Inseguridad y medios: el Estado como causa, el Gobierno como solución

En la era Macri, la problemática sigue siendo relevante, aunque se modificaron roles y responsabilidades. El discurso punitivista ejercido desde el Ejecutivo como parte de una ilusoria solución.

El tratamiento mediático del delito y la inseguridad constituye un tema de permanente análisis, discusión y vigencia. Existen sobradas evidencias de que, en contextos de creciente violencia social, la escenificación constante de una amenaza aleatoria contra la propiedad y las personas promueve soluciones punitivistas, producto del pánico que genera en los ciudadanos la certeza de saberse expuestos a un riesgo imposible de calcular y difícil de contrarrestar. Asimismo, la discursividad mediática alimenta -y se ve alimentada- por otra lógica, la de la política, la cual encuentra en la problemática securitaria una oportunidad permanente de capitalizar el temor: la construcción de un discurso sobre la “inseguridad” otorga a los candidatos y gobernantes un pretexto para evitar ciertos temas o bien para alinear los cañones contra un enemigo -interno o externo- que se convierta en chivo expiatorio de todos los males.

 

Ahora bien, ¿cuál es la novedad en la relación entre medios, política e “inseguridad” en el contexto del macrismo? Una primera constatación demuestra que las noticias relacionadas con “inseguridad” mantienen altos niveles de visibilidad. La cantidad de información sobre la temática, aunque pueda pasar desapercibida debido a su naturalización, acapara casi la mitad de los contenidos de los noticieros y genera un promedio de entre ocho y nueve notas diarias en los principales diarios del país.

 

La agenda de “seguridad” de los medios nacionales más importantes es altamente homogénea, con algunas excepciones que siempre confirman la regla. La presentación de casos aislados despojados de una contextualización más amplia, la estereotipación del “delincuente” en figuras masculinas, jóvenes y de clases populares -muchas veces extranjeros- y la salida de “mano dura” como única propuesta son congruentes con la visión gubernamental. La construcción de estereotipos promueve y cristaliza una mirada segregacionista sobre el “peligroso” que tiende a aislarlo socialmente, insistiendo en sus atributos de modo que se tornen reconocibles y demarcando sus trayectorias en tiempo y espacio para que todo el mundo esté alerta. De este modo, evitar ciertos lugares a determinadas horas se presenta como algo lógico para la vida cotidiana, ya que mantenerse a salvo dependerá, ante todo, de las acciones que, según sus recursos, ejerzan los individuos.

 

Algunas de las políticas del gobierno de Mauricio Macri en materia de seguridad han contribuido a robustecer la presencia del tema en agenda, como el envío de fuerzas federales a algunas provincias, las declaraciones del Poder Ejecutivo sobre la necesidad de una baja en la edad de imputabilidad de los menores a 14 años y la publicación del decreto 70/17 que incrementa los controles de ingresos de extranjeros al país por vía aérea, endurece la vigilancia en los pasos fronterizos y permite la expulsión express de aquellos que hayan sido o sean condenados por delitos en el país o en el exterior.

 

Una de las diferencias más notables respecto de los últimos años en la construcción mediática de la “inseguridad” es que el Gobierno dejó de ser parte del problema. Lejos de las miradas que atribuían a la perspectiva “garantista” de la gestión anterior ser la madre de todos los males, hoy las acciones del Ejecutivo son puestas en escena como un deliberado combate contra un mal que resulta, de todos modos, difícil de enfrentar.

 

A la hora de explicar las causas del flagelo, es el Estado el que, a través de sus instituciones, es puesto en la picota. El lento accionar de la justicia y la connivencia policial con el delito son los lugares comunes para escenificar el porqué. El Gobierno, en cambio, es presentado voluntarioso, aunque indefenso ante la ferocidad del mal y la pesada herencia de un Estado ineficaz para brindar soluciones. 

 

Si se analiza más en detalle, a pesar de que casi tres de cada diez notas periodísticas ubican en el lugar del victimario a miembros de las fuerzas policiales o federales, ya sea como autores directos de delitos o como cómplices de bandas, redes de trata o narcotraficantes, la saturación policial propuesta por el Ejecutivo como única acción paliativa no genera contradicciones. Si la justicia o la policía fallan es por culpa de sus estructuras y, aunque se esté en los lugares más altos de decisión, poco se puede hacer.

 

La persecución de los extranjeros y la identificación de ciertos sectores sociales como peligrosos no es, ciertamente, una novedad. Los más siniestros regímenes totalitarios se han sostenido a partir de esas premisas. El dato a tener en cuenta es que gobiernos democráticos se proyecten a partir de visiones y promesas segregadoras y punitivistas ya bien entrado el siglo XXI.

 

Frente a un presente objetivamente violento y a diferencia de lo que sucedió en otros momentos históricos, hoy es el Gobierno democrático el que se presenta a la cabeza de la proclama de mano dura. El estado policíaco y la identificación del extranjero como peligroso ya no surge de un sector político, social o mediático con dudosos intereses. Es el propio Presidente quien da el grito. Y, quizás, justamente por eso, es mediatizado como parte de una verosímil e ilusoria solución.

 

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