En el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se trabaja por estas horas en una reforma de la estructura de la Subsecretaria de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones.
En el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se trabaja por estas horas en una reforma de la estructura de la Subsecretaria de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones.
Se trata del área que aborda la problemática de las adicciones y que, hasta la fecha, era comandada por la ex senadora bonaerense Patricia Segovia.
La ex legisladora había ocupado esa cartera en la pasada gestión bonaerense de Felipe Solá (2005-2007) y fue luego secretaria de Salud de Almirante Brown, durante la intendencia de su jefe político, Darío Giustozzi.
Segovia llegó a la gestión de Vidal de la mano de la ministra de Salud, Zulma Ortíz, a quien conoció en el Senado, durante su estadía (2011-2015), cuando ambas coincidieron en trabajos sobre niñez y familia. Su experiencia en el área colaboró para quedar en ese cargo.
Sin embargo, las reformas que se comenzaron a gestar en la cartera de Salud, que parecen direccionadas a restringir esa estructura, no fueron bien vistas por Segovia.
La subsecretaria presentó entonces su renuncia, aunque aún no fue formalmente aceptada. En reserva, cuentan a este portal que esperan concretar los cambios para avanzar en el relevo de nombres.
REFORMA. Según pudo saber Letra P, la intención del gobierno es atomizar en una Dirección o mudar a otro ministerio el área de adicciones, que para la ministra de Salud resulta por demás compleja.
Sucede que la funcionaria debió afrontar, durante todo el año pasado, los diferentes conflictos políticos y gremiales y los constantes reclamos por falta de insumos en los hospitales.
La tarea fue desgastante, al punto de que desató varias internas en el gabinete de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Pese a esto, Ortiz superó airosa 2016 y cuentan que ahora, con más experiencia, planea focalizar su gestión en la organización de los 80 hospitales públicos asentados en la Provincia.
En esta lógica, el desprendimiento de Adicciones es casi fundamental.
En diciembre pasado, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a pedido de la Pastoral Social de la Iglesia, comandada por el padre Pepe Di Paola, decretó la emergencia nacional en materia de adicciones.
Según argumentó el mandatario en ese momento, la idea era establecer como ejes de trabajo “la prevención y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática”.
La decisión se extendió a todas las provincias, muchas de las cuales firmaron el “Compromiso Social Contra las Adicciones” propuesto por el jefe de Estado.
Vidal, en representación de Buenos Aires, y sus pares de Chaco, Domingo Peppo; Santa Fe, Miguel Lifschitz; Chubut, Mario Das Neves; Entre Ríos, Gustavo Bordet, y La Rioja, Sergio Casas, fueron los que se acercaron a la quinta de Olivos a ratificar su acuerdo con la emergencia.
Esta decisión del orden nacional toca de forma inevitable a la provincia de Buenos Aires y obliga a reordenar el esquema de un área que durante 2016 no tuvo mayores progresos y casi funcionó en piloto automático.
La situación en la Provincia es por demás preocupante y existe un problema mayor en la franja etaria de jóvenes de 14 a 24 años.
Según la información oficial, suministrada por el área de Adicciones, ese sector juvenil representa más del 50 por ciento de los pacientes que son atendidos por el Estado bonaerense a través de los Centros Provinciales de Atención (CPA).
En la mayoría de estos casos, se trata de jóvenes atravesados por situaciones de violencia familiar y prácticas de consumo, especialmente alcohol, en sus hogares.
Y la mayoría llega a los CPA obligada por la justicia, ante una situación delictiva.