05|10|2021

Lejos de las polémicas y los debates por su regulación y funcionamiento, el cine en Argentina cierra otro año positivo. A pesar de la caída en asistencia a salas, el primer año de Cambiemos en el Gobierno mostró una continuidad que no sorprende en el único sector de las industrias culturales que cuenta con política a largo plazo. Más allá de los cambios de nombres y gestión, el mercado funciona con sus rasgos permanentes. Y todos parecen satisfechos.

 

Los sectores que componen el espacio audiovisual ampliado de las industrias culturales argentinas atraviesan procesos de transformación significativos. La tecnología cambia lógicas de producción, distribución y consumos. Se ponen en duda modelos de negocios tradicionales. Pero demora la consolidación de nuevas formas sustentables. La discusión política por “el rol de los medios” y su regulación aparecen en el centro del debate, mientras que la era de la comunicación móvil multiplica pantallas y ventanas por las que acceder -que casi siempre implica “consumir”- a sus contenidos.

 

La televisión abierta y de pago, por cable o satélite es afectada por esos cambios de lógicas. Y foco del debate por la regulación. Las diferentes modalidades –gratuitas y no- de distribución y exhibición de audiovisual en la web se consolidan, generan mutaciones en los modos tradicionales y todavía quedan fuera de la ley y de la cuestión impositiva. Mientras tanto, el cine se mantiene en su lugar. En el sentido más amplio de la afirmación. Todavía, millones de personas se movilizan hacia las salas –cada vez más concentradas geográfica y económicamente- para ver películas de estreno, tanques u obras de autor. Aún es posible pensar en una larga cola para la performance económica de los films, con múltiples ventanas.  Y, como aspecto más significativo para esta nota, la legitimidad de la política de fomento a la producción y exhibición de películas nacionales es un rasgo sin fisuras.

 

Cambiemos no discutió ni puso en duda la continuidad de lo que el Estado nacional condiciona para el cine argentino. Ni siquiera en el marco del desguace a la regulación de medios heredada. A pesar de las críticas al fomento a la producción de contenidos audiovisuales (que en muchos programas y proyectos incluían al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales –INCAA-) de las autoridades que asumieran hace un año. Por ahora parece que “el cine no se toca”.

 

Si bien no fue la excepción sino otro sector alcanzado por la regla de la designación de ex CEOs o gerentes de grandes empresas al frente de los organismos públicos, quedó al margen de los cambios aplicados al sistema de medios masivos.

 

Con la llegada del nuevo gobierno, Alejandro Cacetta fue designado presidente del INCAA. El ex CEO de Patagonik Film reemplazó a Lucrecia Cardoso, última presidenta del Instituto en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La llegada de Cacetta ubicó en la presidencia del organismo a un miembro de la industria, tras varias gestiones de carácter más político (Cardoso fue antecedida por Jorge Coscia, Jorge Álvarez y Liliana Mazure). Patagonik es una empresa dedicada a la producción, el lanzamiento y la comercialización de largometrajes cinematográficos en Latinoamérica. Está integrada por Buena Vista Internacional, Artear Argentina y Cinecolor Argentina. Es decir, una empresa con participación del Grupo Clarín.

 

POLÍTICA DE ESTADO. El sector cinematográfico posee una peculiaridad en Argentina: cuenta con una política pública de largo plazo que establece mecanismos de estímulo y protección a la producción local. Esto ha sido sostenido más allá de cambios de gobierno y de la gestión estatal. Su legitimidad es amplia y su permanencia parece indiscutible a pesar de lo desparejo de sus resultados, del paso del tiempo y de la necesidad de repensar algunas de sus líneas. Optimizar el uso de sus recursos y ampliar las condiciones de acceso de los ciudadanos a este tipo de contenidos sería fundamental por su rol en la construcción de identidades culturales nacionales.

 

Es una actividad subsidiada y funciona con un sistema de créditos y subvenciones que resultan indispensables para llevar a cabo las producciones. La reforma en 1994 a la Ley 24.377 de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional habilitó una política todavía vigente.

 

Ese tipo de ayuda es necesaria porque las inversiones casi nunca se recuperan mediante la venta de entradas y otros ingresos. Además, como en el resto del mundo, los grandes estudios de EE.UU. arrasan en la taquilla con sus tanques, motivo por el cual las distribuidoras y las exhibidoras generan mayores ganancias con las películas extranjeras y no invierten en la producción local.

 

El apoyo que ostenta esta política está basado en la combinación de una serie de factores: la existencia de un campo productivo muy extendido, con mucha fuerza laboral involucrada; el beneficio que obtienen las productoras nacionales por el fomento; las distribuidoras y exhibidoras, fuertemente concentradas y de capitales extranjeros, que no ven afectado su negocio más allá de las obligaciones de exhibir films nacionales y mantener cuotas de pantalla local.

 

Durante la gestión kirchnerista, se aplicaron algunos cambios significativos, como el desarrollo de líneas de fomento al cine documental político. Pero la más relevante fue decisión de obligar a las distribuidoras extranjeras a negociar con películas locales. Esta decisión del entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, aplicada desde mediados de 2012, tuvo efectos positivos (mejoró las condiciones de estrenos de las películas argentinas) y negativos (la desaparición de distribuidoras de capital nacional y el fortalecimiento del dominio extranjero), como trabajó con claridad Esteban Sahores.

 

LOS NÚMEROS DE 2016. La continuidad en la política de cine en la gestión de Cambiemos se sustenta también en los números del año. A pesar de la crisis económica -que se manifiesta, entre otros aspectos, en la retracción del consumo en varios sectores- el sector cinematográfico no tuvo un año tan negativo como otras ramas e industrias. Hasta la última semana de diciembre se vendieron 48.648.725 entradas en el país, una cifra bastante inferior a los 50.303.671 del año 2015. La caída es de algo menos de 1,5 millón de tickets, un 2,8% en la comparación interanual.

 

Sin embargo, las películas de origen nacional tuvieron uno de los mejores años de su historia. Como muestra Mariano Oliveros en Ultracine, las 190 películas argentinas (con las coproducciones) sumaron una taquilla conjunta de 6.777.458 entradas y consiguieron el 14% del total de los asistentes a las salas. En la línea del éxito se agrega que diez títulos superaron los 200 mil espectadores. Claro que, en relación a la concentración del mercado distribuidor, se constata que ocho de las diez nacionales más vistas fueron distribuidas por Disney (incluyendo las cuatro primeras). Las otras dos corresponden a Fox y Warner. Las tres empresas son de capitales estadounidenses.

 

A su vez, según la misma Ultracine, “2016 será un año que Disney nunca olvidará: ha tenido su mayor facturación anual en toda la historia del estudio con 6,5 billones de dólares de recaudación mundial. Argentina no ha permanecido ajena a la tendencia con el mejor año de la distribuidora en nuestro país”.

 

En definitiva, la continuidad en el cine de Argentina no es un aspecto que se reduzca a la política y la regulación. Los nuevos nombres no implicaron nuevos destinos para la gestión. Lo positivo del sector (altos niveles de producción, interesante performance de asistencia) se mantuvo tanto como lo negativo (la concentración y el rol de capital extranjero). Parece entonces que en este campo Cambiamos poco y nada.

 

@santiagomarino