La Corte Suprema bonaerense giró al Ejecutivo provincial tanto su presupuesto 2018 como el del Ministerio Público que, entre ambos, suman cerca de $32 mil millones, cifra mucho más ambiciosa que la prevista por la administración vidalista en la ley de leyes enviada a la Legislatura, donde estimó para el Poder Judicial $29.414 millones. En la Resolución 2158/17, el Máximo Tribunal acompañó los números previstos con una batería de reclamos puestos de manifiesto al gobierno de María Eugenia Vidal.
Entre los principales planteos, se advierte “una tendencia que ha mellado la remuneración de jueces, funcionarios y empleados judiciales” del ámbito provincial y se marcó que, comparado a la Justicia Federal, los ingresos “son muy inferiores”, con una brecha que “supera el 40%”.
Bajo este escenario, y al advertirse también un déficit en materia de infraestructura, la Corte reflotó el pedido por la presentación y aprobación de un proyecto de Ley “que contemple la autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera de este Poder”, la recordada “autarquía judicial” que supo ser anunciada con bombos y platillos por la gestión de Daniel Scioli en 2014 pero que, finalmente, quedó trabada en la Legislatura hasta perder el 18 de marzo del año pasado su estado parlamentario.
LA BRECHA SALARIAL. Al recordar que ya en 2017 se puso de manifiesto la “creciente preocupación por una situación salarial que afecta la garantía de la intangibilidad de la remuneración de los magistrados y la justa retribución de funcionarios y agentes”, el Máximo Tribunal bonaerense remarcó que “no ignora las dificultades que afrontan las finanzas de la Provincia” y que “tiene presente el ilegítimo trato que experimenta en cuanto a la coparticipación de impuestos y a la distribución del denominado Fondo del Conurbano”.
Más allá de esto, se advirtió “una tendencia que ha mellado la remuneración de jueces, funcionarios y empleados judiciales”, al graficarse que “los ingresos de quienes laboran en el Poder Judicial de la Provincia, comparados con los que perciben los miembros de la justicia nacional y federal, son muy inferiores, configurándose una brecha entre ambos que en promedio supera el 40%”.
AUTONOMÍA. Ante eso, la Corte calificó de “impostergable” la incorporación de “reformas normativas que superen el cuadro de anomalía institucional existente y al mismo tiempo se encaminen hacia una progresiva recomposición salarial para el Poder Judicial en su conjunto”, para lo cual instaron por “la inclusión en la ley de presupuesto de una norma que, sin mengua del arbitrio que es dable conferir al Poder Ejecutivo para introducir ampliaciones presupuestarias, garantice al Poder Judicial la autónoma iniciativa en orden a la propuesta de recomposición salarial, como reaseguro mínimo de su independencia y del principio de división de poderes”.
Así dadas las cosas, el Máximo Tribunal sostuvo que “se impone recordar que el proyecto de ley de autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera del Poder Judicial”, ponderando “la importancia de tan esencial instrumento y a su trascendencia institucional”. Por esto, se solicitó al Ejecutivo y a la Legislatura que “se provea lo conducente para volver a impulsar el citado proyecto de ley”.
Asimismo, la Corte reiteró “la necesidad de crear los órganos jurisdiccionales pendientes” y requeridos en resoluciones de 2013, tales como Juzgados de Familia, de Garantías, en lo Correccional y tribunales en los Criminal en varios departamentos judiciales.
