Desde fines del año pasado lo vienen mencionando en reuniones con cadenas de supermercados. Y la idea empezó a intensificarse en los primeros días del 2017. El Ministerio de la Producción y la Secretaría de Comercio empezaron a delinear las condiciones de una ley que ya genera revuelo entre los comercios: la normativa en cuestión, que fue adelantada a Letra P por un alto gerente de un hipermercado nacional, prevé que los comercios otorguen descuentos a los consumidores por pago en efectivo. Hoy, legalmente, no está permitido blanquearle al cliente que el pago con tarjeta de crédito o débito puede tener un valor más alto que el desembolso cash. Por esta razón, se publicará un decreto modificatorio.
El título de la ley está aún en discusión, pero el Gobierno la denomina “Ley de Discriminación de precios por compra en efectivo”. El objetivo -según cuenta los que a diario participan de reuniones con las carteras que conduce Miguel Braun y Francisco Cabrera- es alinear los precios en un año electoral, teniendo en cuenta que la inflación núcleo, sobre todo centrada en alimentos y bebidas, tiene retrocesos magros en el índice general de precios del Indec. Además, y teniendo en cuenta que el Gobierno prevé aplicar subas en naftas, transportes y lo ya otorgado a prepagas, es clave controlar el desempeño de los precios de la canasta básica para llegar a la meta inflacionaria del 2017.
La iniciativa es un paso más en una disputa por ahora silenciosa que mantienen los comercios con el Ejecutivo, sobre todo después dela medida de no reintegrar el 5% del IVA al consumo con tarjeta de débito. La decisión, la primera del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, disparó la furia de los CEOS de los supermercados, que con el consumo derrumbado esperaban más respaldo del Gobierno al gasto en un segmento que maneja importantes niveles de economía formal. La normativa que hoy adelanta Letra P es para los empresarios un arma de doble filo: si bien ahorrándose los costos financieros de las tarjetas de crédito los precios podrían acomodarse; no menos cierto es que el fomento del pago en efectivo es una carrera sin fin a la des-bancarización. Ergo, una migración natural del gasto hacia segmentos de la economía informal, sobre todo supermercados de origen oriental.
A decir verdad, no es el primer intento de priorizar el consumo en efectivo. Hace unos meses se habló con las grandes cadenas de electrodomésticos y los supermercados que venden estos productos un esquema para acordar el regreso de las 24 cuotas para pagar aparatos con ahorro energético, como aires acondicionados y heladeras. El plan pensado era mixto, con una parte importante en efectivo. El sector electro es uno de los que mayores números negativos han mostrado en los últimos meses. Estas situación redundó en que la industria se quedara con mucho stock acumulado, que si no sale al mercado se lo devora el recambio tecnológico.
La disputa con los supermercados empezó cuando todavía Alfonso Prat Gay era ministro de Hacienda y Finanzas. El ex JP Morgan no podía explicarse cómo los supermercados ofrecían promociones dos por uno y pago de la segunda unidad al 50%. Lo dijo incluso en una ronda de empresarios: “Esto es una estafa”. Luego vinieron los mercados barriales impulsados por Comercio y Agro Industria, que le quitaron mercado a las grandes superficies comercial. Y hasta el propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se animó a recriminarles a los rubros del consumo su escaso nivel de aporte a la inversión.
Esta escalada subterránea llevó el conflicto a un nuevo estadío: los comercios agrupados en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), armaron un informe mostrando los niveles de inversión, empleo en blanco y aportes impositivos a los Gobiernos nacional, provincial y municipales. Para marcar la cancha. Hoy, esta ley aparece como un nuevo escollo en la relación. Además de un problema operacional para los cajeros automáticos que ya hoy están desbordados en el otorgamiento de dinero en papel.
