Las negociaciones por la reforma laboral que el Ejecutivo deberá enviar al Congreso mostrarán avances este lunes con una reunión entre representantes de la CGT y del Ministerio de Trabajo, que dirige Jorge Triaca. A una semana de que comenzara a circular un borrador que, en una primera lectura, disgustó a la central obrera, el Gobierno estaría dispuesto a modificar algunos de los puntos polémicos, aunque no cedería en otros.
Según reveló el diario Ámbito Financiero, Triaca aceptaría dar marcha atrás con el profundo cambio que introduce el proyecto en el concepto de “trabajo”, a partir de un párrafo del anteproyecto que indica que “la cooperación entre las partes para promover la actividad productiva y creadora constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos”.
Para la CGT y otras entidades involucradas, como la Asociación de Abogados Laboralistas, esta reforma barre con el principio básico del derecho laboral como regulador de una relación asimétrica entre empleador y empleado, donde el primero tiene una carga mayor responsabilidades y el segundo, más derechos y garantías en condición de debilidad.
El Gobierno también estaría proclive a revisar el plazo de prescripción para las acciones judiciales contra los empresarios. Hasta ahora, ese plazo es de dos años, y en el anteproyecto se acorta a un año. Además, se sometería a discusión el formato de la rebaja de las contribuciones patronales.
Sin embargo, hay otros puntos que no serían negociables, como el nuevo cálculo en las indemnizaciones -sólo se tomaría en cuenta el salario regular y no ítems como aguinaldo y horas extra-. Tampoco accedería el Gobierno a no revocar la noción de “irrenunciabilidad”, que establece que ningún trabajador puede aceptar condiciones peores en su contrato individual.