviembre y, tras el reclamo de los 67 empleados, se había llegado a un acuerdo en la delegación local del Ministerio de Trabajo. En ese entendimiento, la empresa se comprometió a abonar el aguinaldo y las vacaciones a todos los trabajadores y a volver a contratarlos a fines de enero de 2017 para retomar la producción. No cumplió.
Canale: en la planta de este grupo alimenticio ubicada en Llavallol (Lomas), hubo atraso en el cumplimiento de los pagos de los sueldos correspondientes a los últimos tres meses, aguinaldo y cargas sociales. La empresa habría intentado vaciar la planta.
Banghó: la empresa de electrónica que ensambla computadoras despidió a 400 trabajadores de su planta de Vicente López. La decisión del gobierno de Mauricio Macri de bajar el arancel a la importación de computadoras y tablets de 35% a 0% perjudicó a este sector industrial y la empresa –que tuvo contratos millonarios durante el kirchnerismo de la mano del plan Conectar Igualdad- dio vacaciones obligadas al personal, frenó la producción y despidió a operarios de su planta en Florida, partido de Vicente López.
Alpargatas: 550 despidos tras el cierre de las plantas de Villa Mercedes (San Luis) y Florencio Varela (provincia de Buenos Aires). La apertura de importaciones se repite como argumento para decretar el cierre. La empresa se dedica a la fabricación de calzado y productos textiles. La sede de Villa Mercedes llevaba 34 años trabajando; la de Varela, más de 50.
Atanor: el cierre de esa fábrica en Baradero dejó en la calle a sesenta trabajadores. También en esa zona hubo despidos en la ex Paty BRF y la planta de Ingredion despidió a 200 trabajadores en Baradero y Chacabuco.